Revista Ciencias

¿Tratado del diablo?

Incluso del otro lado de la frontera hay quienes se oponen.

El mismo New York Times publicó la opinión de algunos grupos ecologistas, que señalan que “de más de mil empresas estadunidenses con potencial para contaminar el área, sólo el 30 por ciento cumple con el requisito de informar a las autoridades mexicanas del destino de sus desperdicios tóxicos; de éstos, sólo el 19 por ciento ha comprobado que puede deshacerse “de manera adecuada de los desperdicios”, augurando un futuro similar a otros regiones fronterizas.

“Desechos industriales tóxicos y aguas residuales no tratadas que amenazan la salud de los habitantes de la región, pueden ser vistos a lo largo de la franja fronteriza, que en años recientes ha sufrido una explosión económica con la construcción de empresas estadunidenses muy redituables”.

Asimismo, The New York Times precisó que “estas compañías operan bajo reglas comerciales especiales, mediante las cuales no están obligadas a utilizar equipo anticontaminante muy costoso y pagan salarios muy bajos a casi medio millón de mexicanos”. Apunta “que en los últimos meses —en el lado norte de lo frontera se ha mantenido un programa de salud emergente, pues la incidencia de hepatitis es 20 por ciento superior a la del promedio nacional estadunidense”.

Esto se explica, según el diario, porque, por ejemplo, “en Laredo, Texas, se descargan 25 mil galones de aguas residuales al día, mientras que fabricas estadunidenses de muebles descargan en Tijuana desperdicios derivados del uso de solventes.”

Los mismos grupos declararon que “aunque los reglas de anticontaminación industrial adoptadas por México en 1988 son tan estrictas, en su mayor parte, como las vigentes en Estados Unidos, todavía están por definirse los mecanismos para hacerlas cumplir y los estándares sobre sustancias específicas” (La Jornada, 1° de abril de 1991). Es decir, todo.

De no ser especificados claramente los lineamientos, se corre el riesgo de que suceda lo mismo que en Canadá, en donde al firmar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos no se tomó en cuenta el factor ecológico, y toda crítica e intento por detener algún proyecto que esté afectando los recursos naturales del país, es visto por los empresarios estadunidenses como una violación al Tratado.

Iván Restrepo da varios ejemplos de ello: “ocurre que, siguiendo en parte el programa estadunidense para reducir las peligrosas emisiones contaminantes que dejan las fabricas elaboradoras de metales no ferrosos, Canadá busca extender dichos dispositivos de seguridad en sus fundidoras de plomo, zinc y cobre. Más los empresarios de su vecino consideran que se trato de practicas comerciales injustas, discriminatorias, que atentan contra el libre comercio. Nada sorprenderá entonces si Canadá se desiste de aplicar leyes anticontaminantes en la rama de los metales no ferrosos para evitar así una represalia de su socio”.

“Otro caso mas es el de los programas de reforestación, puestos en marcha en la provincia de British Columbia y que estuvieron financiados con altos impuestos a la exportación de sus productos maderables. Los programas quedaron sin efecto porque los estadunidenses consideraron que son subsidios disfrazados. Así, los impuestos fijados en dicha provincia para obligar a un uso mas racional de los bosques se convirtieron en obstáculo al libre comercio entre ambos países y deben desaparecer”.

Asimismo, “los plaguicidas figuran en el debate sobre qué hacer en torno a sustancias que resultan peligrosas. Antes del Tratado, Canadá consumía 20 por ciento menos ingredientes con plaguicidas activos y en sus registros figuraban siete veces menos fórmulas de dichos productos que en Estados Unidos. Pero ahora se pretende que desaparezcan las regulaciones que protegen a los campos canadienses de ciertas fórmulas agroquímicos, sobre las cuales existen muchas reservas y temores, por los impactos que ocasionan a la salud de la población y al medio en general”. (La Jornada, 8 de abril).

Aunque el trasfondo de la actividad desplegado por muchos grupos y sindicatos norteamericanos y canadienses, es el temor de ver trasladadas numerosas empresas o México, por los bajos costos de mano de obra y de instalación —entre lo que figura el equipo anticontaminante y demás medidas de orden ecológico— despojándolos de estas fuentes de trabajo, con las consabidas consecuencias, el asunto es verdaderamente alarmante para México, en donde la preservación y el uso racional de nuestros recursos naturales, constituye un serio problema que, de llevarse a cabo la firma del tratado por la vía rápida, se agudizará a la misma velocidad.

Carrillo Trueba, César. 1992. ¿Tratado del diablo? Ciencias núm. 25, enero-marzo, pp. 60-61. [En línea].