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La despenalización
de la marihuana: de la debilidad del Estado a la Fuerza de la sociedad civil |
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Francisco Fernández de Miguel
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En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación falló a favor del proyecto del magistrado Arturo Saldívar para otorgar un permiso para la portación, producción sin fines de lucro y consumo legal de la marihuana a Armando Santacruz, Francisco Torres Landa, Josefina Ricaño y José Pablo Giraul Ruiz, todos ellos miembros de México Unido Contra la Delincuencia y creadores de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. La negación al permiso previamente solicitado a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios abrió las puertas para que el abogado Andrés Aguinaco solicitara el amparo cuidadosamente planeado, cuyo fallo dio un giro inesperado a la política antidrogas y se convirtió en un parte aguas histórico al demostrar la fuerza de la sociedad civil en la toma de decisiones racionales y fundamentales para nuestro futuro inmediato y en particular para el tema de la despenalización de las drogas. Buscando obtener cuatro sentencias similares para generar una jurisprudencia respondí junto con Luis Lemus a una invitación de mi querida colega Herminia Pasantes, profesora emérita del Instituto, para solicitar junto con Josefina Santacruz, Josefina Racotta, Sara Snapp y Aram Barra nuestros propios permisos. En paralelo, el mismo grupo de activistas había trabajado cuidadosamente en la estrategia para lograr los permisos para el uso medicinal de la marihuana.
Aquí presentaré mis posturas como científico acerca de esta iniciativa y explicaré por qué solicité mi permiso y posterior amparo. El extenso número de artículos recientes me evitan revisar aquí los mitos y realidades del daño o beneficios personales del uso la marihuana y los cannabinoides. Basta con resumir que en los adultos hay un índice de adicción de aproximadamente 10%, que la mayoría de los mexicanos la han usado sólo experimentalmente —o sea hasta cinco veces— y que en los adolescentes su uso continuo afecta al desarrollo cerebral permanentemente. Esta información basta para justificar la despenalización de la marihuana y avanzar en la creación de mecanismos para enfrentar los retos de esta decisión.
Me interesa aclarar que, como científico, no me dedico a estudiar la marihuana ni sus efectos y tampoco soy su usuario. Mi decisión de solicitar el permiso y el amparo fue personal, como ciudadano adulto y responsable de mí mismo, aunque mi formación científica y mis experiencias personales me han convencido de que la legalización solucionará un problema que va más allá de la marihuana misma y abarca al resto de las drogas de abuso con las consecuencias sociales, económicas y políticas que nos están causando. En las saturadas cárceles mexicanas sobreviven 12 000 reos acusados por el uso, portación o venta de marihuana, crimen que ha prescrito en países como Holanda y Portugal, que además han despenalizado el uso de todas las drogas sin que se haya incrementado el consumo ni la criminalidad.
También me interesa enfatizar que la participación ciudadana se ve indispensable para generar soluciones a problemas fundamentales que nos están asfixiando ante la ineficiencia de nuestros gobernantes. Mi tesis se basa en que nuestro Estado ha tocado fondo y sus vicios históricos han privilegiado la adopción de medidas punitivas y muchas veces represivas de corte anticuado sobre aquellas basadas en el conocimiento. Esto aunado a la corrupción y a las crisis económicas recurrentes que han agotado las soluciones convencionales a los crecientes problemas.
Partiendo de mi visión de la historia de los últimos cincuenta años, con el fin de ilustrar el deterioro gradual de las instituciones políticas, el mantenimiento de las prácticas prerrevolucionarias decimonónicas en todos los partidos y cómo esto ha deteriorado a México al nivel casi irreversible en el que está hoy. Veo nuestro futuro muy alejado al de cualquier país desarrollado. Las soluciones, en mi opinión, deberán venir de la sociedad civil con una participación amplia y responsable de los académicos e intelectuales.
La clase política mexicana está tradicionalmente disociada de las necesidades nacionales y el establecimiento de la política económica basada en las leyes del mercado dejó atrás hace tres décadas cualquier proyecto de nación. El Partido Revolucionario Institucional, que ha respetado fielmente la alternancia de poderes, ha sido artífice de innumerables prácticas antidemocráticas, comenzando por la mala educación que hemos recibido en sus gobiernos. Más aún, ese partido aglutinante de todos los revolucionarios adoptó rápidamente la herramienta más criticada de la paix porfiriana: la política de pan o palo; así, en las décadas que me ha tocado vivir, las fantasías oníricas de la ingenua clase media mexicana —tan bien descritas por Chava Flores— en épocas de opulencia nos crearon la ilusión de vivir un idilio nacional infinito que acabó por despertarnos inmersos en una pesadilla cuya magnitud actual no hubiéramos predicho en los tiempos de mi infancia.
Tocando fondo
Tras su toma de posesión en 2006, Felipe Calderón de inmediato declaró la guerra al narcotráfico. Su fanatismo y malas estrategias generaron la carnicería más grande en este país desde la revolución de 1910. Su pésima administración nos fue recompensada con el regreso del Partido Revolucionario Institucional, que seguía siendo uno de los partidos políticos más poderosos del mundo al conservar la mayoría de las gubernaturas y alcaldías del país, políticos experimentados, disciplinados y a prueba de honestidad, además de una estructura electoral resistente a todo. Irremediablemente, en 2012 el Partido Revolucionario Institucional convirtió a Enrique Peña Nieto en el nuevo presidente. Por segunda ocasión consecutiva las elecciones eran impugnadas sin éxito ante las crecientes evidencias de fraude y la decepción de muchos, incluido el neocacique de la izquierda Andrés Manuel López Obrador que, tal y como ocurría en el México del siglo xix, había contendido apenas por segunda ocasión.
Ninguno de los dos candidatos del Partido Acción Nacional que ocuparon la presidencia de la República surgieron de un proceso democrático al interior de su partido, sino del secuestro del mismo en el periodo pre electoral. Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática y ahora el Movimiento Regeneración Nacional se fundaron circunstancialmente dando seguimiento a un candidato fuerte y en principio honesto y genuino que a la larga se perpetuó.
A pesar de que con López Obrador y Marcelo Ebrard la Ciudad de México tuvo mejoras notables, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Movimiento Regeneración Nacional han sido fieles al caciquismo de gran tradición en el México decimonónico y, desde luego, a la corrupción. En todo este proceso de pugnas partidistas, malos gobiernos y crisis económicas, los cárteles de las drogas dominaron el país y se diversificaron.
En el sexenio de Peña Nieto la fallida guerra contra el narcotráfico continúa inalterada y la cantidad de muertos pasó ya de 200 000; una buena cantidad del escaso producto interno bruto se destina a armamento; el ejército y la armada se convirtieron en policías, las instituciones, los gobiernos locales y los partidos políticos están infiltrados por el crimen organizado y la sociedad civil desprotegida soporta cotidianamente la ausencia del estado de derecho.
Las matanzas de jóvenes han seguido con la participación combinada de fuerzas policiales y sicarios de cárteles locales. En 2010, dieciséis estudiantes fueron masacrados en el fraccionamiento Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez. Los perpetradores fueron presuntos narcotraficantes y presumiblemente paramilitares. En ese mismo año hubo casi 2 200 muertos en Ciudad Juárez. Más recientemente tuvimos la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a manos de fuerzas municipales en combinación con grupos de narcotraficantes. Además, están los exterminios y torturas perpetrados por el ejército. La miseria rural y urbana ha sido caldo de cultivo para nutrir a los cárteles. Las fosas comunes se multiplican, hay miedo y poblaciones abandonadas, nuevos cárteles aparecen con armamentos y equipo de telecomunicaciones tan sofisticado como el del ejército y por lo general procedente de los Estados Unidos, el principal consumidor de droga en el mundo, aportando cerca de 10% de su población. En México, el consumo y el crimen aumentan y se diversifican, los muertos aparecen en todas partes y no vemos una salida clara al problema.
La sociedad civil
Ante esto, la participación ciudadana ha dado resultados importantísimos como el de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante o más recientemente la iniciativa ciudadana para la ley 3de3. La primera nos demostró una vez más cómo la sociedad puede impactar la toma de decisiones fundamentales. Su iniciativa fue impecable desde dos puntos de vista: en primer lugar, actuó responsablemente al usar un amplio caudal de conocimiento científico, social y legal para su planeación; lo segundo es que nos evitó un problema que no estamos listos para resolver mediante una votación.
En nuestra incipiente democracia, el sufragio ha empezado a ser efectivo en lugares como la ciudad de México, al menos desde hace casi dos décadas, aunque las dos elecciones federales recientes han sido impugnadas. Sin embargo, hay una barrera más que no hemos podido saltar y es que en una verdadera democracia no basta con votar. La efectividad del sufragio requiere conocer a fondo las consecuencias del voto. Como ejemplo pongo la construcción de los segundos pisos en esta ciudad. Un referéndum para decidir su construcción debería ser inválido si la población no sabe quién se beneficiará, cuáles son las alternativas, por qué es preferible a una línea del metro, cuáles son los costos. Las actuales propuestas de incorporar referendos y plebiscitos a la nueva constitución de la ciudad de México es demagógica si no nos educamos para comprender las propuestas a fondo.
Despenalización de la marihuana
En este orden de ideas, la propuesta del presidente de la República para hacer una votación acerca de la despenalización de la marihuana resultó tardía, por un lado, y demagógica por el otro. Si sumamos a esto la influencia del clero en la toma de decisiones, el confiar la despenalización de la marihuana a las urnas hubiera contaminado el proceso con la ignorancia, el miedo y los mitos. Es entonces fundamental que tengamos campañas nacionales de educación para exponer información clara y sin sesgos, sobre todo ahora que el proceso está en su inicio. Estoy convencido de que sin la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante el presidente Peña no hubiera abogado ante la Organización de las Naciones Unidas la despenalización de la marihuana.
Viendo hacia adelante nos quedan puntos importantes a resolver, como el diseño de los mecanismos para la liberación y reinserción de los convictos a la sociedad, la educación pública, en particular la dirigida hacia los adolescentes, la determinación de los criterios de prevención, los mecanismos para el comercio local y la exportación, el apoyo a programas de investigación científica, el control de calidad y los programas de salud y rehabilitación que requeriremos. Esto será también el inicio de una discusión más amplia acerca de las implicaciones de la despenalización del resto de las drogas, partiendo por ejemplo de las experiencias de Holanda y Portugal, pero adaptándolas a nuestros enormes problemas.
La despenalización a nivel federal me permite otra profecía interesante. La llegada del primer ministro Justin Trudeau a Canadá llevó consigo la propuesta de despenalizar la marihuana con base en años de investigación y discusión sobre sus usos medicinales y lúdicos. De ser así, los Estados Unidos quedarían en medio de nosotros con un proceso inconcluso y retrasados con respecto de sus vecinos y socios comerciales, lo que catalizará la despenalización a nivel federal y la distensión del problema.
Por lo pronto, en México un grupo de la sociedad civil ya dio el primer paso. Veremos si nuestros gobiernos están capacitados para desarrollar el resto con eficiencia y honestidad. A la sociedad civil y en particular a los académicos e intelectuales en general nos toca de aquí en adelante aportar nuevas ideas, impulsar su implementación y asumir un papel más crítico y exigente ante todos los problemas que tenemos aún enfrente.
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| Francisco Fernández de Miguel Instituto de Fisiología Celular, Universidad Nacional Autónoma de México. |
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cómo citar este artículo →
Fernández de Miguel, Francisco. 2017. La penalización de la marihuana: de la debilidad del Estado a la fuerza de la sociedad civil. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 12-16. [En línea].
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