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Alejandro Calvillo Unna      
               
               
Hacia finales del año 2016 la Secretaría de Salud hizo
lo que ninguna institución pública había hecho antes en ningún lugar del mundo: declarar una emergencia epidemiológica por obesidad y diabetes. No se había declarado antes, en ningún país, una emergencia epidemiológica por una enfermedad no transmisible. La medida es totalmente justificada en un país donde el sobrepeso y la obesidad afectan a más de 70% de la población adulta, en donde se estima que 10% de dicha población sufre diabetes, y ésta es causa de más de cien mil muertes al año, lo cual se duplicó entre 2000 y 2016. Es una epidemia que ha contribuido al colapso del sistema de salud pública, incapaz ya de salvar pies diabéticos, pues ahora los amputa, de cubrir la diálisis por medio del Seguro Popular, ya que se llevaría 70% de sus recursos. Es un sistema de salud pública anclado en la atención de enfermedades que lo han rebasado, que no tiene capacidad para fortalecer la prevención —la clave para enfrentar tales enfermedades.
 
Para prevenir este tipo de enfermedades se requiere formular políticas y regulaciones que inevitablemente afectan fuertes intereses económicos, así como compromisos profundos de los encargados de tomar decisiones respecto de la salud pública —un hecho que en nuestro país no ha existido,mas bien ha ocurrido todo lo contrario: los funcionarios y las instituciones se encuentran al servicio de intereses privados.
 
¿Cómo llegamos a esta situación? La respuesta está en el cambio dramático que sufrió la alimentación a escala global y, de manera especial, entre los mexicanos. Se estima que es en las nuevas generaciones en donde esto ha sido más profundo, la esperanza de vida de los hijos será menor a los de los padres, un hecho que no había ocurrido en varias generaciones. Las enfermedades llamadas “no transmisibles”, como la diabetes tipo 2, las cardiovasculares y el cáncer, gran parte de ellas debidas a una mala alimentación, se han convertido en la principal causa de muerte prematura. A la mala alimentación se suma el consumo de tabaco y alcohol, otros determinantes comerciales de estas enfermedades. En el caso mexicano, se estima que uno de cada dos niños nacidos a partir del año 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida si tales condiciones no cambian.
 
Un secuestro de cincuenta años
 
Si nos preguntamos por qué la humanidad, en su historia, nunca había experimentado un cambio fisiológico tan radical como el que sufre actualmente con la epidemia de obesidad, para poder hallar alguna explicación necesitamos remontarnos un poco atrás. Una de las causas principales la encontramos en el secuestro de la ciencia, del conocimiento acerca de la salud pública durante alrededor de cincuenta años por parte de poderosos intereses comerciales. En 2016 salió a la luz una serie de documentos que ahora forman parte de la historia negra que nos ha llevado a esta epidemia de obesidad y diabetes. Los documentos exponen cómo fue que se ocultaron los daños que provoca el consumo de azúcar en la salud –una historia muy similar a la del tabaco.
 
El expediente contiene una serie de documentos internos de la industria azucarera de Estados Unidos que revelan cómo en los sesentas y setentas, en contubernio con científicos y cabildeando instituciones públicas, ésta influyó para determinar que la política de salud pública destinada a reducir la mortalidad por enfermedad coronaria se enfocara en las grasas saturadas como su principal causa e ignorara el impacto del consumo de azúcar. Esta influencia ha durado decenios comprometiendo la eficiencia de las políticas públicas para enfrentar la principal causa de muerte en muchos países, como los Estados Unidos y México.
 
Asimismo, en un reporte publicado en la revista de la Asociación Médica de los Estados Unidos, JAMA Internal Medicine, fue publicado el reporte “La industria del azúcar y la investigación sobre enfermedades coronarias del corazón. Un análisis histórico de documentos internos de la industria”, donde se da a conocer la estrategia que desarrolló la industria azucarera en los Estados Unidos por medio de la Sugar Research Fondation (srf), su fundación dedicada a la investigación sobre el azúcar, con el fin de negar el vínculo existente entre el consumo de azúcar y las enfermedades cardiovasculares, alejando así dicho ingrediente del campo de atención de las políticas de salud pública.
 
Asimismo salió a la luz cómo la fundación financió estudios científicos e influyó en organismos gubernamentales para que centraran su atención en las grasas saturadas y el colesterol como única causa de tales enfermedades, evitando cualquier política pública para reducir el consumo de azúcar. Incluso, la industria azucarera identificó que una dieta baja en grasas era una oportunidad para aumentar la presencia de azúcar en la dieta, lo cual manifestó claramente en 1954 su presidente, Henry Hass: “este cambio significará un aumento de más de una tercera parte en el consumo de azúcar por persona con un mejoramiento tremendo para la salud pública”.
 
A fines de los años cincuentas surgió una enorme preocupación a causa del incremento en la mortalidad por cardiopatías coronarias en Estados Unidos y los estudios científicos señalaron que la causas estaban en las grasas y el colesterol, pero también en la sacarosa. La propia srf conocía la existencia de estudios que señalaban el azúcar como la principal causa de las enfermedades coronarias, los cuales “indican que, en dietas bajas en grasas, la clase de carbohidratos consumidos puede tener una influencia en la formación de colesterol malo […] Desde varios laboratorios de gran y menor reputación están saliendo reportes de que el azúcar es una fuente menos deseable de calorías que otros carbohidratos”. En ese entonces, John Yudkin señalaba que había otros factores que aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como el azúcar, que al menos es igual de importante que las grasas saturadas”.
 
En 1965 la fundación invitó al Dr. Fredrick Stare, jefe del Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard, a ser miembro de ella, así como al Dr. Mark Hegsted, profesor de la facultad dirigida por Stare, quien había publicado dos artículos que presentaban relaciones epidemiológicas más claras entre los niveles de azúcar en la sangre y la posibilidad de aterosclerosis que en las establecidas entre los niveles de colesterol malo y la hipertensión, es decir, una relación más evidente entre el azúcar y las enfermedades cardiovasculares que entre las grasas y éstas, y en un tercer estudio señaló que “posiblemente la fructuosa, ingrediente del azúcar pero no de las harinas, es el agente mayormente responsable”.
 
Estos resultados ocuparon la atención de medios de comunicación que comenzaron a difundir la relación entre el azúcar y las enfermedades cardiovasculares. Ante esto, la srf reaccionó financiando una revisión de la literatura (“Metabolismo de los Carbohidratos y el Colesterol”) elaborada por los investigadores de Harvard (Hegsted y McGandy) bajo la coordinación de Stare. Los documentos internos muestran que la revisión tenía como finalidad el criticar los estudios que vinculaban el azúcar con las enfermedades cardiovasculares. Ésta fue publicada en el New England Journal of Medicine en 1967 sin que se mencionara el financiamiento del srf, y concluía que la única medida recomendada para prevenir las enfermedades cardiovasculares era reducir el colesterol en la dieta, sustituyendo las grasas saturadas por grasas polinsaturadas, negando así toda evidencia del daño causado por el azúcar.
 
La investigación sobre los documentos internos de la industria muestra cómo se influyó también en el Programa Nacional de Caries del Instituto de Investigación Dental para que se dejara de poner en el centro de atención el consumo de azúcar como su principal causa. La industria influyó asimismo en la elaboración del reporte El azúcar en la dieta del hombre, el cual sirvió para proteger sus intereses en la evaluación que realizó al respecto la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en 1976.
 
Ciertamente, existe consenso en cuanto a que las recomendaciones para reducir el consumo de grasas saturadas deben mantenerse como un objetivo para la protección de la salud cardiovascular; sin embargo, la exclusión del azúcar como un ingrediente relacionado con dichas enfermedades y, por consiguiente, el aumento en su consumo a causa de las estrategias de la industria ha traído consecuencias para la salud pública incalculables: obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otros padecimientos.
 
Pasada la Segunda guerra mundial y gracias a la intervención de la industria azucarera en la investigación científica y en las políticas de salud pública, las empresas trasnacionales de bebidas y alimentos comenzaron a extenderse en los mercados de alimentos de todos los continentes con productos que contenían altas cantidades de azúcares. La palatabilidad que agrega este ingrediente a los alimentos y bebidas, aunada a la generación de descargas de dopamina en el cerebro —la también llamada “hormona de la felicidad”—, se volvió una base fundamental para la proliferación de alimentos ultraprocesados y bebidas, ya que favorecía que una mayor cantidad de consumidores comenzaron a ingerirlos y que quienes ya los conocían, consumieran aún más. Posteriormente se encontró que la palatabilidad aumentaba cuando en algún producto el azúcar se combinaba con la grasa y con la sal, o la sal con la grasa. Estos tres ingredientes comenzarán a presentarse en altas concentraciones en los alimentos ultraprocesados con el fin de incrementar su consumo, repercutiendo de igual manera en las ganancias. De ahí que la denominada comida chatarra tenga en común la presencia de altas cantidades de azúcar, grasas y sal.
 
Es en esta lógica que se encuentra el origen de las epidemias de sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Fue un cambio radical en la dieta en el mundo entero.
 
¿Quién propaga males no transmisibles?
 
Margaret Chan, exdirectora de la Organización Mundial de la Salud (oms), hace un par de años señaló, no sin ironía, ante la Asamblea Mundial de la Salud que si bien anteriormente las epidemias eran transmitidas por los mosquitos —son de los principales vectores, transmisores de epidemias como el dengue, el paludismo (malaria), la fiebre amarilla y el chikungunya, entre otras—, actualmente ya no es así, hoy en día las principales epidemias son transmitidas por las grandes corporaciones, que emplean todos los medios para mantener sus ganancias: “los mosquitos no tienen grupos de presión y cabildeo pero la industria que contribuye al aumento de las enfermedades no transmisibles si los tienen”. Dicha declaración de la exdirectora general de la oms hace eco de una serie de análisis recientes sobre el papel que dichas corporaciones están desempeñando a escala global en la difusión de estas enfermedades, verdaderas epidemias.
 
Así, por ejemplo, una investigación publicada por la Organización Panamericana de la Salud (ops) y la Organización Mundial de la Salud encuentra una relación directa entre el aumento en el sobrepeso y la obesidad y el aumento en el consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados: “las ventas de productos ultraprocesados se relacionan con el aumento de peso y la obesidad en América Latina”, esto significa que, a mayor consumo de tales productos, mayores son los índices de sobrepeso y obesidad. La ops indica que los mexicanos tenemos el mayor consumo de bebidas y alimentos ultraprocesados en la región con 214 kilogramos al año por persona. Asimismo, la agencia Kantar, dedicada a efectuar estudios sobre el consumo en todo el mundo, señala que los mexicanos somos los mayores consumidores de comida chatarra en el planeta. Euromonitor, otra empresa que hace estudios similares, ya había reportado un poco antes que México ocupa el primer lugar en el consumo de bebidas azucaradas.
 
Frente a la evidencia científica sobre la relación entre el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas y el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, la cual también es reconocida por los mayores organismos internacionales y las instituciones más prestigiadas, la industria reacciona hoy día de la misma manera que lo hizo hace cincuenta años, tal y como lo han hecho las industrias del tabaco, del asbesto, del ddt, del petróleo y de muchos otros productos que generan un daño en la salud de la población o el ambiente. Son industrias que pagan a científicos estudios “a modo” y financian organizaciones que aparentan ser independientes con la finalidad de negar la evidencia sobre el daño que generan sus productos.
 
En este sentido, la distinción que se ha establecido formalmente entre las enfermedades transmisibles por vectores, como los mosquitos, y las enfermedades crónicas no transmisibles (cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera) ha sido criticada ya que se considera que las enfermedades llamadas “crónicas no transmisibles” en realidad sí son transmitidas por la acción de las corporaciones que, con sus productos y sus estrategias de bloqueo a las políticas públicas, esparcen tales epidemias.
 
Antes de que la doctora Chan hiciera las declaraciones mencionadas, varias revistas científicas habían abordado el tema de las corporaciones de alimentos y bebidas que, junto con las de tabaco y alcohol, actúan como trasmisoras de epidemias. El Journal of Public Health de Oxford dedicó en 2011 una editorial a señalar que la industria de alimentos y bebidas es el vector corporativo más preocupante que amenaza las políticas de salud pública: “no es sorprendente encontrar que las mayores empresas de alimentos están utilizando las mismas tácticas de la industria del tabaco para influir en el entorno regulatorio. Al igual que la industria del tabaco, la alimentaria pone la responsabilidad del problema en las decisiones de los consumidores, se oponen a la intervención gubernamental con el argumento de que se infringe la libertad individual […] usa sus campañas de marketing social para fortalecer su reputación y promover sus marcas, oponiéndose a cualquier política efectiva”.
 
Declaraciones similares encontramos en otras revistas científicas como The Lancet y Plos, así como en la propia Declaración de Bellagio, la cual fue firmada por un destacado grupo de especialistas en nutrición y salud pública de África, Asia, Europa, el Pacífico y las Américas, convocados por la International Obesity Task Force y la International Union of Nutritional Sciences para tratar de las tendencias en la obesidad, las acciones que se están impulsando y las barreras existentes para establecer políticas contra la obesidad en Bangladesh, Brasil, Chile, India, México, Singapur, Sudáfrica, Tailandia y las Islas del Pacífico. En dicha declaración se señala que: “la acción de la gran industria de alimentos y bebidas ha sido la fuerza más significativa encargada de bloquear los esfuerzos para promover políticas de salud alimentaria y reducir la obesidad en muchos lugares del mundo”.
 
Existen múltiples ejemplos de la estrategia seguida por esta industria para bloquear aquellas políticas que intentan combatir el sobrepeso, la obesidad y la diabetes: desde una oposición declarada contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al consumo máximo tolerable de azúcar, en especial, pasando por el fuerte y multimillonario cabildeo para evitar etiquetados frontales de advertencia que sean sencillos y útiles a los consumidores y que éstos puedan distinguir si un producto contiene altas cantidades de azúcar, grasas y sodio, hasta su oposición a las regulaciones que protegen a los niños de la publicidad de sus productos no saludables y su venta en las escuelas. Además, esta industria mantiene una estrategia internacional para evitar que se establezcan medidas fiscales, como impuestos, a sus productos.
 
El azúcar y, especialmente, el jarabe de maíz de alta fructuosa, apoyados por los altos subsidios a la producción de maíz en los Estados Unidos, a partir de los ochentas se convirtió en un ingrediente básico en la fabricación de la mayor parte de los productos, desde cereales y yogurts, hasta refrescos y aderezos.
 
La práctica de comprar la ciencia y determinar las políticas públicas ha continuado hasta nuestros días por parte de la industria del azúcar pero, especialmente, de la industria de bebidas azucaradas, responsable de la mayor ingesta de azúcar entre la población. En 2015 se dieron a conocer documentos internos que demostraban que Coca Cola había financiado a un grupo de académicos de la Universidad de Carolina para fundar el Global Energy Balance, una iniciativa que aparecía como independiente y que se llamaba a sí misma “la voz de la ciencia”, y que se dedicó a intentar mostrar que la epidemia de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares no estaba en lo que se bebe y come sino en la falta de ejercicio. El paradigma que difundía, como lo han hecho tales empresas y sus funcionarios aliados, es que no hay alimentos buenos y malos, lo que importa es el balance energético.
 
El escándalo llevó al cierre de esta organización y presionó para que la empresa refresquera hiciera pública parte del financiamiento que otorga a científicos, instituciones, asociaciones de profesionales de la salud, asociaciones de enfermos, asociaciones de minorías étnicas, etcétera, con el fin de neutralizar a los posibles críticos y sumar apoyos a su versión sobre el balance energético.
 
Meses después, el International Life Science Institute (ilsi) en México, una institución financiada por la industria de alimentos y bebidas, organizó aquí un evento con investigadores estadounidenses para negar el impacto en la salud de las bebidas azucaradas y criticar el impuesto establecido en México a dichas bebidas. El grupo de expertos invitados estaba liderado por el Dr. James Rippe, quien había recibido diez millones de dólares de la Asociación de Refinadores de Maíz de Estados Unidos para establecer que el consumo de azúcares no tenía impacto alguno en la salud cardiovascular. Este evento se realizó en 2015, exactamente cincuenta años después de que la industria azucarera inició su estrategia para desviar la atención del azúcar en las enfermedades del corazón. La oficina de ilsi en México, dirigida por un funcionario de Coca Cola, fue cerrada por decisión de ilsi Internacional tras reconocer que la oficina de México estaba tratando de intervenir en política pública. Al parecer, si bien ilsi siempre ha tratado de intervenir en las políticas públicas, la oficina en México lo había hecho de una manera demasiado burda.
 
Los investigadores que publicaron el análisis de los documentos internos de la industria azucarera señalaron: “el recuento histórico de las estrategias de la industria demuestra la importancia de tener revisiones realizadas por personas sin conflicto de interés y la necesidad de establecer la información sobre el financiamiento de los estudios”.
 
Como lo ha explicado el Centro para la Defensa del Interés Público de los eua, la estrategia de la industria azucarera ha sido relevada, con los mismos objetivos, por la industria de bebidas azucaradas: “aunque desde fines de los setentas las Guías Dietarias de los eua han recomendado reducir el consumo de azúcar, esa recomendación fue anulada por las campañas publicitarias multimillonarias de las refresqueras y otras bebidas y alimentos azucarados”.
 
El relevo ahora ya no va a culpar a las grasas saturadas, en este caso la industria refresquera lo pone en la actividad física, reduciendo todo a un dogma de consumo y gasto de calorías. Basta regresar a los sesentas para darse cuenta de que los estudios que mostraban el daño del azúcar nunca se centraron en la obesidad, se centraron en el daño metabólico de este ingrediente, algo que las corporaciones quieren ignorar.
 
Vuelta a las emergencias epidemiológicas
 
Ante las declaraciones de emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes de fines de 2016, que citamos al inicio de este artículo, surgió la esperanza de que, por fin, ésta llevaría a establecer políticas de prevención efectiva, libres de la interferencia de la industria. Esperábamos que la Secretaría de Salud anunciara que seguiría las observaciones de la Organización Mundial de la Salud para reformar el etiquetado frontal que cofepris, junto con la industria, había puesto en los productos y que nadie entendía, un etiquetado que estaba promoviendo el consumo de altas cantidades de azúcar entre la población mexicana. Esperábamos que el titular de la Secretaría de Salud, el Dr. José Narro, anunciara que la regulación de la publicidad dirigida a la infancia se tomaría en serio y dejaría de ser una simulación que la misma cofepris había también orquestado en acuerdo con la industria. Esperábamos que la Secretaría de Salud tomaría en cuenta los reportes del Instituto Federal de Telecomunicaciones que demostraban que los horarios más vistos por los niños —de 20 a 22 horas— no están regulados, que los programas más vistos por los niños —telenovelas, series y concursos— tampoco lo están.
 
Teníamos la esperanza de que retomaría nuestros estudios y los estudios del Instituto Nacional de Salud Pública que demostraban la exposición de los niños y niñas a una publicidad multimillonaria en muy diversos medios (espacios abiertos, internet, centros de diversión, puntos de venta) y con muy diversas herramientas (tasos, juguetes, personajes populares infantiles, coleccionables) para reformar la raquítica regulación que había desarrollado cofepris en acuerdo con la industria. Esperábamos que la Secretaría de Educación anunciara que ahora sí establecería los lineamientos para regular alimentos y bebidas que desde hace ocho años existen y no se han aplicado. Esperábamos un protocolo que siguiera, al menos, los pasos que tiene que seguirse cuando se declara una emergencia epidemiológica; mínimamente un plan de acción para enfrentar dichas emergencias epidemiológicas. Pero no ocurrió nada. La declaración quedó en el aire mientras la emergencia epidemiológica continúa sin importar si hay declaraciones o no.
 
En el fondo, todo ello implicaba un acto de compromiso con la salud pública, implicaba limpiar las políticas públicas de la interferencia de las grandes corporaciones. Es decir, que si se hacía un etiquetado frontal a fin de que los consumidores tengan acceso a una información útil y así poder efectuar elecciones saludables al comprar, que al menos se probara y se demostrara que el etiquetado elegido es entendible por la población mexicana. No fue así como lo hizo cofepris, que seleccionó un etiquetado frontal diseñado y usado ya por la propia industria durante al menos cuatro años, un etiquetado que nunca fue probado con los consumidores, como se vio obligada a reconocerlo la misma cofepris ante requerimientos de acceso a la información. Implicaba, además, que las regulaciones las llevara a cabo cofepris conformando grupos de trabajo con los institutos nacionales de salud, la academia de medicina y grupos académicos y organizaciones especializadas, lo cual tampoco ocurrió y, que también por requerimientos de acceso a la información, la cofepris tuvo que reconocer que no había conformado grupos de trabajo; En realidad si existió un grupo de trabajo, pero con la industria, con los propios regulados.
 
En su reporte “A red light for consumer information”, el Corporate Europe Observatory, una organización dedicada a vigilar y exponer el poder de los cabildeos de la industria en la Unión Europea, estima que la industria de alimentos y bebidas invirtió mil millones de euros para lograr que el etiquetado frontal allá empleado fuera el llamado Guía Diaria de Alimentación (gda), el mismo establecido por cofepris en México. Los parlamentarios europeos han declarado que fue el cabildeo más fuerte que han vivido, ya que la inversión por parte de dicha industria fue de tantos millones de euros —como se puede apreciar en un documental elaborado por la televisión francesa, Sobredosis de Azúcar (Sucres, Gare à l’overdose!, disponible en: www.lesdocus.com). Una tremenda ofensiva para lograr imponer su propio etiquetado, el cual nadie entiende y, que por lo tanto, no es útil para los consumidores —es un etiquetado que busca mantener en la ignorancia a los consumidores—, y muestra a la vez claramente lo que está dispuesta a hacer dicha industria para impedir otra alternativa que verdaderamente sirva a los consumidores y el temor a que éstos puedan realizar elecciones informadas.
 
Epílogo: contra el conflicto de interés
 
El uk Health Forum publicó el año pasado un libro con doce casos sobre la interferencia de la industria de alimentos y bebidas en la política de salud pública. El libro inicia con el caso del etiquetado en México (Public health and the food and drinks industry: the governance and ethics of interaction). El artículo parte de entrevistas a miembros de dicha industria, así como a funcionarios, académicos y miembros de la sociedad civil que estuvieron involucrados en el caso del etiquetado frontal. Las entrevistas anónimas demuestran claramente que los únicos actores que reconocen haber participado en el diseño de esta regulación son los miembros de la industria de alimentos y bebidas, es decir, los propios regulados.
 
Una y otra vez se demuestra que el gran obstáculo en México para impulsar las políticas recomendadas que sirvan a prevenir la obesidad y sus consecuencias son los grandes intereses económicos de las transnacionales de alimentos y bebidas. Su forma de actuar es muy similar a la de la industria del tabaco: negar los daños de sus productos, señalar otras causas, pagar estudios a modo para negar la eficiencia de las políticas dirigidas a regular sus productos, atacar a quienes promueven estas políticas, controlar los congresos, las agencias reguladoras, los ministerios de salud y los ministerios de economía.
 
Y a donde miremos: sea cofepris, la Secretaría de Salud, las Comisiones de Salud de Diputados y Senado, en todas se encuentra algo en común: la prevalencia del interés de las corporaciones de alimentos y bebidas por sobre la salud pública, el desentendimiento frente a las recomendaciones de los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, y de los nacionales, como el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y la Academia Nacional de Medicina.
 
En nuestro mundo se ha disparado una concentración del poder económico en un grupo reducido de grandes corporaciones que dominan diversos sectores del mercado a lo largo y ancho del globo terráqueo. El crecimiento del poder económico de estas grandes corporaciones ha ido acompañado de un debilitamiento generalizado, en gran parte de las naciones, del papel regulador del Estado para la protección del interés común, del bienestar público. Estos dos procesos están íntimamente ligados por medio de una ideología que afirma que son los propios mercados los que deben regularse y que tal dinámica es la que traerá mayor crecimiento y bienestar a una nación. El resultado es todo lo contrario, y el daño al bienestar de la población se debe a una incapacidad casi generalizada de los gobiernos —salvo excepciones—para enfrentar los efectos negativos del consumo de productos no saludables, vendidos por medio de prácticas empresariales poco éticas.
 
En este sentido, aquellas corporaciones que han introducido al mercado productos que representan una amenaza a la salud o al medio ambiente cuentan con un entorno favorable a sus intereses por dos razones: 1) los gobiernos están debilitados en sus funciones reguladoras; y 2) existen instituciones y expertos que reciben recursos de ellas para negar el daño de sus productos; políticos en los poderes ejecutivo y legislativo aliados a sus intereses; importantes agencias de relaciones públicas y cabildeo pagadas por ellas para influir en quienes toman decisiones y desacreditar las políticas que intentan reducir el consumo de sus productos.
 
Es difícil de comprender cómo es que las enfermedades no transmisibles se convirtieron en la principal causa de daños a la salud y muerte, y que en diversas naciones se proyecte que, por primera vez en muchas generaciones, la esperanza de vida se reduzca —es decir, que los hijos vayan a vivir menos años que sus padres. No puede entenderse esta situación sin tener conciencia del poder de las grandes corporaciones, pues los principales productos que están causando estas enfermedades no transmisibles son sus productos: la comida chatarra y las bebidas azucaradas, junto con el tabaco y el alcohol.
 
La única alternativa para enfrentar las epidemias de obesidad y diabetes que son causadas, en esencia, por un cambio radical en la dieta de los mexicanos, está en evitar que en el diseño de las políticas de salud pública contra la obesidad interfiera la industria. Un país ejemplar actualmente en promover una política efectiva de prevención frente a la epidemia de obesidad es Chile, y ésta se sustenta en medidas relativamente simples: a) un etiquetado frontal de advertencia que hasta los niños pequeños que ya leen lo entienden; b) una regulación efectiva de la publicidad dirigida a la infancia que va desde la prohibición de la publicidad en televisión de los productos no saludables hasta el retiro de cualquier personaje, regalo, juguete o promoción en el empaque de tales productos; y c) la prohibición de tales productos en las escuelas.
 
Si Chile es el ejemplo positivo, el negativo es México pues, a pesar de haber avanzado en la elaboración de una política que parecía integral e incorporaba las políticas regulatorias recomendadas por la oms (etiquetados frontales en alimentos y bebidas, regulación de publicidad a niños, regulación de estos productos en escuelas, entre otras medidas), al final dichas regulaciones se vieron anuladas por la intervención de la industria. La cofepris, encargada de regular alimentos y medicamentos, excluyó del diseño de las políticas públicas a los institutos de salud, en especial, al Instituto Nacional de Salud Pública. El resultado fue una política contra la obesidad que es ineficiente en su diseño, como también en su implementación y evaluación, debido a la interferencia e imposición de los intereses de la industria de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas en todos los cargos públicos y las comisiones legislativas vinculadas a la elaboración de una vigilancia y evaluación de las políticas contra la obesidad.
 
Esto se podría remediar si se tomara seriamente una iniciativa internacional a la que el gobierno mexicano se sumó como uno de sus promotores, la Alianza por el Gobierno (aga), que elaboró el Plan de Acción de México 20162018, en cuyos objetivos figura una estrategia para prevenir la obesidad en niños y adolescentes, y para lo cual es necesario: “garantizar que el diseño, implementación y evaluación de las políticas en materia de combate a la obesidad están libres de conflicto de interés”. Con este espíritu en mente, en la mesa sobre obesidad de la aga, constituida por representantes del gobierno, la academia y la sociedad civil, se avanzó en el esbozo de lineamientos para evitar el conflicto de interés en la formulación de la política contra la obesidad, los cuales deberían ser guía para evitar el conflicto de interés, no sólo en las instituciones públicas involucradas, sino también en las comisiones legislativas de salud.
 
Ante este panorama, el nuevo gobierno deberá tomar una postura frente a las emergencias epidemiológicas de obesidad y diabetes que vive la población mexicana: decidir si seguirá entregando a los intereses comerciales la política de salud pública en esta materia o si, con el apoyo de los institutos nacionales de salud, la evidencia científica y las recomendaciones internacionales, desarrollarán una política efectiva de prevención, especialmente en la infancia.
 
     
Referencias Bibliográficas
 
Calvillo, A. y Azékely, A. 2018. La Trama Oculta de la Epidemia. Obesidad, Industria alimentaria y Conflicto de Interés. El Poder del Consumidor, México.
Calvillo, A., Espinosa, F., y Macari, M. 2015. Contra la obesidad y la diabetes: una estrategia secuestrada. Análisis de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes en México, Alianza por la salud alimentaria, México.
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Kearns, C. E., Schmidt, L. A., y Glantz, S. A. 2016. “Sugar industry and coronary heart disease research: a historical analysis of internal industry documents”, en JAMA internal medicine, vol. 176, núm. 11, pp. 1680-1685.
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Alejandro Calvillo Unna
Director de El poder del Consumidor, A. C.

Es Sociólogo, doctorando en filosofía, con altos estudios en medio ambiente y desarrollo sustentable. Miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Colaboró con la Organización Panamericana de la Salud en las recomendaciones para regular publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia.
     

     
 
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