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| Los bosques de México, reflexiones en torno a su manejo y conservación | ||||||||
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Leticia Merino Pérez
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A partir de la ejecución de la Reforma Agraria el gobierno de México reconoció los derechos de ciertas comunidades campesinas e indígenas sobre vastas zonas de la superficie forestal del país. No obstante la conservación y el manejo regulado de los bosques, que gran parte de la literatura sobre el tema asocia al control campesino de los recursos, es más la excepción que la regla, como se expresa en las altas tasas de deforestación presentes en diversas regiones del territorio nacional.
Varias regiones forestales han sido ocupadas durante siglos por comunidades indígenas que desarrollaron tradiciones de manejo de los territorios comunitarios. Estas tradiciones hicieron posible el uso sostenido y la conservación de los bosques. Algunos autores han documentado la prolongada existencia en Mesoamérica de complejos sistemas de manejo basados en un fino conocimiento de los ecosistemas, sus recursos (suelos, especies animales y vegetales, germoplasma, ciclos de lluvia, etcétera) y dinámicas. En el contexto de estos sistemas se desarrollaron prácticas como la rotación de las áreas de cultivo y otros usos de la tierra, lo cual mantenía mosaicos de “ecotonos” que a su vez permitían el uso diversificado de los ecosistemas y la regeneración constante de las áreas forestales. Éste era el caso de la agricultura de roza tumba y quema, y de distintas prácticas agroforestales. En muchas áreas los patrones indígenas de uso de los recursos naturales fueron dramáticamente alterados a partir de la conquista española, que impuso nuevas prácticas productivas y produjo un dramático descenso en la población. En algunas otras zonas, particularmente en las llamadas “regiones de refugio”, estos sistemas lograron mantenerse, aunque con otra función que les permitió adecuarse a las nuevas condiciones.
La segunda mitad del siglo XX corresponde a un momento de transición fundamental para las comunidades campesinas mexicanas. En este periodo las condiciones de reproducción de las sociedades campesinas y su articulación con las nacionales y globales se vieron profundamente modificadas a partir de dos grandes procesos: el crecimiento demográfico y la enorme mercantilización de las relaciones de producción y reproducción en las comunidades campesinas. Ambos procesos han generado cambios en la relación de las comunidades y las unidades de producción campesinas con sus territorios y sus recursos. De este modo se favoreció el deterioro de los patrones de producción tradicionales, basados en la producción de bienes para autoconsumo y el intercambio en los mercados regionales.
Durante estos años de cambio muchas de las comunidades campesinas, indígenas y mestizas, recibieron la dotación o el reconocimiento formal de sus derechos de posesión sobre la tierra. Sin embargo, salvo casos excepcionales, la Reforma Agraria no se planteó en asociación con un proyecto forestal o de conservación en las regiones forestales. En cambio, distintas políticas públicas promovieron opciones contrarias al desarrollo de las experiencias de producción forestal campesina. Estas políticas siguieron dos líneas generales: la superposición de derechos de uso y el desconocimiento de la “vocación forestal” de ciertas áreas de bosques y selvas.
La superposición de derechos de uso se generó al concederse derecho de uso sobre los recursos a agentes externos a las comunidades, aun a costa de derechos que se habían concedido a las mismas. Fue el caso de los bosques con mayor potencial comercial, ubicados en áreas relativamente más accesibles, que fueron sujetos a concesiones de extracción forestal. El uso de los recursos con fines comerciales fue prohibido a los campesinos, sancionando también la práctica tradicional de la agricultura de roza en las áreas forestales donde se realizaban extracciones y en ocasiones incluso la extracción de recursos forestales con fines de uso doméstico. Las concesiones forestales se establecieron en distintas entidades del país, como Chihuahua, Durango, Jalisco y Michoacán.
En una zona equivalente a 50% del territorio forestal del país se establecieron vedas forestales y allí también fue legalmente cancelada la apropiación campesina de los recursos, aunque la extracción de madera se mantuvo de manera clandestina.
El desconocimiento, o negación de la “vocación forestal” de extensas áreas de bosques y selvas se debió a que en varias regiones, particularmente en las áreas de bosques tropicales, diversas iniciativas oficiales promovieron el cambio de uso de suelo. Fue el caso de los programas de colonización, que financiaron desmontes con recursos oficiales como base de proyectos ganaderos y agrícolas. Lo mismo sucedió con la promoción oficial del cultivo de café, que generó la remoción de importantes áreas de bosque mesófilo.
Al iniciarse la década de 1980, cuando vencían los plazos de la mayoría de las concesiones forestales, las comunidades de distintos estados se opusieron activamente a la continuidad de la política de concesiones, exigiendo el control pleno de los recursos de sus bosques. En los bosques bajo concesión, sometidos durante años a la extracción que realizaban las empresas, la calidad comercial del arbolado se había deteriorado, pero en la mayoría de los casos se mantenía la cobertura forestal. Las comunidades recuperaron el control de sus bosques y por un breve periodo la política forestal favoreció el desarrollo de aprovechamientos forestales comunitarios en las antiguas zonas concesionadas. Con este tipo de acciones se aseguraba el abasto de madera para el mercado interno, pero también se promovía la idea de que el manejo comunitario de los bosques era una estrategia viable para lograr extracciones sustentables, la conservación de los bosques y el desarrollo de las comunidades. Entre 1982 y 1990 el gobierno federal y algunos gobiernos estatales apoyaron el desarrollo de este tipo de iniciativas con asistencia técnica, capacitación y créditos para la producción y comercialización de sus empresas. Durante este tiempo distintas operaciones forestales comunitarias se desarrollaron rápidamente, en particular en las comunidades cuyos bosques contaban con mayor valor comercial. Algunas de ellas han logrado mantenerse desde entonces, generando empleos, realizando inversiones sociales y conservando importantes superficies forestales. En varios sentidos estas comunidades constituyen algunas de las experiencias de forestería comunitaria de mayor importancia en el mundo.
Sin embargo, la promoción de la silvicultura comunitaria no ha sido asumida nunca como una política de Estado, por lo que el respaldo al desarrollo de las empresas sociales forestales no se mantuvo por mucho tiempo. En 1992, luego de los cambios a la legislación agraria y en congruencia con la apertura y globalización de la economía que precedieron la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la política y legislación forestales sufrieron fuertes cambios. La nueva ley forestal promovió la desregulación de la actividad forestal, la liberación del mercado de los servicios técnicos, la asociación de las comunidades forestales con empresas privadas, y el establecimiento de plantaciones forestales orientadas a la producción de pulpa y papel. Desde una perspectiva ambiental la desregulación de la actividad forestal ha tenido resultados negativos. En un contexto donde la presencia de las instituciones de gobierno en el campo es poca y la ausencia de incentivos a los productores que desarrollan prácticas de cuidado ambiental es mucha, el clandestinaje y las tendencias de deterioro de los bosques se han acentuado. Mientras tanto, los recientes desastres “naturales”, como los incendios forestales de 1998 y las inundaciones y deslaves de áreas montañosas entre 1997 y 1999, han hecho de la deforestación un tema de preocupación pública. Más allá de su importancia sectorial y económica, las políticas de manejo de los recursos naturales se han convertido en un tema de debate.
Frente a las tendencias generalizadas de degradación ambiental creciente, el incremento de la pobreza campesina y el desgaste de las instituciones comunitarias, la conservación y restauración de los recursos naturales y de la capacidad productiva y gestiva de las comunidades resultan objetivos fundamentales.
En este escenario distintas orientaciones se disputan el control de la política forestal. De manera esquemática las posiciones en juego son las tres siguientes: a) el logro de la eficiencia económica como objetivo central y la ubicación del sector privado como el actor más relevante son los ejes de la primera propuesta. Para ésta el establecimiento de plantaciones forestales comerciales de gran escala es la estrategia privilegiada; es la tendencia que domina en el Plan Forestal 2000-2025 del nuevo gobierno; b) la segunda posición se enfoca en la búsqueda de la conservación mediante una fuerte intervención y control centralizado del estado, con base en modelos altamente restrictivos, como el de reservas de la biósfera; c) por último tenemos a los representantes de la tercera posición, que enfatizan los derechos y necesidades de las comunidades forestales y contemplan el apoyo a la silvicultura comunitaria como la vía más importante para alcanzar el manejo sustentable, la conservación de los bosques y la promoción del desarrollo comunitario.
La diversidad de intereses y propuestas expresa el carácter complejo de los bosques como recursos, que más allá del tipo de tenencia a que estén sujetos, proveen servicios de interés público, como son los servicios ambientales, comunales, como la producción de bienes y servicios; y privados, como la producción de bienes. La diversidad de propuestas corresponde también a distintos énfasis en el diagnóstico de la problemática sectorial; mientras el interés privado subraya la pérdida de capacidades productivas, el interés público apunta a la pérdida de la capacidad de los bosques para cubrir funciones de regulación ambiental y el interés social mira al deterioro del capital social y productivo de las comunidades campesinas y sus consecuencias de pobreza, desarticulación y desarraigo de sus miembros. Estos tres diagnósticos resultan correctos para la mayoría de las regiones forestales del país.
El carácter multifuncional del sector es cada vez más reconocido por los distintos actores que inciden en él, y la relación entre la producción sustentable y la conservación y el alivio de la pobreza se ha convertido en un tema central, al menos en términos discursivos. Así, se habla de introducir criterios ambientales en el manejo de las plantaciones forestales y los conservacionistas han empezado a incluir el pago de rentas ambientales en las zonas de reservas. Aunque estos giros indudablemente representan avances hacia una perspectiva integral sobre el sector, estas nuevas opciones corren el riesgo de repetir viejas limitaciones de las políticas ambientales y conservacionistas, como ignorar a los sujetos sociales clave, marginando a los habitantes y propietarios de las regiones forestales, dueños de la toma de decisiones. Estas propuestas resultan coherentes con las políticas para el campo que en los últimos doce años han favorecido el despoblamiento de las regiones rurales y la destrucción de la capacidad productiva campesina. El análisis de experiencias fallidas de manejo forestal y de conservación muestra que al pasar por alto el derecho de control comunitario de los bosques difícilmente puede romperse con los círculos viciosos que alimentan las dinámicas de deterioro y empobrecimiento. A su vez, el análisis de las experiencias exitosas de manejo forestal comunitario indica que el desarrollo de las instituciones comunitarias y el capital social de las comunidades dueñas y usuarias de los bosques son procesos fundamentales para la conservación y el manejo sustentable de sus recursos.
La atención a la capacidad local de coordinación y gestión resulta un tema fundamental en las estrategias de desarrollo sustentable. Entender esta capacidad como capital social expresa el reconocimiento de su importancia. Tanto en el medio de las agencias financiadoras como en los ambientes académicos, la capacidad de coordinación, la confianza en que ésta se fundamenta, las instituciones y las reglas y acuerdos entre grupos son vistos como recursos para la acción y el capital social, como un complemento esencial de los conceptos de capital natural, físico y humano. En este trabajo asumimos la definición de capital social que propone Elinor Ostrom, para quien el capital social es una amalgama de elementos que incluye el conocimiento, la comprensión, las normas, reglas y expectativas compartidas sobre los patrones de interacción de los grupos de individuos. Esta forma de capital se entiende como un recurso dinámico, que se crea, desarrolla o deteriora como resultado de procesos de acción social particulares.
En las condiciones que prevalecen en los bosques mexicanos, poblados por comunidades que poseen tradiciones de uso de los recursos forestales y derechos de propiedad consuetudinarios oficiales, el peso del capital social en los procesos de conservación, uso sustentable y restauración de los recursos naturales resulta determinante. Las experiencias de forestería comunitaria muestran la eficacia del capital social de las comunidades en la implementación de procesos de desarrollo empresarial y conservación forestal. También revelan las formas en que estos procesos influyen a su vez en el capital social de las comunidades, pues promueven su desarrollo en los casos de empresas exitosas y lo deterioran cuando los proyectos comunitarios han fracasado.
Estas experiencias muestran que la estrategia de aprovechamiento sostenido de los recursos forestales puede constituir una base sólida para la articulación y negociación de los intereses y objetivos comunitarios y públicos. No obstante, puesto que el éxito de la gestión comunitaria de los bosques no es una situación generalizada en México, las políticas y estrategias para la silvicultura y la conservación requieren un amplio conocimiento de la variedad de condiciones presentes en las regiones y comunidades forestales del país. Desde las comunidades que no realizan extracción de madera con fines comerciales hasta las que cuentan con capacidad de procesamiento industrial de la madera, de las que disponen de bosques conservados y extensos a aquellas en donde el deterioro y la escasez de recursos son característicos de las mismas.
En algunas comunidades el control colectivo y el uso comercial del bosque han favorecido su conservación, mientras que en otras tantas han generado deterioro social y ecológico. En el marco de esta diversidad de condiciones, la elección de las posibles estrategias para promover la conservación y el buen manejo resulta muy polémica. También en este contexto, nos parece que el desarrollo de prácticas comunitarias de conservación y buen manejo requiere abordar y resolver tres cuestionamientos generales: ¿qué incentivos son pertinentes para el desarrollo de prácticas de conservación y buen manejo forestal?, ¿en qué condiciones (económicas, de participación, de dependencia) las actividades forestales de producción de diversos bienes y servicios pueden generar incentivos para la conservación y buen manejo de los recursos comunes, y en qué condiciones esto no sucede, generándose incluso incentivos perversos para el deterioro de esos recursos?; y finalmente, ¿qué condiciones sociales e institucionales se requieren para el desarrollo de compromisos viables con la conservación de los recursos?
La solución de estos cuestionamientos remite a una gama de respuestas, consecuencia de la diversidad de condiciones de las comunidades forestales no sólo respecto al nivel de integración vertical de la producción de madera, sino en relación con una serie de condiciones como son el nivel de dependencia de los recursos forestales, el tipo de uso del bosque y su articulación con los mercados y el tipo y nivel de organización comunitaria para el uso de los recursos.
Ante la complejidad del problema proponemos la producción de insumos para las políticas y estrategias de conservación y el manejo de los recursos forestales del país mediante elementos de información general para la planeación, que reconozcan algunas de las variables determinantes en los procesos de conservación y deterioro.
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Leticia Merino Pérez
Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
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como citar este artículo → Merino Pérez, Leticia. (2003). Los bosques de México, reflexiones en torno a su manejo y conservación. Ciencias 72, octubre-diciembre, 58-67. [En línea] |
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