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Salarios, estimulo y burocracia

 

¿Un amparo más?

César Carrillo Trueba

Ruán Almeida

   
   
     
                     

SALARIOS, ESTIMULO Y BUROCRACIA

Para cuando esta nota aparezca ya se habrán producido múltiples discusiones en torno al polémico Programa de Estímulos a la Productividad y Rendimiento del Personal Académico, pues seguramente al no recibirlos, quienes creen tener derecho a ello protestaron.

Pensado como una manera de acordar incentivos con base en una evaluación del trabajo desempeñado, este programa pretende paliar en una manera selectica el problema de los bajos sueldos del personal académico de la UNAM.

La convocatoria para ingresar al Programa fue emitida en abril de 1990. Se recibieron siete mil solicitudes, pero se calcula que de éstas sólo 3500 serán aceptadas, aunque se rumora que la cifra es todavía mas baja. El monto de los estímulos va de un salario mínimo a dos y medio mensuales. Se calcula que el costo del proyecto para el primer año será de seis mil millones de pesos.

Las reacciones al interior de la comunidad universitaria varían, como siempre, entre quienes lo ven con buenos ojos, los que creen en la necesidad de realizar evaluaciones en el desempeño de las labores, pero no aprueban la forma del proyecto, y aquellos que se oponen por completo. Aunque, a decir verdad, el silencio ha prevalecido sobre todas ellas. A continuación reproducimos los puntos de vista de dos distinguidos académicos, que contienen críticas interesantes a esta clase de medidas —cada vez más comunes— empleadas con el fin de resolver problemas que requieren de otro tipo de soluciones más profundas.

SALARIO DEL MIEDO, ESTÍMULO DE PAVOR

Independientemente de quién creó el Programa de estímulos a la productividad y rendimiento del personal académico de la UNAM y de su intención, éste ha sido entendido por un amplio grupo de académicos como un esfuerzo de las autoridades, que al ser planteado en términos utilitarios deforma al trabajo académico y le orienta equivocadamente.

En el sector de investigación se escuchan voces que señalan cómo este tipo de propuestas tienden a detener un proceso evolutivo que debiera ser fluido y culminar en la jubilación. Es decir, la situación actual obliga a los investigadores que están en condiciones de jubilarse, a posponer esa decisión debido a que su ingreso está dividido en el mejor de los casos en tres fracciones: un 25 por ciento para la compensación o estímulo que por antigüedad se acumula de cinco en cinco años, un 50 por ciento del estímulo aportado por el Sistema Nacional de Investigación, y el 25 por ciento restante corresponde al salario que será lo único con lo que contará el académico al jubilarse. Así las casas, resulta razonable posponer la jubilación.   

Quienes han deseado hacer una carrera académica en condiciones económicas decorosas han tenido que aceptar evaluaciones extrauniversitarias que difieren de lo establecido por el Estatuto de Personal Académico, obligándose a poner mas atención a la acumulación de puntos al cumplir con labores y tiempos que no necesariamente robustecen su formación y la calidad de su trabajo.

Si la mayor parte de los profesores no investigan se debe a razones que están directamente relacionadas con la falta de condiciones adecuadas, que corresponde a la administración resolver. Y si la mitad de los investigadores no dan clase, se debe en buena medida a que la misma administración no lo ha facilitado. Las escuelas y facultades no tienen la capacidad económica, administrativa y aun física para admitir a todos los investigadores que deberían dar clase. Además es sabido que los investigadores inscritos en el SNI se han ido alejando de la enseñanza debido a que al ser evaluados se aprecia más la publicación incesante, valorando más la cantidad de publicaciones que su calidad, actitud que fomenta una creciente deserción del aula. El lema parece ser “El que no publica deja de existir”.

Es cierto, sin embargo, que ha habido una relativa aceptación de parte de los académicos para concursar en el Programa de Estímulos que puede atribuirse a la necesidad imperiosa de mejorar su economía. El Programa no parece estar encaminado para contribuir a una solución de fondo que mejore las condiciones del trabajo académico facilitándolo; y sí atenta con presiones contra la libertad de investigación, pues induce a buscar resultados inmediatos sacrificando la reflexión.

Se busca una productividad entendida como la capacidad de obtener resultados a corto plazo. Se ignora a quien únicamente produce ideas, parece desconocerse el proceso intelectual de maduración de las ideas, que no es posible controlar en términos temporales. Se excluye a los investigadores y profesores especializados en investigar y enseñar, también se excluye a los académicos contratados por medio tiempo, a los profesores de asignatura, y parece no haber sido pensado para incluir a los técnicos académicos, pues les resulta casi imposible llenar los requisitos para ser estimulados.

Entre académicos se asegura que el Programa se diseñó sin tomar en cuenta la opinión de los propios académicos.

La convocatoria estableció que todo académico con méritos podría ser estimulado. Sin embargo, circulares posteriores aclararon que “no todos, solamente algunos”, académicos serían estimulados. Es decir, de una promesa de sana competencia consigo mismo, se ha pasado a provocar divisiones dentro de las dependencias, estimulando la competencia entre compañeros. Porque es evidente que si no hay dinero para todos y uno lo obtiene, otro más será desplazado.

Han surgido algunas dudas razonables pensando en la evaluación del año próximo. ¿La administración central será capaz de crear las condiciones para que todos los académicos estimulados puedan cumplir cabalmente? o ¿los evaluadores estarán obligados a hacerse de la vista gorda y calificar con “amplitud de criterio”? ¿interpretando el reglamento, quizá violentando, o deformando, o exagerando, o aun ignorando los términos académicos?

José Ruiz de la Esparza,
Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM.     

La Jornada 3 de octubre de 1990.

 

EN TORNO AL PROGRAMA DE ESTÍMULOS

Quisiera expresar algunas consideraciones adicionales sobre ese programa que tanta irritación ha producido en la comunidad universitaria.

Hace apenas diez años, el sueldo de un universitario de tiempo completo dependía únicamente de la UNAM. Es difícil comparar el salario de aquella época con el actual, pero se puede afirmar con toda certeza que en esos tiempos no tan lejanos un investigador de alto nivel ganaba lo suficiente para vivir sin preocupaciones económicas; por ejemplo, un departamento nuevo, típico de clase media, equivalía a unos veinte meses de salario.

Ahora las cosas han cambiado. El mismo investigador, haciendo el mismo trabajo que antes, ganará, con todo y becas del Sistema Nacional de Investigadores y del nuevo Programa de Estímulos, sensiblemente menos que hace diez años; para volver al ejemplo anterior: necesitara unos cincuenta o más meses de salario para comprar un departamento modesto. Pero ahora el sueldo mermado dependerá de tres instancias burocráticas, en lugar de una sola. Esto implica que deberá presentar tres informes anuales de actividades: dos a la UNAM y uno al SNI, lo cual equivale, en promedio, a dos o tres semanas al año en que la actividad de investigación se paraliza en aras de la burocracia.

Lo anterior es una excelente confirmación de la Ley de Parkinson, según la cual la burocracia aumenta a medida que disminuyen los recursos. Parkinson notó que, a principios de este siglo, cuando Inglaterra era la primera potencia naval, el Ministerio de Marina en Londres estaba instalado en un viejo y pequeño edificio, donde trabajaban unos cuantos funcionarios. Después de la Segunda Guerra, el mismo ministerio contaba con una planta impresionante de “marineros de oficina”, instalados en un lujoso edificio, a pesar de que el poderío naval inglés había pasado ya a la historia.

Un estudio similar sobre la UNAM sería sumamente ilustrativo.

Dr. Shahen Hacyan, Instituto de Astronomía, UNAM.
La Jornada 13 de julio de 1990

 

¿UN AMPARO MÁS?

El proyecto de la nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz se inició en 1966 con los estudios de prospección del sitio y de factibilidad económica. Desde esa época, el proyecto fue cuestionado por muchos de los técnicos calificados que trabajaban en la Comisión Federal de Electricidad, como el Ingeniero Jorge Young Larrañaga, que era el gerente general de planeación. La construcción de la unidad número 1 de la planta se llevó a cabo durante cinco cambios de gobierno y en la propia administración de la CFE, de manera que diversas compañías a lo largo de todo este tiempo se han hecho cargo de la construcción. El resultado ha sido la inexistencia de un seguimiento sistemático de la calidad de los materiales que se han utilizado, y de las normas de calidad con que se debía haber construido la planta. La protesta pública para que se suspendiera su construcción tomó auge después del accidente de Chernóbil, el veintiséis de abril de 1986; se formaron muchos grupos antinucleares, tanto en el estado de Veracruz, como en otros estados de la República. En 1988 se inició la campaña para recolectar un millón de firmas en contra de que se terminara la planta, además de otras acciones como manifestaciones, mítines, debates públicos y en las Cámaras; foros de discusión nacional sobre la nucleoelectricidad, etc., quince mil amparos a los cuales no se les dio curso legal. Sin embargo el veintisiete de septiembre de 1990 acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el grupo de los Cien representados por Feliciano Béjar, Ofelia Medina, Rosalinda Huerta (la diputada por Córdoba) y Efraín Romero (un representante de los grupos antinucleares de Jalapa, Banderillas, y alrededores) además de otras personas del D.F., para ampararse en contra del funcionamiento de la nucleoeléctrica. El presidente de la Suprema Corte, el abogado Carlos del Río, dio entrada al recurso de amparo, lo turnó a la juez del quinto distrito que esta ubicado en Río Churubusco y Avenida Universidad. El día ocho de octubre se anunció oficialmente que este recurso de amparo procedía, la primera audiencia tendría lugar el treinta de octubre.

Existen distintas interpretaciones del significado político de que se le haya dado entrada al recurso de amparo en contra de la nucleoeléctrica: una podría ser el aligerar la presión que están ejerciendo los distintos grupos que luchan porque sea cerrada la nucleoeléctrica, en virtud de que la gente que vive en los alrededores de la planta ha pasado a la acción directa (como tratar de bloquear la cañería de la planta, pues según los pescadores cinco lagunas han sido afectadas por la contaminación que genera la planta). Sin embargo, la represión no ha cesado. Por ejemplo el nueve de octubre Pedro Lizárraga de Jalapa, que es una persona muy activa en la lucha contra la nucleoeléctrica, encontró sobre su escritorio un sobre con fotografías que mostraban hasta el detalle más mínimo lo que había hecho durante un día específico de su vida, desde la mañana hasta la noche, con un anónimo que decía ”Como dice el refrán: no juegues (sic) con lumbre, te puedes quemar” (Fernández Panes E., Diario de Xalapa, 11-X-90). No es la primera vez que se amenaza a la gente que esta en contra de la nucleoeléctrica.

Otra de las posibles interpretaciones, es que con la entrada de México al GATT, y el tratado de libre comercio con E.U., el gobierno tiene que presentar un panorama de estabilidad para que los inversionistas extranjeros puedan traer sus capitales al país. Sin embargo, esto no se puede dar en un país con un régimen presidencialista como el nuestro, con una concentración tan intensa del poder, por lo que el gobierno le ha dado entrada al recurso de amparo para aparentar hacia el exterior que los poderes, particularmente el judicial, son soberanos.

Otra explicación es que al darle entrada al recurso de amparo, después se le declare improcedente y de esta manera se cierre este camino, pero legalmente. Esto es totalmente factible si se analiza cómo se lleva a cabo un juicio de amparo: la juez reúne a peritos tanto del lado que acusa como de lado que se defiende, en este caso la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias de gobierno, y al mismo tiempo nombra un perito para su apoyo. Éste resuelve el peritaje final, pero quien toma la última decisión es la juez basada en este último peritaje.

Hay otra versión: que la planta ha sido tan costosa y ha producido tan poco, que finalmente el gobierno ya se cansó y la quiere parar, y al mismo tiempo lograr un poco de legitimidad clausurándola. Hay una cierta evidencia de esta situación: la salida del ingeniero Eibenshutz, de la subdirección de la CFE encargada de la nucleoeléctrica, quien ahora está en la jefatura de asesores de la SEMIP.

Es lamentable que no existan grupos de investigadores, ya sea de universidades locales, asociaciones civiles nacionales o extranjeras que se dediquen a evaluar los daños que se han generado por la actividad de la nucleoeléctrica. Los datos que se tienen de la contaminación, por ejemplo de estroncio 90 en la parte comestible del camarón, o del yodo radiactivo en la leche, o de otros elementos radiactivos, manganeso y cobalto en el sargazo y en otras algas marinas, son del laboratorio de dosimetría e impacto ambiental de la misma planta, que fueron dadas a conocer a la opinión pública por el físico Miguel Ángel Valdovinos, quien en ese momento era director del laboratorio y por esta causa fue despedido. La UNAM y algunas otras universidades cuentan con el equipo y el personal capacitado para medir con exactitud los daños que la planta esta generando por su funcionamiento. ¿Tomará alguien este trabajo?

 

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César Carrillo Trueba                                                                                                    Facultad de Ciencias, UNAM.
 
Ruán Almeida
 
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