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Ricardo Pérez Montfort
     
               
               
En medio de un conflicto, entre moral y legal, suscitado
principalmente por la paulatina incorporación del país al mercado internacional del siglo XIX, la práctica de la regulación estatal de la salud pública fue definiendo los elementos que las autoridades sanitarias consideraban dañinos para la población. A partir de un parámetro “científico” surgido en Europa poco después de la Revolución francesa, la salud pública se convirtió en una de las muchas áreas competencia del gobierno federal.
 
El tema de las drogas, vistas como venenos o como enervantes, apareció muchas veces en la discusión sobre la llamada “higiene social” de los mexicanos decimonónicos. La noción moderna de las drogas surgió en los ambientes urbanos sometidos a los diversos intentos de reglamentación sanitaria. Poco a poco se fue transformando el contenido de la palabra droga hasta llegar a la connotación peyorativa que ahora tiene. Las sustancias consideradas como tales fueron satanizadas cada vez con mayor ahínco por los sectores sociales ascendentes, siguiendo los pasos de aquellos que ya se encontraban insertos en la reconstrucción del Estado mexicano. El quehacer normativo y el orden penal que debían regir las relaciones de la sociedad postrevolucionaria con las drogas parecieron encontrar entonces un gran consenso siguiendo los mandatos de una “modernidad” indicada por modelos europeos y norteamericanizantes. Pero en ese mismo horizonte cultural también se pudieron distinguir algunos planteamientos medianamente disidentes, capaces de mostrar los matices que han determinado la contradictoria relación de la sociedad mexicana y las drogas.
 
Entre 1870 y 1920 la sociedad mexicana trató el tema de las drogas y la embriaguez desde muy diversas ópticas. Hacia fines del siglo pasado, el mundo de las drogas formaba parte de ciertas actividades sociales y de algunos sectores más o menos definidos. Cada sector establecía una relación particular con determinadas sustancias, aunque también se tendía, poco a poco, a establecer un comportamiento social común hacia ellas. Si bien existían posiciones muy variadas, la tendencia general apuntaba a una condena particular a la embriaguez. Pero ésta se asociaba principalmente al consumo de alcohol y no tanto al de drogas.
 
La condena a la embriaguez y la alteración de los sentidos formaba parte del orden moral cristiano que imperaba en la sociedad mexicana del siglo xix. La herencia ética del catolicismo dominaba el discurso de los sectores medios y la burguesía que consolidaba su poder en medio de justificaciones culturales aristocratizantes. Así, la condena moral, herencia del México colonial, se emparentaba con algunos principios del liberalismo enarbolado durante los años de la Reforma, el Segundo Imperio y la República restaurada. Múltiples intentos secularizadores enriquecieron las formas de pensar, interpretar y normar la naciente consolidación social mexicana. En esos intentos se entrelazó el rechazo moral a la embriaguez y por lo tanto también se incluyó el consumo de enervantes vegetales y químicos capaces de alterar las conciencias individuales. Aunque esas sustancias no fueron parte de sus principales preocupaciones, el problema de la embriaguez hizo escribir a Ignacio Manuel Altamirano lo siguiente en 1869: “nos es triste decir que hace tiempo que notamos los progresos cada vez más crecientes que hace un vicio en nuestro país, un vicio que corroe las entrañas de un pueblo, como las del individuo: la embriaguez. Esta horrible plaga aumenta el número de sus víctimas cada día, escogiéndolas lo mismo entre las clases proletarias que en las aristocráticas. Todo el mundo bebe: el pobre pulque o aguardiente de caña; el rico o el hombre de levita, ajenjo o ginebra [...] ya para acabar con tan espantoso mal no sólo deben unirse los anatemas de la religión y de la moral, sino los afanes de la higiene pública y los cuidados de la autoridad si no quiere gobernar sobre un pueblo imbécil, inepto para los trabajos de la guerra y la paz”.
 
En términos generales, aquella sociedad emergente que se preocupaba por la creación de un código capaz de normar su quehacer económico, político y cotidiano, no parecía tener entre sus principales tribulaciones el asunto de las drogas. Sin embargo, indirectamente, consideraba la evasión como algo plenamente condenable que merecía la intervención de las autoridades.
 
Asociando la embriaguez, y eventualmente la adicción, con la pérdida de la racionalidad o con algunas enfermedades más o menos específicas, pero sobre todo con pecados o desviaciones espirituales, los recursos morales que acompañaron las condenas al alcohol eran muy semejantes a los rechazos que ejercía dicha sociedad hacia algunas sustancias apenas reconocidas como “drogas enervantes”.
 
La conciencia colectiva sobre los agentes químicos u orgánicos que producían la condenada embriaguez fue apareciendo en la sociedad mexicana a partir de la década de los setentas. Los argumentos condenatorios a la “perdida de la razón” y por lo tanto a las conductas antisociales propiciadas por el alcohol y demás sustancias se fueron sofisticando. Desde luego no perdieron sus referencias morales cristianas, aunque tampoco desdeñaron los principios liberales. Un juicio sobre la embriaguez publicado por el periódico La Moralidad en 1885 podría servir de ejemplo: “El más bello atributo que orna al hombre, está en ese destello que la suprema inteligencia ha depositado en él, para que distinga entre el bien y el mal, forme raciocinios y produzca todos su actos como consecuencia del deber; el pensamiento que fecundiza en su cerebro es la corona que lleva a mostrar que todas sus acciones están bañadas con la fulgurante luz de la libertad: quitadle a la criatura racional, como la embriaguez se lo quita, el exacto conocimiento de lo que practica y quedará reducida a una especie de máquina, que necesariamente tiene que seguir los movimientos que le imprime una fuerza extraña”.
 
Los argumentos del párrafo anterior se identificaban con algunas críticas que cierto conservadurismo empleaba para desautorizar los impulsos “modernistas”. Sin embargo, la innegable reivindicación de la razón establecía una relación estrecha con el espíritu “científico” del positivismo imperante.
 
Años después, en una revista médica, los argumentos “científicos” en contra del uso de los “excitantes” seguían una pauta semejante pero con un grado mayor de recursos y con referencias directas a los causantes concretos de la embriaguez. El autor de un artículo aparecido a principios de 1902 en La Escuela de Medicina atribuía las miserias del mundo moderno a la falta de ilusiones: “Con el perfeccionamiento de la civilización, con elevar el nivel de instrucción y de ilustración, no se ha hecho otra cosa que aumentar de una manera espantosa las miserias de la vida, y el hombre no tiene ya el valor de mirar a la realidad de la existencia sino a fuerza de ilusiones y quimeras inconscientes [es por ello] que los hombres piden a los venenos de la inteligencia los estados raros de ánimo, la producción artificial de aquellos ensueños que primero surgieron en su imaginación y que en vano han buscado realizar. Otros, si bien privilegiados de inteligencia, buscan en los venenos una especie de latigazos para trabajar más y mejor. Estos venenos son los excitantes en general como el vino, el café, el opio, la morfina, etcétera [...] Algunos describen estas sensaciones como verdaderamente faradisíacas [sic], la felicidad por algunos momentos, pero también hay que fijarse en las torturas que siguen [en] la condena luego a llevar el peso de una costumbre vergonzosa, incompatible con el cumplimiento de sus deberes y con el ejercicio de la vida social”.
 
Así para los primeros años del siglo xx ya era posible identificar un enriquecimiento en el discurso que iría conformando paulatinamente la conciencia mexicana sobre las drogas. La complicación de los argumentos se fue dando principalmente al responder a las exigencias de una cultura cada vez más urbana, más cosmopolita.
 
El rechazo hacia las drogas y la embriaguez en la prensa periódica empezó por consolidarse como parte del discurso moralizante y hegemónico al que se recurrió durante los años de esplendor porfiriano. Establecido el orden sanitario dictado por los afanes de modernización, se identificaron los elementos que debían garantizar el bienestar y la higiene de la sociedad mexicana. El señalamiento y la condena de los “males” que inducían al vicio y a las conductas antisociales estaban implícitos en aquel orden sanitario. El tema de “los venenos faradisíacos”, sin embargo, se trató con recursos y argumentos éticos un tanto aislados. Los códigos morales de la ascendente burguesía nacional, claramente deslumbrada por modelos europeos y “civilizados”, fueron imponiéndose poco a poco. La rápida infiltración de innovaciones técnicas, de patrones económicos, políticos y desde luego culturales que exportaban, tanto el expansionismo europeo como la ambición económica norteamericana, sirvieron de modelo para los grupos dominantes del país. Por ahí se fueron ratificando algunas ideas sobre el proceso “civilizatorio” que debían seguir los mexicanos afiliados a la ilusión de una “modernidad”.
 
La tendencia a hegemonizar la idea del rechazo social hacia la embriaguez, y por lo tanto hacia los estados de “enajenación que producen ciertas sustancias”, era muy palpable. Sin embargo, también era posible percibir una diferencia importante entre dos tipos de enervantes o “agentes propiciadores de estados irracionales”: las “yerbas” o “productos naturales”, con los cuales amplios sectores de la población mexicana tenía un estrecho contacto; y las “drogas químicas”, que aparecieron más bien como un reflejo del afán cosmopolita de ciertas élites. Estos “químicos” venían, por lo general, de allende las fronteras.
 
Aparecieron sobre todo entre quienes podían acceder a las aficiones y conocimientos del Viejo Continente. En las revistas especializadas, médicas y farmacológicas, se dieron las primeras noticias de tales compuestos. Como era natural, las referencias a la cocaína y la morfina, por ejemplo, estuvieron en un principio limitadas al mundo de la medicina, las boticas y los hospitales. Pero las modas europeas implantadas en espacios aristocráticos y bohemios fueron las que dieron la pauta para que algunos atrevidos y pudientes mexicanos se acercaran a la morfinomanía o a la afición por el clorhidrato de cocaína.
 
Por su parte el alcohol, el tabaco, el café e incluso el chocolate, recibieron en ocasiones un trato semejante a las demás sustancias que hoy se reconocen como drogas ilegales. Ellas también participaron en el cambio de conciencia que sobre diversas sustancias experimentaron algunas sectores mexicanos en su tránsito hacia el siglo xx.
 
La marihuana claramente formaba parte de lo que hemos llamado “productos naturales”, grupo al que pertenecían otros miembros de la rica herbolaria nacional: desde el peyote hasta el toloache, del teonanacatl a las semillas de la virgen. Estos productos contrastaban con las llamadas “drogas químicas” que, por lo general, se asociaban a otros grupos o estratos sociales. Mientras las primeras formaban fundamentalmente parte del mundo popular y particularmente de las culturas indígenas del país, las segundas habitaban el espacio de la medicina y la farmacéutica o de la bohemia aristocrática.
 
En la medida en que la sociedad mexicana se acercaba al fin de siglo, estos dos mundos —el popular y el cosmopolita—, que mantenían concepciones diametralmente opuestas sobre las sustancias que los alejaban del dolor y las preocupaciones mundanas, recibieron los embates de la tendencia que pretendió limitar su uso y circulación. Unificadas bajo un contradictorio signo de rechazo tanto estatal como social, las acciones en contra de estas sustancias empezaron a ganar terreno. Tanto en el caso de las “drogas naturales” como de las “químicas”, la condena llegaría hasta el extremo de declararlas ilegales.
 
Las tendencias y presiones internacionales se combinaron con los procesos que reformularon la relación entre gobierno y sociedad en materia de salud. La paulatina delimitación de las responsabilidades estatales fue afectando lo que tendería a ser una complicada interpretación de la voluntad social en materia de sustancias prohibidas. Sensiblemente manipulada en función de intereses económicos particulares, dicha interpretación se adecuó a los propósitos, las componendas y los afanes de supervivencia de los gobiernos postrevolucionarios. La élite política de la llamada “era de los caudillos” sentó las bases de la relación contemporánea del gobierno con las drogas bajo los designios de una doble moral heredera de la moral burguesa porfiriana.
 
Por un lado, parecía ejercer un férreo control sobre la circulación, producción y consumo de enervantes, tanto químicos como naturales pero, por otro, el mismo gobierno se convirtió en defensor de la continuidad e incluso de la impunidad de quienes hicieron pingües negocios con esas sustancias prohibidas. La producción, el tráfico y el consumo de drogas dejaría de ser un asunto de reflexión pública para, tras la máscara del rechazo social generalizado, convertirse en un coto reservado. Desde la misma Secretaría de Salud hasta las ventas domiciliarias levemente encubiertas, la relación sociedaddrogas entraría en una zona clandestina.
 
Si bien durante los años setentas y ochentas del siglo xix la relación entre las drogas y la sociedad se enfocó principalmente de forma individual, entre pacientes y criminales, a fines de aquel siglo y durante los inicios del presente, tanto las llamadas drogas “naturales” como las “químicas” fueron adquiriendo una connotación de elementos altamente nocivos para la sociedad en su conjunto.
 
Imágenes y drogas
 
Entre 1870 y 1920, la conciencia social alrededor de las sustancias llamadas “drogas” sufrió varias transformaciones, tanto en lo particular y especializado de ciertos espacios restringidos —los médicos y farmacológicos—, como en su conocimiento y consumo. Los lectores de revistas sociales y de entretenimiento o los asistentes a los eventos sociales de la capital —tanto los populares como los aristocráticos— pudieron percibir diversas versiones, un tanto más mundanas, sobre el asunto, mientras que los boticarios y los galenos recibían noticias especializadas.
 
Si bien existía un significado un poco aséptico de la palabra “droga”, éste fue cambiando y matizando sus contenidos en función del estrato social que la pronunciaba. Para la mayor parte de la sociedad mexicana de mediados del siglo xix, por ejemplo, dicha palabra no parecía tener implicaciones ofensivas, mucho menos negativas. “Droga” podía significar lo mismo que “medicina” o “remedio”, sin mayor connotación peyorativa y sin demasiadas restricciones en su producción, comercialización y consumo.
 
Fue hasta 1870, cuando nuevamente se pretendieron establecer ciertas limitaciones en el uso y venta de algunas sustancias consideradas nocivas para la salud pública. Entre esas sustancias se llegaron a mencionar como drogas el láudano, la “adormidera”, la marihuana y el toloache. La restricción establecida en torno suyo se limitó a la necesidad de expenderse preferentemente con previas recetas médicas o con autorizaciones de corte administrativo.
 
En 1878 se aprobó un reglamento más sobre boticas y droguerías en la ciudad de México. Este reglamento, que debía ser modelo para otras entidades del país, no especificaba sanción alguna a quien vendiera lo que ya entonces se llamaba “medicamentos peligrosos”. Seis años después, en 1884, el Consejo Superior de Salubridad, establecido en pleno ascenso porfiriano, elaboró otro proyecto de reglamento que hablaba de la necesidad de regular la venta y circulación de “tóxicos y sustancias peligrosas”. En dicho proyecto se puntualizaba un poco más sobre cuáles eran tales sustancias. Se trataba de “el beleño, la belladona, el cuernecillo de centeno, la marihuana, el opio y el zoapatli”. Sin embargo, y a pesar de “insistir en la necesidad de rodear esas ventas de alguna formalidad”, puesto que se trataba “de armas terribles que podían caer fácilmente en manos criminales”, la limitación de su consumo y comercio no parecía ser muy rígida. Sólo se volvía a insistir en que dichas sustancias debían expenderse en farmacias o droguerías y su venta requería una receta médica.
 
A simple vista, la distancia entre el supuesto control legal y los consumidores parecía bastante dilatada. Varias referencias literarias y hemerográficas indican que, hasta por lo menos la tercera década del siglo xx, era posible acceder con bastante facilidad a cualquier sustancia considerada hoy día como “droga”. En boticas, mercados y uno que otro establecimiento semiclandestino, la circulación de dichas sustancias se hacía sin mayores restricciones. La venta y consumo de toda clase de enervantes y compuestos químicos, desde la marihuana hasta los clorhidratos de morfina, no parecía tener mayor control estatal. Esto sucedió por lo menos hasta fines de la década de los veintes y principios de los treintas del siglo xx. En diversas ocasiones —incluso mediante decretos presidenciales como los de 1903, 1905, 1917, 1920 y 1923— se prohibió su producción, comercio y consumo. Y aun cuando existieron limitaciones bastante más específicas en torno a varias sustancias desde por lo menos 1903, no fue sino hasta mucho tiempo después cuando se estableció una acción estatal más decidida en su contra.
 
Hacia los años setentas del siglo xix varias de las hoy llamadas “drogas” eran vistas con cierta familiaridad por la sociedad citadina. Algunas incluso parecían gozar de un consumo bastante generalizado. La falta de una figura jurídica que prohibiera su libre circulación y consumo hacía posible su incontrolada producción y su irrestricta distribución.
 
No hay duda que al asociar su consumo con la embriaguez, estas sustancias recibían un rechazo social aparentemente unánime. Pero por otra parte, no había mayor empacho en considerarlas como remedios eficaces contra múltiples enfermedades. Lo cierto es que no parece haber mucha necesidad de rechazarlas o reivindicarlas.
 
Cuando surgieron las primeras iniciativas para controlar el comercio y el consumo de alguno de los enervantes más populares como la marihuana o el toloache, las autoridades federales no mostraron demasiada preocupación por el asunto. Lo que más llamaba la atención de los exégetas de la moral burguesa decimonónica era el alcohol. Los resultados de su consumo estaban íntimamente vinculados al desorden social. La condena generalizada hacia las drogas todavía estaba lejos de establecerse.
 
A mediados del siglo xix, en 1855, por ejemplo, el último de los gobiernos de Antonio de Santa Anna se resistió a prohibir el cultivo, la venta y el consumo de marihuana ante la iniciativa del intolerante y conflictivo gobernador de Colima, Francisco Ponce de León. El pacto federal permitió que dicho gobernador estableciera esa prohibición dentro de los límites de su jurisdicción. Pero el presidente Santa Anna se negó a aceptar dicha medida para todo el territorio nacional. Curiosamente la lírica popular también hizo unas primeras menciones a la marihuana asociándola con Su Alteza Serenísima, al cantar: Suni suni, cantaba la rana / y echaba las coplas de la marihuana. / Marihuana tuvo un hijito / y le pusieron san Expedito / como era abogado de los de Santa Anna, / por esa sazón de la marihuana. / Marihuana, ya no puedo / ni levantar la cabeza / con los ojos retecolorados / y la boca reseca, reseca.
 
Cuatro lustros después de la era santannista, la marihuana parecía seguir circulando sin restricciones por los atormentados caminos de México. En 1876, por ejemplo, un catálogo de drogas indígenas presentado a la Sociedad Mexicana de Historia Natural por Alfonso Herrera incluía la siguiente referencia a la “yerba” eventualmente proscrita: “Cannabis indica. L. Marihuana. Vive en las regiones templadas de la República. Bastante conocida esta planta por sus propiedades fisiológicas. En México no se le dan más aplicaciones que las conocidas. Precio del kilo: 50 centavos”.
 
Con la expresión “bastante conocida” se pasaba por encima del rechazo social que esa sustancia recibiría en el futuro. Otras fuentes de corte literario y un tanto más tempranas también identificaban a la marihuana como una yerba más entre quienes “creen en la eficacia de las colecciones de curanderos”. En los ambientes de evasión popular —tendejones, cantinas y mesones— el consumo de marihuana paseaba acompañando al pulque y al bailoteo. No parecía faltar en las correrías de los san lunes obligados que atestiguan algunos pasajes costumbristas de Manuel Payno y Guillermo Prieto. Aunque justo es decir que su presencia era bastante más discreta frente al pulque y al vino que tanto abundaban en las piqueras urbanas de mediados del siglo xix.
 
En la medida que se acercaba el fin de siglo, el consumo de la marihuana estrechó su asociación con el mundo delincuencial y con los soldados rasos. En los últimos quince años del siglo pasado fue quedando cada vez más claro que los “efectos de la yerba” conducían al comportamiento antisocial. Una revisión general de la prensa periódica de la época mostró que las referencias a la marihuana asociada con algunas conductas delictivas aumentaba considerablemente en la medida que se alcanzaba el fin de siglo. Poco a poco se definía una mayor presencia social de dicha “yerba”, generalmente ubicada entre las filas del ejército federal y los presidios civiles y militares. De igual manera, a fines del siglo xix se incrementaron los recursos morales y “científicos” que justificaban la condena generalizada hacia el consumo popular de la marihuana y por consiguiente al uso embriagante de otras sustancias no etílicas. El rechazo de la opinión pública hacia este tipo de embriaguez se intensificó en esa época y hasta principios del siglo xx, dejando claro que ésta se convertía rápidamente en una “amenaza contra las buenas costumbres”.
 
En septiembre de 1882, por ejemplo, la prensa festejaba la captura de ladrón y asaltante Bernardo Fernández alias El Marihuano. Se le acusaba de haber robado a un extranjero que residía en la conflictiva villa de Tacubaya. Y doce años después, en julio de 1894, “esa yerba” fue el factor determinante de un sonado escándalo protagonizado por un famoso reo de nombre Alberto Guttman. La diferencia entre estas dos referencias hemerográficas que asociaban “la droga” con algún crimen muestra un cambio importante en los criterios urbanos y clasemedieros. Mientras la primera crónica denostaba al criminal por ladrón y asaltante, no por marihuano, la segunda asociaba directamente “la excitación que produce ese poderoso narcótico” con los delitos perpetrados por el publicitado y atrabiliario prisionero.
 
A partir de 1885, una gran cantidad de referencias hemerográficas relacionadas directa o indirectamente con la marihuana identificaron dicha yerba —junto con el alcohol— como la “plaga de los presidios” y “el azote de nuestras tropas”. Llama la atención, sin embargo, que en muchos documentos oficiales de las penitenciarías del Ayuntamiento de la ciudad de México, escritos bastante tiempo después de 1910, se refieran a los prisioneros consumidores de marihuana con una apreciación mucho menos ofensiva que hacia aquellos aficionados a la vagancia o el raterismo. La venta y el consumo mismo de alcohol dentro de los reclusorios recibió una condena de mayor envergadura que la distribución y la afición de los marihuanos.
 
Entre ese año de 1895 y 1910 la mayoría de las referencias hemerográficas sobre la marihuana la asociaban con el mundo carcelario. Son incontables las notas que narran cómo se pretendía introducir marihuana y alcohol a la Cárcel de Belén en materiales de construcción, en tripas, en cigarros hechizos y, desde luego, por medio de los mismos guardias; tal cantidad de notas periodísticas demuestra un flujo prácticamente ininterrumpido de marihuana desde el exterior hacia el interior de las cárceles. Si bien no es posible todavía establecer una fecha exacta, es notable cómo a partir de los últimos años del siglo xix y desde los primeros del xx, la criminalidad y la marihuana se comienzan a asociar con mayor ímpetu a las aficiones de los sectores más populares de la sociedad. Así lo comenta un artículo de 1898 en El Imparcial: “La marihuana, nefanda hierba, funesta como una Lucrecia Borgia, tentadora diabólica, de efectos más intensos que el alcohol, veneno consumido clandestinamente por proletarios que creen realizar su paraíso en el infierno de imulsiones que la droga terrible les produce [...] Terminantes disposiciones se dictaron, comprendiendo que en ninguna parte las consecuencias de tales vicios son tan terribles como en esas multitudes donde todos los instintos se mezclan”.
 
Y la presencia de la marihuana en la cárcel se evidencia en esta otra nota de 1908, cuyo encabezado ya es de por sí elocuente: “La marihuana sube. En la cárcel alcanza precios fabulosos”; el contenido afirmaba que, debido a la estricta vigilancia que se hacía en la Cárcel de Belén, el cigarro de marihuana había subido de cinco centavos a un peso, y decía: “En otras épocas no muy lejanas por cierto el interior de la cárcel fue mercado especialista para la venta de marihuana, y por más que se castigaba severamente a los vendedores y compradores, cuando llegaba a descubrírseles, la yerba no faltaba en los bolsillos de los presos”. Sobre la presencia de la marihuana en la cárcel y sus alrededores durante el periodo revolucionario es difícil hacer aseveraciones con mucha precisión todavía dada la falta de documentos estadísticos. Sin embargo, es posible suponer que no sólo se mantuvo su circulación sino que se intensificó; tan sólo entre mayo y diciembre de 1918 la Inspección General de Policía del Distrito Federal consignó a cuarenta y ocho individuos que trataban de contrabandear marihuana al interior de la Penitenciaría de Lecumberri.
 
Ejemplos y documentos que hablen de la marihuana al interior de cárceles civiles y militares hay miles. Aquí baste sólo transcribir una carta fechada en agosto de 1914, dirigida a quien el remitente llama presidente constitucional: “SEÑOR DE MI RESPETO: por medio de mis mal trazadas líneas le doy a usted a saber lo que pasa en la penitenciaría con el celador Miguel Salas; dicho celador en lugar de conocer cuáles son sus obligaciones anda deshonrando al nuevo gobierno, diciendo en la prisión que es usted un desgraciado, que es marihuano [...] No se ocupa más que en meter alcohol y marihuana a la prisión [...] en usted espero se haga justicia”. Y llama la atención que en el mismo medio penitenciario no parecía haber una actitud demasiado agresiva contra los consumidores y comerciantes de la marihuana. Durante ese mismo año de 1918, por ejemplo, la máxima pena que impusieron las autoridades de la ciudad de México a quienes se sorprendía tratando de introducir marihuana a las cárceles fue de quince días de arresto o diez pesos de multa. Y a pesar de que para esos años la condena social hacia la embriaguez producida por el consumo de marihuana ya parecía generalizada y se exponía constantemente en los espacios de la opinión pública, la venta callejera de la yerba no parecía tener más restricción que el pago de diez pesos anuales a la Tesorería Municipal.
 
En cuanto a la marihuana y los ambientes militares es notable que antes de 1910 no hubiese una reprobación tan generalizada a su consumo entre la tropa. Las referencias son contadas y más parece asociarse con una enfermedad que con un vicio. En una Gaceta Médico-Militar de 1892, por ejemplo, el doctor Daniel García intentó describir las enfermedades que simulaba el soldado mexicano; entre ellas hacía referencia directa a la intoxicación con alcohol o marihuana como un padecimiento físico más que como una actividad moralmente condenable. García afirmaba: “Yo tengo la creencia, naturalmente con las debidas reservas, que cuando un individuo adulto, vigoroso, bien constituido y sin antecedentes morbosos, se cansa en medio de una marcha moderada e higiénica; se obstina en no continuar y a su capricho une locuacidad, palabras de desesperación y ofensivas y hasta olvida la autoridad de sus superiores; y revela en su semblante, en su mirada, la lucha entre las más encontradas pasiones, ha fumado marihuana o ha hecho fuertes libaciones de alcohol. De lo último es fácil cerciorarse; el olor del aliento es una prueba inequívoca; de lo primero sólo la observación ulterior podrá denunciarlo, pero de cualquier modo que sea, debe transportarse al individuo como a un verdadero enfermo, y lo es en realidad, porque su cerebro está excitado por el tóxico”.
 
Es indudable que durante el movimiento armado de 19101920, la marihuana formó parte de los ambientes cotidianos tanto entre militares federales como entre irregulares; tanto en referencias hemerográficas como en documentos de cuarteles y partes militares, su presencia es reiterada constantemente.
 
Quizá donde mejor se atisba es en las crónicas y los ecos literarios de sus contendientes. La pluma de Francisco L. Urquizo revive elocuentemente el olor a “tortilla tostada” en medio de lo que llamó La tropa vieja de los años revolucionarios. En labios de Otamendi, un soldado ex periodista, el general Urquizo dio lugar a las siguientes frases evocadoras de una embriaguez con marihuana en plena campaña antiorozquista: “¡Yerbita libertaria! consuelo del agobiado, del triste y del afligido. Has de ser pariente de la muerte cuando tienes el don de hacer olvidar las miserias de la vida, la tiranía del cuerpo y el malestar del alma [...] Sacudes la pesadez del tiempo; haces volar y soñar en lo que puede ser el bien supremo. Eres consuelo del infeliz encarcelado; bálsamo del corazón y de las ideas. Humo blanco que se eleva como la ilusión, música del corazón que canta la canción de la vida del hombre inmensamente libre. ¡Yerbita santa que crea dios en los campos para alimentar a las almas y elevarlas hasta a él!”. El general Urquizo presentía la dimensión ritual y mística de quien buscaba la evasión de una realidad violenta entre los efectos de la marihuana. Él mismo reconoció que la borrachera con marihuana era castigada medianamente por las autoridades militares porfirianas, maderistas, huertistas y carrancistas. Pero es de llamar la atención que dicho autor no la condenaba como recurso para olvidar el presente agresivo.
 
Su testimonio afirmaba la relación del ejército con la marihuana; relación que hasta la fecha parece mostrar diversas continuidades y matices. El mismo novelista anotaba que hasta las criaturas de pecho en brazos de las soldaderas intervenían para hacer llegar a la indolente tropa aquel recurso de evasión tan popular como la misma base social de esos ejércitos contendientes durante los años revolucionarios.
 
Otra referencia interesante de la marihuana en los ambientes militares es aquella que proviene de la lírica popular o del “folklore de soldados” como lo llamaría Vicente T. Mendoza. Los famosos versos de La cucaracha hacen referencia directa a la yerba de la misma manera como lo hace la siguiente canción consignada por el mismo Mendoza: “Marihuano estoy que no puedo / ni levantar la cabeza / con los ojos colorados / y la boca seca, seca. / Seca, seca, seca, la boca / boca, boca, boca la seca. / Ahí viene el diablo mayor / con sus veinticinco hermanos / y dice que se va a llevar / a todos los marihuanos. / Por aquí pasaba tuftuf / la marihuanita / se las aventaba / con Doña Juanita. / Este es un grifo / que me estoy confeccionando / para invitar a mis amigos / para ir fumando”.
 
Prohibición y escarceo popular
 
Las prohibiciones y limitaciones estatales hacia la marihuana empezaron a adquirir forma hasta 1920, cuando el gobierno de Venustiano Carranza decretó la ilegalidad de su producción, comercio y consumo en todo el territorio mexicano. Las disposiciones del decreto carrancista otorgaban exclusivamente al Departamento de Salubridad la facultad de importar y distribuir otras drogas como el opio en bruto, la morfina, la heroína y la cocaína. Sin deberla ni temerla, la marihuana entró en dicho decreto prohibicionista. El Departamento de Salubridad debía ser quien otorgara las concesiones y los registros de todas las sustancias sometidas a control estatal. En julio de 1923, el presidente Álvaro Obregón emitió un nuevo decreto sobre la limitación del manejo de estas sustancias que establecía una responsabilidad penal y tipificaba el delito “de importación de opiáceos y narcóticos” como contrabando.
 
Sin embargo, no fue sino hasta 1924 cuando el Senado de la República aprobó el Código Sanitario que asumía plenamente los dictados prohibicionistas hacia la mayoría de las sustancias que hoy identificamos como drogas. En aquel entonces se llamaron “drogas enervantes” y su presencia en determinados estratos sociales ya era claramente denostada, experimentando un rechazo categórico de las principales instituciones que iban reordenando el país. Pero entre el decreto y los ambientes populares de consumidores de dichas drogas parecía haber una enorme distancia.
 
Un sketch de teatro carpero de los años veintes muestra cómo en los espacios populares urbanos, todavía hasta muy avanzado el siglo xx, no había mayor empacho en ser marihuano o borrachín, siempre y cuando se fuera pobre y bien intencionado. En 1927, entre los comediantes de barriada del teatro María Guerrero, también conocido como el María Tepache, ubicado en una de las zonas más populares de la ciudad de México, pudo escucharse el siguiente diálogo entre una vendedora de enchiladas plantada a un costado de una puerta cantinera y un “tecolote” medio sereno y medio jenízaro: “Él (policía de barrio, con el uniforme un poco desarreglado, lleva una macana en una mano y un cigarro de marihuana en la otra). Ella (teporocha, enrebozada, de trenzas largas, cuerpo pequeño pero bien formado. Apaga su anafre y espera a que el comal se enfríe). Él camina hacia ella.
 
Él: ¿Quén te quere a tí preciosa, reina de la marihuana? Hoy quero echar una cana al aire pa’vacilar con asté...
 
Ella: ‘Tese quieto, no me esté besando que el rebozo estoy babeando.
 
Él: Pues yo la puedo hociquear... pero fume, vecinita, dése las tres sin desmayo.
 
(Él le acerca el cigarro. Ella lo chupa e inhala profundamente)
 
Ella: Ffffffhhhhh.... siento carne de gallina.
 
Él: Y yo la siento de gallo. ¡Ay vecina de mi vida!
 
Ella: ¿Qué le pasa, tecolote?
 
Él: Por andármelas tronando ya se me cayó el garrote.
 
Ella: Pues es verdad, santo cielo.
 
Él: ¡Ay vecina de mi vida!, ¡ya se me paran los pelos!
 
Ella: ¡Pus únteles vaselina!
 
Él: Ah, ¡qué vecina!... déme un besito con esa boquita prieta.
 
(Ella lo besa y él se retira brusco)
 
Él: ¡Le apesta el hocico a queso!
 
Ella: Y ‘asté a cebo de carreta.
 
Él: (la amenaza y la abraza) No sea malora.
 
Ella: (resistiéndose) No vaya a venir mi viejo.
 
Él: Ese señor es parejo y me empresta a su siñora.
 
Ella: Ya quere hacerlo su hermano.
 
Él: Pos la verdad ya lo es, pues como buen marihuano también se truena las tres”.
 
Aunque fuera sólo para reír y alburearse, la presencia de la droga no parecía estar condicionada por el rechazo generalizado. La condena social hacia el consumo de tales sustancias parecía seguir un camino vertical, de arriba hacia abajo. Comenzaba en las élites económicas y políticas y pretendía su imposición en los sectores populares que más bien mostraban una abierta tolerancia hacia las drogas.
 
Así, los gobiernos postrevolucionarios de los generales Obregón y Calles produjeron múltiples disposiciones legales con relación al consumo de “drogas y narcóticos”. Pero hasta entrados los años treintas, dichas disposiciones fueron más bien un intento de adecuación nacional a las medidas que se estaban tratando de implementar internacionalmente, como sucedió en la Convención Internacional del Opio de La Haya, que en 1912 inició la guerra mundial contra las drogas. El gobierno del México postrevolucionario se fue sumando poco a poco a dicha intención prohibicionista comandada por el gobierno de los Estados Unidos. Hasta 1927 apareció en el Diario Oficial el primer tratado internacional sobre drogas firmado por México. A casi tres años de ser aprobada por el Senado de la República, y poco más de dos años después de que el presidente de la República, el general Plutarco Elías Calles, la ratificara, se dio a conocer oficialmente la disposición del gobierno mexicano de asumir las prohibiciones internacionales relacionadas con la producción, el tráfico y el consumo de drogas. La cruzada internacional contra tales sustancias se intensificaba y México pretendía formar parte del contingente multinacional que mostraba su intolerancia hacia la libre circulación de las mismas.
 
El reverendo Charles Henry Brent, fue junto con Hamilton Wright y F. C. Harrison, uno de los principales impulsores del principio prohibicionista norteamericano que establecía que: “cualquier uso no médico de drogas era inmoral”. Este principio —junto con una clara identificación racista de los consumidores de drogas y sus aficiones— determinó el inicio de la campaña norteamericana contra las drogas a partir de 1914. Brent asociaba el consumo de drogas con la inferioridad de algunas “minorías” que poco a poco ocupaban espacios mayores en la sociedad norteamericana. Así, planteaba que el opio volvía inútiles a los orientales, la marihuana a los latinos y la cocaína a los negros, por lo que la prohibición era particularmente relevante entre dichas “minorías”. El afán prohibicionista de Brent encontró entre los gobiernos postrevolucionarios mexicanos un eco particular que poco a poco se iría formalizando en decretos y posiciones, sumándose al rechazo generalizado hacia las drogas.
 
Poco a poco, ese rechazo se consolidó y llegó hasta aquellos lugares en que no habían demostrado mayor preocupación por el tema. Los siguientes años serían testigos de un constante incremento de éste, al grado de convertirse en un tema tabú a lo largo de las siguientes décadas.
 
Epílogo
 
Las transformaciones que sufrió esta conciencia de pretensión cosmopolita sobre las drogas corrió a la par de la implantación de los principios liberales y la moralidad burguesa decimonónica que se siguió de largo hasta bien entrado el siglo xx. La idea general sobre estas sustancias que alteraban el juicio navegó entre la negación de cualquier conocimiento ajeno a la “diosa del momento”: la ciencia, y la fobia declarada hacia aquello que pretendiera romper los moldes de “la evolución civilizatoria”. Esta última justificaba la necesidad de un control individual regulado por el Estado frente a las disposiciones masivas hacia el placer y la evasión del sufrimiento causado por la miseria. Y dado que el Estado no era capaz de ejercer un control de manera eficiente, la tendencia se orientó hacia la inducción de una condena generalizada con el fin de que la sociedad misma tomara en sus manos dicho control. Para los afanes constructivos del Estado moderno quedaba clara la reducida cantidad y la ruinosa calidad de los encargados de ejercer ese control sobre los distintos sectores sociales. La policía y el ejército no parecían gozar de la confianza de las autoridades sanitarias ni de la sociedad en pleno. De ahí que la táctica del control social resultara mucho más viable. Al satanizar las conductas “desviadas” de los individuos se intentaba depositar en la sociedad misma sus propios mecanismos de regulación.
 
Aunque, a decir verdad, en esa misma satanización se provocaba la curiosidad y la creación de espacios alternativos, clandestinos o medianamente permisivos, en donde se pudiera disfrutar de “lo prohibido”.
 
Por su parte, las sustancias que eventualmente serían identificadas con el nombre genérico de “drogas” curiosamente quedaron en un lugar intermedio. La sociedad mexicana de fines del siglo pasado y de principios del presente las elogió y las deturpó. Las asoció con los avances de la ciencia y con la delincuencia. Las identificó como algo valioso —el bien— y como algo denigrante —el mal. Intentó establecer un control sobre su existencia pero a la vez no tuvo los elementos para limitar su circulación, producción y consumo.
 
Finalmente, después de recibir las indicaciones que requería su incursión en el mundo moderno internacional, los gobiernos revolucionarios, y con ellos una amplia mayoría de la sociedad mexicana del siglo xx, se alinearon poco a poco al dictado de la irracional persecución encabezada por el gobierno de los Estados Unidos en 1911. Las medidas gubernamentales dirigidas propiamente a combatir el consumo de drogas en el país empezaron a tener efecto a partir de la segunda mitad de los años veintes. Desde entonces a la fecha, el principio prohibicionista ha regido la relación básica entre drogas, gobierno y sociedad.
 
     
Referencias Bibliográficas
 
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Archivos

Archivo Histórico del ex Ayuntamiento de la Ciudad de México. / Archivo de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Fondo Salubridad Pública, Sección Inspección de Boticas. / Archivo Venustiano Carranza-condumex.

     
 
     
Ricardo Pérez Montfort
Centro de Investigaciones,
Estudios Sociales y Antropología Social.


Ricardo Pérez Montfort es investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y maestro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y norteamericanas, entre las que destacan la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Columbia. Fue director de Destacados, Revista de Ciencias Sociales (1998-2000), y de la Revista de la Universidad de México (2000-2002), así como coordinador del Laboratorio Audiovisual del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2007-2014. Sus intereses lo han llevado por el cine documental, el estudio de la derecha mexicana, el mundo caribeño, el folclor latinoamericano y la historia de Hispanoamérica durante los siglos XIX  y XX.
     

     
 
cómo citar este artículo
 
Pérez Montfort, Ricardo. 2017. Tolerancia y satanización de la marihuana en el México porfirista. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 102-116. [En línea].
     

 

 

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