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| Las Comisiones The Lancet |
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En septiembre de 2015, los estados miembros de las Naciones
Unidas aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sustentable para 2030, los cuales buscan enfoques centrados en los derechos humanos con el fin de asegurar la salud y el bienestar de todos los pueblos. Dichos objetivos conjuntan tanto los valores de derechos y justicia para todos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como la responsabilidad de los estados de apoyarse en la mejor evidencia científica en pos de lo mejor para la humanidad. En abril de 2016, los mismos estados someterían a consideración el asunto del control de las drogas ilícitas, un área de política social que ha sido tirante por las controversias y las consideraciones de que es inconsistente con las normas que rigen los derechos humanos, y en donde los enfoques que contemplan la evidencia científica y la salud pública se han visto asignados un papel muy limitado. La Sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas previa, efectuada en 1998, convocada bajo el lema: “Un mundo libre de drogas, ¡podemos lograrlo!”, aprobó políticas de control de drogas cuyo objetivo era el prohibir todo uso, posesión, producción y tráfico de drogas ilícitas. Dicho objetivo se encuentra consagrado en las leyes nacionales de muchos países. Al declarar las drogas “un atentado grave contra la salud y el bienestar de la humanidad” aquella Sesión hizo eco a la convención base de 1961 del régimen internacional de control de drogas, que justificaba la eliminación del “mal” que constituyen las drogas en el nombre de “la salud y el bienestar de la humanidad”. Sin embargo, ninguno de esos acuerdos internacionales hace referencia a la manera como el persistir en la prohibición de las drogas podría afectar la salud pública. La guerra contra las drogas y las políticas de cero tolerancia que surgieron del consenso prohibicionista son ahora criticadas desde múltiples ángulos, incluidos el de la salud, los derechos humanos y otros impactos al desarrollo.
La comisión Johns HopkinksLancet de políticas sobre drogas y salud ha buscado examinar la evidencia científica acerca de los aspectos de salud pública relacionados con las políticas de control de drogas, así como informar e impulsar a tomar como eje la evidencia sobre salud pública y los resultados de los debates en torno a las políticas públicas, como lo fueron las deliberaciones de la Sesión sobre drogas de 2016. La Comisión está consciente de que las políticas sobre drogas suelen estar teñidas por ideas acerca del uso de drogas y su dependencia que no se hallan científicamente fundamentadas. La declaración final de la Sesión de 1998, por ejemplo, al igual que las convenciones sobre drogas de las Naciones Unidas y muchas leyes nacionales sobre drogas, no distingue entre uso y abuso de drogas. Un reporte de 2015 elaborado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en contraste, enfatiza que el uso de drogas “no es una condición médica ni lleva necesariamente a la dependencia de drogas”. La idea de que todo uso de drogas es peligroso y malo ha llevado a políticas de acción muy severas y ha dificultado ver las drogas simplemente como potencialmente peligrosas, de la misma manera en que se ve cierto tipo de comida, el tabaco y el alcohol, ante lo cual el objetivo de las políticas sociales es el de reducir sus daños potenciales.
El impacto de las políticas prohibicionistas
El mantenimiento de la prohibición de las drogas ha generado una economía paralela manejada por organizaciones criminales en todo el mundo. Tanto estas organizaciones, que recurren a la violencia para proteger sus mercados, como la policía y, en ocasiones, los militares o las fuerzas paramilitares que las persiguen, contribuyen a la violencia y la inseguridad en las comunidades afectadas por el tránsito y la venta de drogas. En México, el impactante incremento de los homicidios desde que el gobierno decidiera usar la fuerza militar contra los traficantes de droga, en 2006, ha sido tan grande que la esperanza de vida se ha reducido en el país.
La inyección de drogas empleando instrumentos contaminados es un camino bien conocido de la transmisión de vih y de hepatitis viral. Las personas que se inyectan drogas corren también un alto riesgo de contraer tuberculosis. La continua expansión de vih por inyecciones insalubres contrasta con el progreso realizado para disminuir la transmisión sexual y vertical de vih en las últimas tres décadas. Nos parece que las políticas de represión contra las drogas contribuyen grandemente a incrementar el riesgo de contraer vih por inyección.
El empleo de la policía puede ser una barrera directa a servicios como los Programas de agujas y jeringas y el uso de opioides no inyectados, conocida como Terapia de sustitución de opioides. El afán policíaco de arresto total ha tomado como blanco las instalaciones que brindan estos servicios a fin de ubicar, hostigar y detener una gran cantidad de personas que usan drogas.
La parafernalia de las leyes que prohíben la posesión de equipo para inyectarse ha llevado a la gente que se inyecta drogas a temer llevar consigo jeringas, forzándolos a compartirlas, a disponer de ellas de manera insegura. Las prácticas policiales emprendidas en nombre del bien público han empeorado de manera evidente los asuntos de salud pública.
Uno de los impactos más grandes que ha tenido el seguir con la prohibición de las drogas en cuanto a las enfermedades infecciosas —identificado por esta Comisión— es el empleo excesivo del encarcelamiento como una medida de control de las drogas. Muchas leyes nacionales imponen largas sentencias por delitos menores no violentos, por lo que la gente que usa drogas está sobrerrepresentada en las cárceles y entre quienes se hallan detenidos en espera de juicio. El uso y la inyección de drogas ocurren en los presidios aun cuando esto es negado por los oficiales. La transmisión de vih y del virus de la hepatitis c ocurre entre prisioneros y detenidos, y con frecuencia tiene complicaciones por una coinfección por tuberculosis (en muchos lugares es una tuberculosis resistente a las medicinas). Muy pocos países ofrecen servicios de prevención o tratamiento a pesar de los lineamientos internacionales que instan a tomar medidas comprensivas, incluyendo la provisión de equipo para inyectarse, para con la gente bajo arresto.
Los nuevos modelos matemáticos empleados por esta Comisión muestran que el encarcelamiento y el alto riesgo de infección durante el periodo de postencarcelamiento pueden contribuir de manera importante en la incidencia nacional de infección por virus de la hepatitis c entre la gente que se inyecta drogas en un abanico de países con niveles de encarcelamiento variados, las sentencias promedio de prisión, periodos en que se inyectan y niveles de cobertura de terapia de sustitución de opioides en la cárcel y al salir de ella. Por ejemplo, en Tailandia, en donde la gente que se inyecta drogas puede pasar en prisión cerca de la mitad del periodo de su vida que se inyecta, se estima que 56% de dicha infección puede suceder en la cárcel. En Escocia, donde las sentencias son más cortas para gente que se inyecta drogas, se estima que 5% de la infección incidental de hepatitis c ocurre en prisión y 21% puede ocurrir en el periodo de alto riesgo que sigue a la salida de ésta. Estos resultados subrayan la importancia de alternativas a la prisión como castigo a delitos menores por drogas, así como el asegurar el acceso a terapias de sustitución de opioides en prisión y una continuidad de los servicios de terapia de sustitución de opioides en la comunidad.
La evidencia demuestra también claramente que la ejecución de leyes contra las drogas ha sido aplicada en muchos países de manera discriminatoria en contra de minorías étnicas y raciales. El de Estados Unidos es quizás el caso más documentado, pero no es el único país con un claro sesgo racial en el control policial, los arrestos y las sentencias. En 2014, en los Estados Unidos los hombres afroamericanos tenían cinco veces más de posibilidades que los blancos de ser encarcelados por delitos de drogas, aun cuando no hay diferencias significativas en las tasas de consumo de ambas poblaciones. El impacto de este sesgo en las comunidades de gente de color es intergeneracional y social, y es económicamente devastador.
También encontramos sesgos sustanciales en cuanto al género en las políticas más comunes sobre drogas. Por ejemplo, de las mujeres que se encuentran en prisión y en detención en espera de juicio en el mundo, la proporción detenida por infracciones por drogas es más alta que entre los hombres. Las mujeres se encuentran frecuentemente en el escalón más bajo —por ejemplo, como “mulas” o choferes— y pueden no tener información acerca de los traficantes mayores como para servir a los servicios de policía. Los sesgos de género y raza se sobreponen, lo que resulta en un peligro cruzado para las mujeres de color y sus hijos, familias y comunidades.
Tanto en prisión como en la comunidad, los programas de vih, virus de la hepatitis c y tuberculosis para personas que usan drogas —incluyendo pruebas de detección, la prevención y el tratamiento— se encuentran muy carentes de fondos, lo cual resulta en enfermedades y muertes que podrían evitarse. En varios países de ingreso medio con numerosa población que usa drogas, tales programas —que se expandieron con el apoyo del Fondo Mundial para la lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria— han perdido financiamiento a causa de los criterios de elegibilidad aplicados por dicho Fondo Mundial. Hay una desafortunada falla al emular el ejemplo de los países de Europa occidental que han eliminado la insegura relación entre inyectarse y contraer el vih al escalar de manera constante la prevención y el tratamiento, así como facilitando a quienes cometen delitos menores el evitar la cárcel. La resistencia de las políticas públicas a las medidas de reducción de daños desecha la sólida evidencia que da cuenta de su eficacia y su costo en relación con ésta. Los modelos matemáticos muestran que si la terapia de sustitución de opioides, los programas de jeringas y agujas y la terapia antirretroviral para el vih se encuentran disponibles, incluso si la cobertura de cada uno es menor de 50%, su sinergia puede llevar a una prevención efectiva en un futuro cercano. Las personas que usan drogas suelen no ser vistas como individuos a quien vale la pena dar tratamientos costosos o no se les considera capaces de seguir un régimen de tratamiento, muy a pesar de que existe evidencia de lo contrario.
La sobredosis letal por drogas es un problema de salud pública, particularmente a la luz del incremento en el consumo de heroína y la prescripción de opioides en algunas partes del mundo. Aun así, esta Comisión encontró que el mantener la prohibición de las drogas puede contribuir al riesgo de sobredosis en muchas maneras. La prohibición crea mercados ilegales no regulados, en donde es imposible controlar la presencia de sustancias que adulteran las drogas que se consiguen en la calle, lo que incrementa el riesgo de sobredosis. Varios estudios relacionan también la agresividad policíaca con el apresuramiento al inyectarse y el riesgo de sobredosis. La gente que tiene un historial de uso de drogas, que está sobrerrepresentada en la cárcel a causa de las políticas prohibicionistas se hallan en un riesgo extremo de sobredosis cuando son liberados tras cumplir su condena. La falta de acceso a una terapia de sustitución de opioides contribuye asimismo a la inyección de opioides y nulifica los sitios de inyección supervisados, interrumpiendo una intervención que ha reducido las muertes por sobredosis de manera efectiva. Las políticas restrictivas sobre las drogas también contribuyen al innecesario control de naloxona, un medicamento que puede revertir la sobredosis por opioides muy eficazmente.
Aun cuando sólo una pequeña proporción de la gente que usa drogas llegará a necesitar tratamiento para la dependencia hacia las drogas, en muchos países esa minoría enfrenta enormes barreras para obtener tratamiento humano y de costo accesible. Con frecuencia no existen estándares nacionales de calidad de los tratamientos para la dependencia hacia las drogas y tampoco prácticas regulares de monitoreo. En muchos países, los golpes, el trabajo forzado y la falta de cuidado médico y de condiciones de sanidad adecuadas se proporcionan bajo el nombre de tratamiento, incluyendo centros de detención forzada, que son más bien prisiones y no instalaciones para tratamiento. Y allí donde hay posibilidades de un tratamiento más humano, la gente que está más necesitada no puede pagarlo. En muchos países no hay tratamiento diseñado específicamente para mujeres, a pesar de que se sabe que las motivaciones para el uso de drogas y las reacciones fisiológicas a ellas difieren de las de los hombres.
La insistencia en la eliminación de las drogas ha llevado a prácticas agresivas y dañinas dirigidas hacia quienes cultivan plantas empleadas en la manufactura de drogas, especialmente la hoja de coca, la flor de amapola y la cannabis. La aspersión aérea en los campos de coca en los Andes con el defoliador glifosato (nfosfonometilglicina) ha sido asociada con afecciones respiratorias y dermatológicas y con abortos súbitos. El desplazamiento forzado de familias pobres del campo que no tienen seguridad en la tenencia de la tierra exacerba su pobreza y su inseguridad alimentaria, y en algunos casos los obliga a mover sus cultivos hacia tierras más marginales. El aislamiento geográfico dificulta a las autoridades llegar hasta quienes cultivan drogas mediante campañas de educación y salud pública, y les impide el acceso a los servicios básicos de salud. Los programas alternativos que intentan ofrecer otras posibilidades de subsistencia tienen un historial pobre y raramente son concebidos, implementados y evaluados tomando en consideración su impacto en la salud de la población.
La investigación acerca de las drogas y las políticas hacia ellas ha sufrido por una falta de diversidad en sus fuentes de financiamiento, así como a causa de los preceptos sobre quienes usan drogas y las patologías asociadas a éstas que enarbola la principal fuente de financiamiento: el gobierno de Estados Unidos. En esta época en que las discusiones en torno a las políticas públicas sobre drogas se están abriendo en todo el mundo hay una necesidad urgente de allegar lo mejor de esa perspectiva no sesgada ideológicamente que se encuentra en las ciencias de la salud, las ciencias sociales, los análisis sobre las políticas públicas en cuanto al estudio de las drogas y el potencial que encierran para la reforma de tales políticas.
Políticas públicas alternas en el mundo real
Las experiencias concretas de muchos países que han modificado o desechado los enfoques prohibicionistas en su manera de abordar el consumo de drogas pueden servir para ilustrar las discusiones en torno a la reforma de las políticas públicas. Países como Portugal y la República Checa descriminalizaron hace varios años los delitos menores por drogas, logrando notorios ahorros financieros, menos encarcelamientos, evidentes beneficios en salud pública y sin tener un crecimiento significativo en el uso de drogas. Tal descriminalización, aunada a un incremento en los escasos servicios de prevención de vih, permitió a Portugal controlar una epidemia explosiva de uso inseguro de drogas inyectadas y quizá previno que otro igual sucediera en la República Checa.
En los lugares donde la discriminación no suele ser una reacción inmediata, el incremento de los servicios de salud para gente que usa drogas puede demostrar el valor de la sociedad al responder con apoyo y no con castigo a los infracciones menores por drogas. Un programa pionero de tratamiento por sustitución de opioides en Tanzania está impulsando a las comunidades y los oficiales a considerar el empleo de respuestas no criminalizadoras ante la inyección de heroína. En Suiza y Vancouver, Canadá, las mejoras sustanciales en el acceso a tratamientos de reducción de daños, incluyendo sitios de inyección supervisada y terapia de heroína asistida (esto es, prescripción de heroína para usos terapéuticos bajo condiciones controladas) han transformado el panorama de salud para la gente que se inyecta drogas. La experiencia de Vancouver también ilustra la importancia de la participación significativa de quienes se inyectan drogas en la toma de decisiones respecto de las políticas y los programas que afectan a sus comunidades.
Conclusiones y recomendaciones
La políticas que pretenden prohibir o suprimir al máximo las drogas presentan una paradoja: son enarboladas y defendidas vigorosamente por muchos funcionarios encargados de implementarlas como una necesidad para preservar la salud pública y la seguridad, mas las evidencias indican que tales políticas han contribuido directa e indirectamente a generar una violencia letal, una transmisión de enfermedades, discriminación, desplazamiento forzado, dolor físico innecesario y el deterioro del derecho de las personas a la salud. Hay quienes argumentarán que la amenaza que significan las drogas para la sociedad justificaría cierto nivel de abrogación del derecho humano a la protección de la seguridad colectiva, tal y como está previsto para casos de emergencia en las leyes que regulan los derechos humanos. No obstante, los estándares internacionales de los derechos humanos estipulan que, en tales casos, las sociedades deben escoger el camino menos dañino para enfrentar la emergencia y que las medidas de emergencia deberían ser proporcionales y específicamente diseñadas para cumplir objetivos reales definidos de manera transparente. La insistencia en la prohibición de las drogas no cumple ninguno de tales criterios.
Los estándares de salud pública y los enfoques científicos que deberían formar parte de la elaboración de políticas públicas sobre drogas han sido desechadas por tal insistencia en la prohibición. La idea de reducir el daño de muchos tipos de conducta humana es central en la política pública de seguridad en el tránsito, en la regulación del tabaco y el alcohol, la seguridad en la comida, en el deporte y la recreación, así como en muchas otras áreas de la vida humana en donde el comportamiento en cuestión no está prohibido. Pero la búsqueda explícita de la reducción del daño relacionado con las drogas mediante políticas y programas, así como el balance de los resultados de la prohibición por medio de la reducción de daños, es algo a lo que se resisten casi siempre las políticas de control de drogas. La persistencia de la transmisión de vih y la hepatitis c por causa de inyección de drogas de manera insegura, la cual podría ser detenida mediante medidas probadas, efectivas y de bajo costo, sigue siendo una de las grandes fallas de la respuesta global a estas enfermedades.
Las políticas hacia las drogas que descalifican la vasta evidencia que existe sobre su propio impacto negativo y los enfoques que podrían mejorar los asuntos de salud son malas para todos los implicados. Los países que han decidido no reconocer ni corregir los daños causados a la salud y a los derechos humanos que la insistencia en la prohibición y supresión de las drogas han provocado, están negando sus responsabilidades legales. Ellos encarcelan a la gente por delitos menores y luego se desentienden de su deber de proveer servicios de salud en el ámbito carcelario. Esos países reconocen la existencia de mercados ilegales fuera de control a causa de sus políticas, pero hacen poco para proteger a la gente de drogas adulteradas, tóxicas, que son inevitables en los mercados ilegales, o de la violencia del crimen organizado, la cual empeora con frecuencia por la acción policíaca. Estos desperdician recursos públicos en políticas que se ha demostrado no impiden el funcionamiento del mercado de droga y frecuentemente pierden oportunidades de invertir recursos públicos inteligentemente en servicios de salud probados para gente demasiado asustada como para buscar servicio alguno.
Con el fin de mover la balanza hacia políticas a las que los estados miembros de las Naciones Unidas están llamando a seguir, proponemos aquí una serie de recomendaciones.
1. Descriminalizar los delitos menores y no violentos relacionados con drogas —uso, posesión y venta al menudeo— y reforzar las alternativas de salud y del sector social que existen, en lugar de sólo sanciones criminales.
2. Reducir la violencia y demás daños provocados por la acción policíaca ante las drogas, incluyendo el empleo de las fuerzas militares en dicho combate, y mejor dirigir la acción policíaca contra los grupos criminales armados más violentos; permitir la posesión de jeringas y no emplear el tratamiento de reducción de daños para lograr más arrestos, así como la eliminación de la discriminación racial y étnica en las acciones policíacas.
3. Asegurar el acceso fácil a los servicios de reducción de daños a todos aquellos que los necesiten como parte de la respuesta al asunto de las drogas; al hacerlo, considerar la eficiencia y el bajo costo de incrementarlos para hacer frente a los requerimientos existentes y luego mantenerlos. La terapia de sustitución de opioides, los programas de jeringas y agujas, los sitios de inyección supervisada y el acceso a la naloxona —llevados a la escala adecuada para cubrir la demanda— deberían figurar en los servicios de salud y deberían además incluir la participación significativa de la gente que usa drogas en su planeación e implementación. Los servicios de reducción de daños son cruciales en las penitenciarías y durante la detención en espera de juicio y deben crecer para lograr su cometido. La Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016 debería hacer algo mejor que la Comisión sobre Narcóticos y Drogas de las Naciones Unidas, mencionando la reducción de daños explícitamente y subrayando su lugar central en las políticas sobre drogas.
4. Dar prioridad a las personas que usan drogas en los tratamientos para vih, hepatitis c y tuberculosis, y asegurar que tales servicios sean adecuados para facilitar el acceso a todo aquel que necesite ese tipo de atención. Asimismo garantizar la disponibilidad de tratamiento adecuado, humana y científicamente, para la dependencia a las drogas, incluyendo el incremento de terapias de sustitución de opioides tanto en las comunidades como en las cárceles. Además rechazar la detención compulsiva y el abuso que se presentan como si fueran tratamiento.
5. Asegurar el acceso a drogas controladas, establecer autoridades nacionales intersectoriales a fin de determinar los niveles de necesidad, y dar a la Organización Mundial de la Salud los recursos para ayudar a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas a que empleé la mejor ciencia para determinar el nivel de necesidad de drogas controladas en cada país.
6. Reducir el impacto negativo de las políticas sobre drogas y las leyes sobre las mujeres y sus familias, especialmente al minimizar las sentencias de reclusión para mujeres que cometen delitos no violentos, y desarrollar apoyo social y de salud, incluidos los tratamientos de dependencia a las drogas adecuados al género para quienes lo necesiten.
7. Los esfuerzos dirigidos a eliminar cultivo para la producción de drogas deben de considerar la salud. La aspersión aérea de herbicidas tóxicos debe ser detenida y los programas alternativos de desarrollo deberían ser parte de las estrategias de desarrollo, elaboradas e implementadas mediante consultas significativas a las personas afectadas.
8. Se requiere una base de donadores de fondos para lograr la mejor ciencia posible sobre nuevas experiencias de políticas públicas en torno a las drogas desde una perspectiva no ideológica, la cual, entre otras cosas, cuestione y vaya más allá de la excesiva patologización del uso de drogas.
9. Las políticas sobre drogas del gobierno de las Naciones Unidas deberían ser mejoradas, lo cual debería incluir el respeto a la Organización Mundial de la Salud para determinar cuán peligrosa es una droga. Los países deben ser conminados a incluir oficiales de alto nivel en cuestiones de salud pública en sus delegaciones que participan en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas. Mejorar la composición de las representaciones con oficiales de salud en las delegaciones nacionales de dicha comisión tendría como resultado, a la vez, conferir a las autoridades de salud una presencia del día a día en los organismos multisectoriales que elaboran las políticas nacionales sobre drogas.
10. Salud, desarrollo e indicadores sobre derechos humanos deberían ser incluidos en los parámetros para juzgar el éxito de una política sobre drogas, y tanto la Organización Mundial de la Salud como el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas deberían ayudar a formularlos. Dicho programa ya ha sugerido que indicadores como el acceso a tratamiento, frecuencia de muertes por sobredosis y acceso a programas de beneficio social para las personas que usan drogas deberían ser útiles. Todas las políticas sobre drogas deberían ser también monitoreadas y evaluadas por su impacto sobre las minorías raciales y étnicas, las mujeres, niños y jóvenes, y gente viviendo en estado de pobreza.
11. Transitar gradualmente hacia mercados de drogas regulados y aplicar el método científico para su evaluación. A pesar de que los mercados regulados y legales no son políticamente posibles en un corto plazo en algunos lugares, los daños ocasionados por los mercados criminales, así como otras consecuencias de la prohibición catalogadas por esta Comisión, llevarán probablemente a más países (y a más estados en los Estados Unidos) a transitar gradualmente en esa dirección —una dirección que nosotros suscribimos. En la medida que esas decisiones sean tomadas, instamos a los gobiernos e investigadores a aplicar el método científico y a asegurar evaluaciones independientes, multidisciplinarias y rigurosas de los mercados regulados a fin de esbozar enseñanzas e informar del mejoramiento en las prácticas regulatorias, así como a continuar evaluando y mejorando.
Conminamos a los profesionales de la salud de todos los países a que se informen por sí mismos y a unirse a los debates en torno a las políticas sobre drogas en todos sus niveles. Apegándose a las metas establecidas por el régimen internacional de control de drogas es posible lograr políticas públicas sobre drogas que contribuyan a la salud y el bienestar de la humanidad a condición de allegarse las evidencias de las ciencias de la salud y las voces de los profesionales de la salud.
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Las comisiones The Lancet
Joanne Csete, Carl Hart, Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos; Adeeba Kamarulzaman, Universidad Malaya, Kuala Lumpur, Malasia; Michel Kazatchkine, Enviado Especial de las Naciones Unidas, vih en Europa Oriental y Asia Central; Frederick Altice, Universidad de Yale, New Haven, Estados Unidos; Marek Balicki, Varsovia, Polonia; Julia Buxton, Universidad Centroeuropea, Budapest, Hungría; Javier Cepeda, Susan Sherman, Chris Beyrer, Centro para la Salud Pública y Derechos Humanos, Johns Hopkins Bloomberg Escuela de Salud Pública, Baltimore, Estados Unidos; Megan Comfort, Instituto Internacional de Investigaciones El Triangulo, Washington, Estados Unidos; Eric Goosby, Universidad de California, San Francisco, Estados Unidos; João Goulão, Ministerio de Salud, Lisboa Portugal; Thomas Kerr, Universidad de British Columbia, Centro de Excelencia en vihsida, Vancouver, Canadá; Alejandro Madrazo Lajous, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, México; Stephen Lewis, aidsFree World, Toronto, Canadá; Natasha Martin, Universidad de California, San Diego, Estados Unidos; Daniel Mejía, Adriana Camacho, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia; David Mathieson, Observación de Derechos Humanos, Ragún, Birmania; Isidore Obot, Universidad de Uyo, Uyo, Nigeria; Adeolu Ogunrombi, Youth Rise—Nigeria, Lagos, Nigeria; Jack Stone, Peter Vickerman, Universidad de Bristol, Bristol, Reino Unido; Nandini Vallath, Instituto de Ciencias Paliativas de Thiruvananthapuram, India; Tomáš Zábranský, Universidad Charles, Praga, República Checa. |
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Nota Este texto forma parte del reporte “Public health and international drug policy”, publicado en The Lancet en línea el 24 de marzo de 2016. |
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| Traducción César Carrillo Trueba Facutlad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. |
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cómo citar este artículo →
Las Comisiones The Lancet. (Traducción César Carrillo Trueba). 2017. La salud pública y la política internacional sobre drogas. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 134-145. [En línea].
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| del facsímil |
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La violencia en México
por la guerra contra las drogas |
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Las Comisiones The Lancet
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La fatídica decisión tomada por el gobierno de Felipe
Calderón en México, en 2006, de emplear a los militares en áreas civiles a fin de combatir a los narcotraficantes, desembocó en una epidemia de violencia en muchas partes del país que, además, se extendió hacia América Central. El incremento de los homicidios en México desde 2006 no tiene precedente en un país que no se encuentra formalmente en guerra; y ha sido tan grande en algunas partes del país, que ha contribuido a la reducción de la expectativa de vida del país. Otros análisis muestran que en el periodo que va de 2008 a 2010, en el estado de Chihuahua —uno de los estados más seriamente afectados por la violencia por drogas— disminuyó en cinco años la expectativa de vida de los hombres. En julio de 2015 el gobierno mexicano reportó que, de 2007 a 2014, hubieron 163 345 homicidios en el país, con un crecimiento sustancial después de 2006. La figura 1 muestra un análisis de punto de inflexión efectuado por esta Comisión con datos gubernamentales. En ella se observa que el incremento en los homicidios después de 2006 es altamente significativo y notable, especialmente después de una baja constante en la tasa de homicidios a lo largo de varios años. Ningún otro país de América Latina —y muy pocos en el mundo— ha tenido un incremento tan rápido en la mortalidad en tan corto tiempo.
No todo este aumento en los homicidios se puede atribuir a la violencia ligada a las drogas, pero gran parte sí. Una estimación indica que las muertes relacionadas con la guerra a las drogas hizo crecer la tasa nacional de homicidios hasta 11 personas por cada 10 000 habitantes, lo que resulta en una tasa de más de 80 personas por cada 10 000 habitantes en las localidades más afectadas. 11 personas por cada 10 000 habitantes es 2.5 veces la tasa total de homicidios que tuvo los Estados Unidos en 2014. Otros observadores sugieren que la contribución de la guerra contra las drogas es fácilmente cuantificable debido a que los homicidios perpetrados por los grupos criminales ligados a las drogas tienen rasgos tangibles como el uso de ciertas armas, la tortura, la decapitación y otras formas de desmembramiento, la ejecución en grupo y los entierros en fosas clandestinas. A pesar de que los homicidios han disminuido un poco desde 2012, varios autores estiman que los homicidios perpetrados por el crimen organizado siguieron incrementando hasta 2014.
La violencia relacionada con las drogas en México no se limita a los asesinatos y otros incidentes de armas en la calle. Esta Comisión notó que existe una violencia ejercida por sectores del Estado en el trato a las personas encarceladas por crímenes relacionados con drogas. Nosotros hicimos análisis con una muestra al azar de gente que estuvo en prisión por crímenes de droga (n=479) en México de 2002 a 2012 —esto es, antes y después de la campaña militar contra las drogas— en ocho presidios federales. Cerca de la mitad de los detenidos (n=241) reportaron haber sido golpeados o torturados en algún momento de su encarcelamiento. Para estos 241 detenidos, sufrir un acto de tortura era 1.57 veces más probable después de la guerra contra las drogas que antes (p=0.0001). Ser interrogado por militares en prisión era también más probable después de que los militares fueron involucrados en la guerra contra las drogas (p<0.0001). Los interrogatorios efectuados por los militares, a su vez, fueron significativamente asociados con reportes de tortura o abusos.
Mediante análisis multivariantes que incluyen sexo, número de veces interrogado y localidad geográfica, las personas detenidas después de 2006 tenían 3.63 más de probabilidades de ser interrogadas por militares mientras se encontraban detenidas que aquellos detenidos antes de 2006 (p<0.0001). Como lo ha señalado Madrazo, una consecuencia negativa de la guerra contra la drogas en México es que el Gobierno se ha otorgado poderes especiales que minan principios fundamentales de la Constitución del país y de sus responsabilidades en la preservación de los derechos humanos. Los costos, incluyendo los de salud, por la violencia hacia los ciudadanos son vastos y profundos. El estilo de ejecución de los asesinatos pretende aterrorizar a la población. Vivir bajo el terror de la extrema violencia constituye una disrupción en el funcionamiento normal de los servicios sociales y de salud, de educación y la participación cívica. La penetración de las organizaciones de narcotraficantes en todos los ámbitos de la sociedad en México, Colombia y varios países de América Central puede corromper todo, desde las elecciones y los servicios locales hasta los equipos de futbol y otras formas de entretenimiento.
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Referencias bibliográficas
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Nota Este texto forma parte del reporte “Public health and international drug policy”, publicado en The Lancet en línea el 24 de marzo de 2016. |
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| Las Comisiones The Lancet Los nombres de los integrantes de las comisiones se pueden ver en los créditos del artículo "La salud pública y la política internacional sobre drogas", Ciencias núm. 122-123. Traducción César Carrillo Trueba |
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cómo citar este artículo →
Las Comisiones The Lancet. (Traducción César Carrillo Trueba). 2017. La violencia en México por la guerra contra las drogas. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 128-133. [En línea].
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| Rafael Zepeda Hernández, Raúl Silva Santibañez, Silvia Morales Chainé y Raúl Martín del Campo S. |
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Según el Informe Mundial sobre Drogas 2015, se estima
que 246 millones de personas (una de cada veinte en el planeta) de edades comprendidas entre los quince y sesenta y cuatro años, consumieron drogas ilícitas en 2013. Como lo indica este informe, “la magnitud del problema se hace más evidente si se tiene en cuenta que más de uno de cada diez consumidores de drogas es un consumidor problemático que sufre trastornos ocasionados por el consumo de drogas”. Sin embargo, como lo indica el mismo informe sólo 16.6% de consumidores de drogas problemáticos en el mundo tiene acceso a un tratamiento debido que en muchos países hay un déficit considerable en la prestación de servicios de salud. A nivel nacional, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes del año 2015 indica que la marihuana es la droga de principal consumo en esta población. La prevalencia del consumo de esta sustancia alguna vez en la vida alcanza 10.6% de los estudiantes (6.1% en secundaria y 18.1% en bachillerato) y la encuesta da cuenta de 62% del consumo de drogas ilegales y de prescripción médica en esta población. Lo anterior supone un gasto importante para los sistemas de salud pública en lo que respecta a la prevención, el tratamiento y la atención de los trastornos relacionados con el consumo de drogas y sus consecuencias para la salud.
La Organización Mundial de la Salud en 2011 recomendó para consumidores que hacen uso o abuso de alguna sustancia los “programas de intervención breve”, que combinan la identificación temprana de personas en riesgo para el consumo de drogas y la oferta de tratamiento basado en la Teoría del aprendizaje social. Ésta plantea que el consumo de alcohol o drogas son conductas que se aprenden y que pueden ser cambiadas mediante nuevas situaciones de aprendizaje en las cuales los sujetos adquieren un papel activo en el cambio de su consumo de alcohol o cualquier otra droga.
Internacionalmente se ha evaluado la efectividad de las intervenciones breves en el área de las adicciones; por ejemplo, en 2012 Alexandre Fachini y sus colaboradores realizaron un análisis de dieciocho ensayos clínicos en los que incluyeron estudios que utilizaron tres condiciones de tratamiento: 1) el uso de técnicas de entrevista motivacional y retroalimentación personalizada; 2) la intervención breve cara a cara; y 3) la comparación con grupo control o intervención alternativa. Después de un seguimiento de doce meses se mostró una reducción significativa en el consumo de sustancias y los problemas relacionados con el consumo en comparación con los participantes de los grupos control, concluyendo entonces que las llamadas “intervenciones breves” constituyen una estrategia efectiva para la prevención y tratamiento de las adicciones.
En México, en 2010, la investigadora en comportamientos adictivos Kalina Martínez y sus colaboradores evaluaron las intervenciones breves en tres grupos consumidores de alcohol: 1) una intervención breve de cinco sesiones en las cuales se discutieron los costos y beneficios del consumo, se estableció una meta de consumo, se identificaron sus principales situaciones de consumo, se planearon acciones para enfrentarlas, se analizó el impacto del consumo de alcohol en sus metas de vida, se revisó el progreso de los adolescentes en cuanto a la meta elegida y se programaron sesiones de seguimiento; 2) un consejo breve en una sesión individual de noventa minutos, en donde se le entregó al adolescente un folleto con resultados de su evaluación, el joven estableció una meta de cambio en su consumo y se elaboraron estrategias que favorecieran el logro de su meta; y 3) un grupo control en lista de espera.
Cada grupo se evaluó en dos niveles: adolescentes en zonas urbanas y rurales. Los grupos de intervención breve y de consejo breve quedaron finalmente conformados cada uno por veinte adolescentes, de los cuales diez pertenecían a zona rural y diez a zona urbana; y el grupo control se conformó con dieciocho adolescentes (nueve de cada zona). El equipo de investigación de Kalina Martínez encontró que los adolescentes de zonas rurales que recibieron la intervención breve inicialmente consumian un promedio de 44 copas estándar y en los seguimientos a los tres y seis meses su consumo fue de once y cinco copas estándar, respectivamente. Los adolescentes que recibieron el consejo breve presentaron un consumo promedio de alcohol de 45 copas estándar en la línea base, catorce durante el seguimiento a tres meses y de trece copas durante el seguimiento a seis meses. Los adolescentes del grupo control consumieron 45 copas estándar en la línea base, 61 copas en el seguimiento a tres meses y 51 copas estándar en el seguimiento a seis meses. Los autores concluyeron que se observó una reducción del consumo de alcohol en los adolescentes mediante ambas intervenciones, sin diferencias significativas de la zona que habitan con respecto al grupo control.
Por su parte, en 2007, Barragán y colaboradores utilizaron una intervención breve en veinte usuarios de ambos sexos, mayores de dieciocho años, con dependencia al alcohol o drogas. Se evaluaron nueve variables: autoeficacia, precipitadores del consumo, ansiedad, depresión, rehusarse al consumo, solución de problemas, comunicación, satisfacción cotidiana y consumo, antes y después del tratamiento. La intervención incluyó el análisis funcional de las conductas de consumo y alternativa, el muestreo de abstinencia, habilidades para rehusarse al consumo, metas de vida cotidiana, solución de problemas, comunicación, autocontrol de las emociones, consejo marital, habilidades recreativas, búsqueda de empleo y prevención de recaídas. Los resultados indican que dieciocho de los veinte usuarios disminuyeron su cantidad y frecuencia de consumo al orientarse hacia la abstinencia.
El caso de México
A partir de los resultados observados en los estudios mexicanos sobre la efectividad de las intervenciones breves, en el ámbito nacional se consideró la necesidad de diseminar las estrategias y procedimientos que permiten transferir el conocimiento de la práctica basada en la evidencia a los escenarios reales, como lo señala Silvia Morales. En el caso de México se estableció la Red Nacional de Centros de Atención a las Adicciones fundamentada en intervenciones breves; sin embargo, a pesar de la amplia difusión de éstas para la atención a las adicciones, un fenómeno que no ha sido abordado es el de las características asociadas a la deserción de los programas de atención, lo cual podría repercutir de manera considerable en la eficacia de los tratamientos.
La deserción es definida como el hecho de suspender el tratamiento recomendado antes de completarlo. Uno de los factores más consistentemente relacionados con resultados favorables en el tratamiento de las adicciones es la finalización del mismo. Es decir, con la conclusión del tratamiento planeado se observa un mayor porcentaje de usuarios que alcanzan la abstinencia sostenida, bajas tasas de criminalidad, menor número de recaídas y altos niveles de empleo.
Como parte del estudio se ha analizado la encuesta del Sistema de Monitoreo de Tratamientos de Drogas del Reino Unido para comprender los factores que explican los niveles de deserción, en la cual se encontró que las personas con un nivel socioeconómico alto tienen más probabilidades de abandonar el tratamiento que aquellos de nivel bajo, pero que este efecto varía significativamente de acuerdo con la edad del individuo, es decir, mientras menor edad entonces mayor abandono; y se halló también que el resultado se modifica en lo relacionado al tipo de sustancias, ya que entre los usuarios de alcohol existen menos probabilidades de abandonar el tratamiento que entre los usuarios de opiáceos o de estimulantes. En estudios de 2015 se observó que los principales motivos de deserción de un tratamiento de adicciones en adolescentes fueron la interacción antagónica entre los usuarios y el personal de la institución, y las percepciones negativas de los usuarios sobre la conclusión del mismo o la retención de un tratamiento más largo.
En cuanto a características demográficas, el factor más relacionado con la permanencia en el tratamiento es la edad, ya que es significativamente más probable que abandonen el tratamiento los adultos jóvenes (dieciocho a veinticinco años), en comparación con los adultos de mayor edad (veintiseís o más). Esta diferencia es independiente de otras características demográficas, como la severidad del consumo.
En 2013 se revisaron estudios sobre los factores de riesgo asociados a la deserción del tratamiento de adicciones. Se buscó en siete bases de datos (medline, Psychinfo, Embase, eric, Sociological Abstracts, Cochrane e isi Web of Science) y de 3 771 estudios publicados entre los años 1992 y 2013 se seleccionaron 122 mediante criterios de exclusión, como el que la mayoría de la población tuviera una seria condición física, que la institución tomara la decisión de que se deje el tratamiento, que el objetivo fuera reducir la deserción. Esta selección incluyó 199 331 participantes en total, y se concluyó que la mayoría de los factores demográficos son irrelevantes como predictores de deserción, a excepción de la temprana edad; sin embargo se sugiere que los aspectos demográficos se deben tomar en cuenta como factores moderadores. Otros aspectos consistentes fueron la baja alianza terapéutica, la disfunción cognitiva y los trastornos de personalidad antisocial e histriónica. Los autores recomendaron incluir descripciones más exhaustivas de diseños y procedimientos, así como reportar los tamaños de los efectos de manera que sea posible la comparación.
Tomando en cuenta que la finalización del tratamiento se asocia con resultados favorables y que en México poco se sabe sobre los factores asociados a la deserción de las intervenciones breves implementadas, el estudio aquí presentado tuvo como objetivo explorar y describir las características de los usuarios de sustancias adictivas que desertaron de intervenciones breves en centros de atención de la República Mexicana. El fin es ayudar a reconocer a los participantes en diferentes programas de intervención breve que podrían estar en alto riesgo de no obtener los resultados deseados, así como a quienes necesitarían consideraciones adicionales durante su participación en los programas preventivos y evitar así la deserción en la medida de lo posible.
Breve descripción metodológica
Se efectuó un muestreo aleatorio representativo de 2 935 usuarios que desertaron de programas de intervención breve para el consumo de sustancias adictivas en instituciones públicas en Mexico (cuadro 1): 1) Intervención breve para bebedores problema; 2) Programa de intervención breve para adolescentes; 3) Tratamiento breve para usuarios de cocaína; 4) Intervención breve para usuarios de marihuana; 5) Programa de prevención de recaídas; 6) Programa de satisfactores cotidianos; 7) Intervención breve motivacional para fumadores. El promedio de edad de los participantes fue de veintitrés años. Es de destacar que la mayoría (47%) posee un nivel educativo de secundaria, 75% de sexo masculino, 70.3% predominante solteros y 47.8% tenían como actividad principal el estudio. Asimismo, 46.1% de los participantes se encontraban en el Programa de intervención breve para adolescentes, seguido por el de Intervención breve para bebedores problema con 17.5%; el que tenía el menor número era el de Tratamiento breve para usuarios de cocaína, con 3.5% de usuarios.
Como instrumento de estudio se empleó una entrevista de seguimiento del usuario, semiestructurada con cuarenta y dos reactivos organizados en dos secciones: la primera conformada por datos suministrados por el usuario en forma de entrevista (información general; patrón de consumo de alcohol, tabaco o drogas; y preguntas sobre la intervención); la segunda basada en información suministrada por el usuario en forma autoaplicada respecto de la evaluación del tratamiento, cuyo instrumento comprendía reactivos con diferentes opciones de respuesta: dicotómicas (1), con opción múltiple y única respuesta (8), preguntas con opción múltiple y múltiple respuesta (4), opciones tipo Likert (20) y respuesta abierta (9). El estudio fue de tipo exploratorio, descriptivo y transversal, y tuvo cuatro fases: 1) programación en plataforma de las instrucciones para la aplicación del instrumento; 2) selección de los aplicadores; 3) recolección de la información; y 4) análisis de resultados.
En la primera fase se diseñó el módulo de seguimiento mediante la plataforma Moodle, conformado por una breve introducción, descripción del objetivo general, desarrollo de dos temas (antecedentes y forma de aplicación del instrumento) y referencias bibliográficas.
En cuanto a los temas, en la sección de los antecedentes se explicaron las razones de realizar el seguimiento, las propuestas prácticas para llevarlo a cabo, las medidas a obtener, así como las actividades y las recomendaciones a realizar durante el mismo. En la sección de la aplicación se describió la estructura del instrumento, así como las indicaciones generales para la recolección de la información; ahí mismo se propuso un ejercicio de aplicación del instrumento a modo de práctica y un foro donde se comentaron dudas e inquietudes.
La segunda fase consistió en la selección de los aplicadores quienes, una vez ejercitada la aplicación del instrumento, colaboraron con el levantamiento del mismo en sus comunidades, seleccionando participantes de los programa de intervención breve que aparecieran como inconclusos en la base de datos.
La tercera fase consistió en la aplicación del instrumento de seguimiento en una entrevista cara a cara o vía telefónica con los usuarios, cada una de éstas duró dos horas.
La última fase consistió en capturar los datos para el análisis descriptivo mediante un programa estadístico. Como los participantes seleccionados tenían una intervención breve inconclusa fueron clasificados en cuatro grupos según la etapa de deserción: evaluación, intervención, término y seguimiento.
Los más susceptibles de desertar
Existe una relación entre estado civil, sexo, ocupación y nivel escolar de los participantes y la etapa en que dejaron de asistir (cuadro 2). La mayor parte de los que dejó de asistir era soltera y lo hizo en la etapa de intervención (40%), hombres en su mayoría (44.3%). En cuanto a la ocupación, la mayoría era estudiante y dejó el tratamiento en la etapa de término (57.8%), seguidos de quienes tenían un trabajo de tiempo completo pero que abandonaron en la etapa de evaluación (32.3%). Finalmente, por nivel escolar, la mayoría tenía secundaria (25%) y dejaron el tratamiento en la etapa de intervención.
De los participantes que lograron una reinserción escolar, la mayoría (15.4%) dejó de asistir al tratamiento en la etapa de intervención, regresando a sus estudios (cuadro 3); mientras aquellos que consiguieron una reinserción laboral, en su mayoría lo abandonaron en la etapa de intervención (17.1%).
Si tomamos como punto de análisis el tipo de sustancia consumida al momento de la entrevista, existe una mayor proporción de participantes que abandonaron el tratamiento durante la intervención que consumían alcohol, seguida de los que usaban tabaco. No obstante, cabe notar que un alto porcentaje de participantes reportaron no consumir más la sustancia de impacto por la que asistieron al tratamiento en el momento de su deserción, sea cual fuera la etapa (cuadro 4).
Mejorar los programas
Como se puede apreciar, los usuarios de los programas de intervención breve contra las adicciones que desertaron lo han hecho, en un alto porcentaje, al dejar de consumir la sustancia de impacto, y en su gran mayoría eran adolescentes que se iniciaban en el consumo de sustancias psicoactivas. Asimismo, un alto porcentaje de usuarios de alcohol mayores de edad desertaron de los programas durante la intervención. Estos datos muestran que los usuarios que han desertado de los programas de intervención breve se distribuyen de manera similar a como ha sido señalado en otros estudios en el mundo: son usuarios principalmente de nivel secundaria y bachillerato y solteros. En el caso mexicano, de manera particular, los usuarios que no concluyeron el tratamiento resultaron ser estudiantes y trabajadores de tiempo completo.
Así, nuestros datos parecen indicar que, al igual que en el resto del mundo (tal y como lo reportan Beynon, Brorson, SchumanOlivier y colaboradores en diferentes estudios), la deserción es un fenómeno caracterizado por una minoría de edad, es decir, a menor edad, mayor abandono; pero lo está también por una menor escolaridad.
Sin embargo, cabe señalar que no se conoce la manera como estas características sociodemográficas actúan sobre factores como la relación terapeutausuario, la motivación y las expectativas, entre otros. Aparentemente, tanto la condición laboral como la escolar de tiempo completo pudieran estar desempeñando un papel primordial en la toma de decisiones para abandonar un programa de tratamiento, de modo que sería fundamental que nuevos estudios describieran si las características de dichos adolescentes, tales como la motivación para asistir al tratamiento, las expectativas acerca de los resultados del tratamiento, las experiencias positivas reportadas con respecto del personal, así como su propio cese en el consumo, se encuentran asociadas con el seguir o no con el tratamiento.
Los principales motivos de deserción de adolescentes en un tratamiento de adicciones pueden estar relacionados con la alianza entre usuarios y personal de la institución, así como con las percepciones negativas que los adolescentes puedan tener sobre la conclusión del mismo y la permanencia en un tratamiento más largo. Nótese que una mayoría de los participantes desertaron del tratamiento durante la intervención, esto es, una vez superada la fase de evaluación. A partir de esto, surge la necesidad de identificar el papel mediador de las características sociodemográficas sobre factores como la alianza terapéutica, la disfunción cognitiva, la historia de consumo y el propio logro en la meta de tratamiento, a saber: la abstinencia o la reducción del consumo.
Finalmente, los resultados parecen indicar que la deserción de las intervenciones breves estuvo asociada con el hecho de haber regresado a los estudios e inclusive, en un porcentaje importante, con el cese del consumo de drogas. Sin embargo, este estudio exploratorio y descriptivo sólo permite vislumbrar vías de futuras investigaciones sobre los factores motivacionales y las características de consumo que se asocian con el termino del tratamiento por parte de los usuarios, sin la consideración de su conclusión por parte del profesional. Estudios adicionales deberán medir el nivel de dosis oportuna en los procedimientos de cambio conductual que requiere utilizar el profesional para promover en el usuario la recuperación de la abstinencia, para mantenerla e incluso para lograr recobrar un estilo de vida saludable como efecto del consejo y la intervención breve. Queda aún mucho por hacer.
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Referencias Bibliográficas
Barragán, Lydia, et al. 2007. “Modelo integral de satisfacción cotidiana en usuarios dependientes de alcohol y otras drogas”, en Salud Mental, vol. 30, núm. 3, pp. 29-38.
Beynon, Caryl M., Alison M. McMinn y Adam J. Marr. 2008. “Factors predicting drop out from, and retention in, specialist drug treatment services: a case control study in the North West of England”, en BMC Public Health, vol. 8, núm. 149. Brorson, H., et al. 2013. “Drop-out from addiction treatment: a systematic review of risk factors”, en Clinical Psychology Review, vol. 33, núm. 8, pp. 1010–1024. Chen, Gila, et al. 2015. “Why Do Adolescents Drop Out of a Therapeutic Community for People With Drug Addiction?”, en Journal of Child and Adolescent Substance Abuse, vol. 25, núm. 1, pp. 65-77. Echeverría, Leticia, et al. 2005. Manual de detección tem-prana e intervención breve para bebedores problema. unam-conadic, México. Fachini, Alexandre, et al. 2012. “Efficacy of brief alcohol screening intervention for college students (basics): a meta-analysis of randomized controlled trials”, en Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, vol. 7, núm. 40. Martínez, Kalina, et al. 2010. “Evaluación experimental de dos intervenciones breves para la reducción del consumo de alcohol de adolescentes”, en Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, vol. 36, núm. 3, pp. 35-53. Morales, Silvia. 2012. “Las habilidades metodológicas y conceptuales en el quehacer cotidiano de la ciencia del comportamiento”, en Revista Mexicana de Investigación en Psicología, vol. 4, núm. 2, pp. 126-129. Schuman-Olivier, Z., et al. 2014. “Emerging adult age status predicts poor buprenorphine treatment retention”, en Journal of Substance Abuse Treatment, vol. 47, núm. 3, pp. 202–212. Zepeda, Rafael. 2016. Características sociodemográficas en la deserción de las intervenciones breves contra las adicciones. Tesis, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Psicología, México. EN LA RED goo.gl/P5OQy3 goo.gl/SBcvdZ |
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| Rafael Zepeda Hernández Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Llevó a cabo intervenciones breves contra las adicciones desde el enfoque cognitivo-conductual y ha impartido talleres en el Centro de Prevención en Adicciones Dr. Héctor Ayala Velázquez. Está por obtener el grado de maestro en el Programa de Maestría con Residencia en Psicología de las Adicciones. Actualmente colabora en la Coordinación de Centros de Formación para la Atención e Investigación en Psicología de la Facultad de Psicología de la unam. Raúl Ávila Santibañez Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor titular c de tiempo completo definitivo en la Facultad de Psicología de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. En sus treinta y cinco años de antigüedad ha impartido más de trescientos cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Es conferencista en congresos nacionales e internacionales. Silvia Morales Chainé Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en sicología por la UNAM y sus estudios de maestría los hizo en psicología de las adicciones y los del doctorado en el análisis experimental del comportamiento. Es la responsable académica de la maestría en Psicología de las Adicciones, de la Especialización en Promoción de la Salud y prevención del comportamiento Adictivo y Coordinadora de Centros de Formación para la atención e investigación en Psicología de la misma Facultad. Ha participado en conferencias binacionales México-Estados Unidos por la Oficina del Control Nacional de drogas de la presidencia de los Estados Unidos. Es miembro del sni, nivel i. Sus líneas de investigación son el proceso de entrenamiento de recursos humanos en estrategias metodológicas-conceptuales, de la impulsividad y la propensión al riesgo en usuarios de marihuana, cocaína y tabaco y las prácticas de crianza para el cambio conductual en niños. Raúl Martín del Campo Sánchez Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Realizó su maestría en psicología de la salud con residencia en Psicología de las adicciones en la unam. Cuenta con dieciocho años de experiencia en prevención y tratamiento de adicciones. Ha laborado en el conadic. Participó en el desarrollo inicial del Modelo de los Centros de Atención Primaria a las Adicciones. De 2007 a 2011 fundó y dirigió el Instituto Mexiquense contra las Adicciones. También participó con la Universidad de Texas y la Universidad Johns Hopkins en diversas investigaciones relacionadas con el diagnóstico epidemiológico del consumo de sustancias adictivas en el Estado de México. Actualmente funge como Director General en la Comisión Nacional contra las Adicciones. |
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cómo citar este artículo →
Zepeda Hernánez, Rafael, Raúl Ávila Santibañez, Silvia Morales Chainé y Raúl Martín del Campo Sánchez. 2017. Las dificultades en el tratamiento de la adicción a las drogas. Aspectos sociodemográficos del abandono de las terapias. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 90-99. [En línea].
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| imago |
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Latinoamericano marihuano
motivo para extradición |
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César Carrillo Trueba
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| La imagen del latinoamericano marihuano, del mexicano marihuano en especial, aparece en la escena estadounidense como parte de una ofensiva de sujeción de la población de habla hispana, que crecía cada vez más en varias ciudades de los Estados Unidos exigiendo sus derechos ciudadanos. Por compartir frontera y a causa del furor que causaban allá las variedades de marihuana crecidas aquí, el mexicano fue durante largo tiempo el prototipo del latino marihuano. Crear una imagen deforme de los vecinos del sur siempre ha servido a los intereses geopolíticos, intervencionistas, de Estados Unidos, desde la Doctrina Monroe, cuando dicha nación, que se consideraba de raza blanca, caucásica, se adjudicó como misión el dominar esta región habitada por pueblos formados por “razas inferiores”. En la segunda mitad del siglo xx, Colombia vino a reemplazar a México; ser colombiano se volvió equivalente a ser narcotraficante, sospechoso, una amenaza que era preciso neutralizar a como diera lugar, incluso adentrándose en su territorio. Extraditar colombianos marihuanos era, como se aprecia en las fotos encontradas por Andrés Orjuela que aquí presentamos, lo normal para enfrentar tan terrible peligro. Colombia vivió décadas de violencia incontrolada, tal y como lo vivimos ahora en México. La paz parece llegar al fin a esas hermosas tierras, dejando atrás tiempos de angustiante oscuridad. ¿Y nosotros?, ¿lo lograremos también? La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca será un gran obstáculo para ello, uno más en la larga lista de los que se interponen día a día en cada región en donde la violencia se ha vuelto cotidiana, común, natural. Nuevamente reaparece en el imaginario estadounidense el mexicano marihuano, narcotraficante, violento, indeseable. Hay que combatirlos, dice el nuevo presidente, atajarlos con gran muro.
Ajeno a ello, de manera inexplicable, el gobierno mexicano entrega al Chapo Guzmán justo un día antes de la investidura de Trump, adelantándose como lo hicieron al invitarlo cuando era candidato y recibirlo cual presidente. Su recibimiento aquí y la extradición del Chapo son imágenes que refuerzan a quien se ha encargado de crear un clima de odio hacia los mexicanos en Estados Unidos. La del Chapo extraditado da razón a Trump; es una imagen que se erige en prueba de que los mexicanos, como lo ha repetido una y otra vez, son un peligro para los Estados Unidos. Es un apoyo para la campaña de extradición que el nuevo presidente ha venido anunciando con la boca espumeante de odio. |
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| César Carrillo Trueba Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México |
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cómo citar este artículo →
Carrillo Trueba, César. 2017. Latinoamericano marihuano, motivo para extradición. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 118-121. [En línea].
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| de la lectura |
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Lo que siempre quisiste
saber sobre marihuana y no averiguarás fumando: bibliotecas cannábicas |
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Elisa T Hernández
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Una de las razones que tiene la gente para no asistir
a una biblioteca es que actualmente la información de cualquier tema está con prontitud e inmediatez en la red, a sólo un clic de distancia (aunque a veces esto implique exponerse a datos sin filtros y equívocos); además, leyendo desde la computadora se evita el traslado en las cada vez más caóticas ciudades y las engorrosas búsquedas en catálogos. Pero los que se aventuran a visitar uno de estos recintos llenos de libros, revistas, periódicos, videos y fotografías obtienen retribuciones como el particular —y delicioso— olor a libro, el disfrute de espacios agradables y silenciosos para leer y trabajar, el acceso a publicaciones impresas —las cuales a veces no tienen soportes electrónicos— y orientación sobre qué leer, en dónde buscar y, sí, también acceso a toda la oferta electrónica y a salas digitales que algunas tienen. Cabe mencionar que el público asistente a tales recintos de lectura es diverso y muchas veces no tiene acceso a la red en casa. Cuando las bibliotecas son pequeñas, por lo regular son acogedoras y la atención suele ser personalizada. Todo esto se complementa cuando además la biblioteca a la que asistes es especializada o cuenta con salas temáticas, pues te aseguras que todo lo que quieres saber sobre cierto tema va a estar reunido en un sólo lugar y que muy probablemente la gente que atiende puede encausar tus búsquedas o recomendarte lecturas. Pero el “pilón” llega cuando ahí mismo se organizan mesas de discusión sobre la temática de tu interés.
Espacios de lectura sobre drogas Más o menos así son las bibliotecas cannábicas mexicanas: pequeñas, temáticas, acogedoras y rebosantes de actividades en torno a la discusión horizontal y sin tapujos sobre drogas. Son parásitas —como los encargados de éstas las autonombran—, pues se establecen aprovechando la infraestructura de recintos de lectura (o espacios culturales) ya establecidos; por lo que las reglas de consulta y préstamo son las de cualquier otra biblioteca pública.
En estos lugares culturales y educativos que promueven la investigación bibliográfica en materia de drogas (especialmente sobre marihuana) se puede encontrar libros, videos, revistas, periódicos y orientación; el acervo de cada una se compone de material con perspectivas múltiples sobre dichas sustancias (médica, herbolaria, ritual y espiritual, científica, de derechos humanos, alcoholismo, antropológica, de reducción de daños y riesgos, histórica, gastronómica, incluso tienen información sobre lo establecido en el Código Penal y la Constitución, etcétera). Además, la gente que está a cargo de ellas ha organizado exposiciones y congresos —junto con la Escuela Nacional de Antropología e Historia—, talleres y círculos de lectura —con la Biblioteca Vasconcelos— y observaciones en microscopio de algunas sustancias estimulantes —en espacios públicos en torno a eventos activistas como ferias y marchas—, todo con la finalidad de difundir información seria para la sociedad mexicana que, de manera general, suele estar llena de prejuicios hacia los consumidores de drogas y las sustancias mismas como consecuencia de la extendida información parcial, difusa, errónea, llena de tabúes —todo esto abonado por la omisión de tales temas en el ámbito educacional.
Con la misión de “contribuir con una relación menos violenta, más saludable y responsable de las comunidades con respecto a las drogas” la primera biblioteca cannábica de nuestro país se inauguró en julio de 2003 en el Centro Cultural La Pirámide en Ciudad de México; soportada inicialmente por la Asociación Mexicana de Estudios de la Cannabis, dicha biblioteca busca revertir la desinformación sobre el tema de sustancias estimulantes.
En México hay seis de estas fuentes de conocimiento sobre marihuana y otras drogas legales e ilegales, y son libres y gratuitas; cabe destacar que ninguna de estas bibliotecas o asociaciones promueven el uso de ninguna sustancia, simplemente quieren reducir el estigma, la discriminación y la extorsión que sufren los usuarios, cubriendo el vacío de información existente. Actualmente, estos recintos cuentan con setecientos documentos para consulta.
Se sostienen de donaciones de material bibliográfico, de donativos monetarios, cuentan con un programa de voluntariado y cuando imparten talleres reciben retribuciones económicas; además, junto con el Colectivo por Una Política Integral Hacia Las Drogas generaron la Guía legal de derechos de usuarios de drogas, que se puede encontrar en la red (goo.gl/EjVOJd) y por la cual recibieron una gratificación. De igual modo, para obtener recursos impulsaron el periódico La Dosis, en el que se distribuye información “para la comunidad psicoactiva”, aunque actualmente la publicación es independiente.
La lógica de la gente que dirige estos acervos es que mientras se siga negando la existencia de los consumidores se sigue fomentando el tabú hacia las sustancias estimulantes, consecuentemente esto genera información limitada que puede poner en riesgo la salud y la integridad de los usuarios. La atractiva propuesta y la notoriedad del trabajo de estos espacios de educación en México ha sido tal, que inspiraron el establecimiento de una biblioteca cannábica en Montevideo, Uruguay, en 2014.
Una máxima de la biblioteconomía reza: “cada libro tiene su lector y cada lector tiene su libro”; de modo que el acervo de una sociedad a la que le urge debatir sobre temas de salud, de descriminalización sobre el uso de drogas, de reducción de daños y de derechos humanos, de responsabilidades individuales y comunales, y en donde la información amarillista rebosa y el silencio del consumo nos ensordece, debe ser tan amplio y dotado de herramientas como el que hay en las bibliotecas cannábicas.
Tal y como versa su cartel de bienvenida: aquí encontrarás lo que siempre quisiste saber sobre marihuana y no averiguarás fumando.
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| Agradecimientos A Carlos Zamudio Angles, director de la Biblioteca Cannábica del Centro Cultural La Pirámide, por la entrevista que refrescó este texto. En la red goo.gl/ipPkT3 goo.gl/h0vkj6 goo.gl/5k8LFS goo.gl/Fjf7zV goo.gl/u4cFmT goo.gl/HbLV5z goo.gl/ODfTeV goo.gl/6TXhxt goo.gl/GQQ8oL |
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| Elisa T Hernández Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. |
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cómo citar este artículo →
Hernández, Elisa T. 2017. Lo que siempre quisiste saber sobre la marihuana y no averiguarás fumando: bibliotecas cannábicas. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 52- 54. [En línea].
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| Herminia Pasantes |
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La reunión de la United Nation Special Session of the General
Assembly sobre política de drogas en 1998 tuvo como lema de trabajo: A world without drugs we can do it (Un mundo sin drogas, ¡podemos lograrlo!). Dieciocho años después, está claro que no pudimos hacerlo. Una postura inteligente y realista sobre el tema fue la expresada por Kofi Annan, entonces secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, afirmando que un mundo sin drogas es una utopía; aseveración sin duda cierta. La humanidad ha buscado desde siempre experimentar estados de ánimo alterados, ya sea mediante situaciones arriesgadas, aventuras descabelladas o descubriendo en la naturaleza fuentes variadas para transformar una vida regida por una cierta lógica cotidiana en momentos de exaltación que evadan la rutina. En hongos, biznagas, árboles frondosos, flores, frutos y arbustos exuberantes, el humano ha encontrado aquello que impacte su cerebro y pueda cambiar su realidad, aun sea sólo momentáneamente.
Tratar de constreñir este deseo natural del ser humano es atentar contra la libertad individual. A todo adulto debe respetársele su capacidad de decidir la manera en la que quiere enriquecer o modificar su realidad personal. Cualquier restricción a este derecho constituye un paternalismo inaceptable que menosprecia y ofende la capacidad de un razonamiento intelectual ejercido en plena libertad. Éste fue el principio regidor de la resolución adoptada por la Primera Sala de la Suprema Corte al otorgar un amparo a cuatro adultos para poder cultivar marihuana para su consumo personal.
El deber de un gobierno no es prohibir sino informar. Para ello, en este caso, es indispensable que se organice una red de investigadores en neurociencias que analice críticamente los resultados que continuamente se generan con el fin de constituir un cuerpo asesor, capacitado y actualizado, que provea al gobierno la información que debe transmitir a los individuos con elementos para ponderar su decisión. Esta información debe ser estrictamente objetiva, sin sesgos de ninguna naturaleza, ni posturas individuales o de grupo. Ciertamente no es una tarea fácil, ya que la ciencia no es inamovible y los resultados de hoy pueden ser cuestionados mañana. Varios ejemplos relacionados con los efectos de la marihuana en el cerebro ilustran esta situación.
Investigaciones sobre los consumidores
En estudios en adultos consumidores de marihuana, tanto moderados como crónicos, a partir del hecho de que en algunas zonas en el cerebro relacionadas con el proceso intelectual se observa un decremento en las neuronas y en las conexiones, se examinó su capacidad para resolver problemas. Sin embargo, en las pruebas cognoscitivas los resultados fueron similares entre usuarios y no usuarios, un resultado que parecía difícil de explicar. El desarrollo de técnicas de resonancia magnética nuclear, midiendo la anisotropía de las conexiones entre las zonas cerebrales a cargo de esas funciones, permitió mostrar que si bien había habido un decremento en algunas conexiones, las restantes habían incrementado su efectividad, compensado así la deficiencia. Éste es el tipo de abordajes y resultados que hacen que las investigaciones científicas se pongan continuamente a prueba.
Si bien no se cuestiona en ningún momento la libertad de los adultos para tomar una decisión informada sobre el uso de la marihuana, los adolescentes deben situarse en un grupo aparte por la razón primordial de que su cerebro no ha terminado el proceso de maduración, en especial en las áreas de percepción de riesgo y toma de decisiones. Si a esto se suma el que los endocannabinoides desempeñan un papel clave en la maduración cerebral se entiende el riesgo que entraña el alterar este sistema con agentes externos como la marihuana, que actúan justamente sobre este sistema. Los estudios con adolescentes —por varias razones— son más difíciles de llevar a cabo con el rigor propio de la investigación científica. De entrada, no es sencillo integrar grupos que sean consumidores casi exclusivos de marihuana; el consumo de alcohol y tabaco está muy extendido en este grupo, de modo que la interpretación de los resultados exige considerar estos elementos que a menudo confunden el análisis. Por otra parte, la adolescencia es un periodo caracterizado por una gran turbulencia emocional que altera precisamente las zonas en las que la marihuana ejerce sus efectos. Es por ello que los reportes sobre posibles acciones de la marihuana en dicho grupo siempre encuentran este tipo de limitaciones, propias de su estudio, así como resultados controvertidos.
La adicción
El problema con la marihuana, como en todas las drogas, es la adicción. El adicto ha perdido su libertad y se ha convertido en esclavo de su propio cerebro. No obstante, en los adultos existen datos muy sólidos que indican que sólo 9% de los consumidores se vuelve adicto. Por desgracia este porcentaje es mucho más alto en el caso de los adolescentes, sin duda relacionado con la inmadurez de su cerebro a esa edad; los datos varían entre 17% y 30%, lo que representa un verdadero problema.
En relación con este tema hay muchas preguntas sin resolver: ¿por qué algunos usuarios se vuelven adictos y otros no?, ¿por qué unas drogas son más adictivas que otras?, ¿por qué el síndrome de abstinencia es también muy distinto entre las diferentes drogas? Por ejemplo, en los consumidores de heroína y morfina el síndrome de abstinencia es devastador porque conlleva, además de las sensaciones de ansiedad y profunda disforia, una serie de síntomas físicos que incluyen predominantemente la generación de dolor intenso. En el caso de la marihuana, la abstinencia en los adictos les produce ciertamente un cuadro de ansiedad, irritabilidad y nerviosismo, pero nunca al grado de que el adicto tenga que salir a la calle a conseguir la droga a como dé lugar, robando o asesinando si es necesario.
En este momento, en mi opinión, habría que implementar una campaña de información por todos los medios posibles, alertando a los adolescentes y a sus padres sobre los peligros que entraña el consumo de la marihuana a esa edad, poniendo énfasis en el peligro de que se conviertan en adictos, pero indicándoles al mismo tiempo los lugares a los que pueden acudir para tratar este problema.
Desinformación
Existe el temor, derivado de la desinformación, de que la regulación de la marihuana —no legalización—, va a derivar en un aumento en el consumo o que será la puerta para el uso de drogas más potentes. Ciertamente los más interesados en incrementar el número de consumidores y de ampliar su mercado son los criminales. Ellos tienen un interés clarísimo por diversificar el mercado y su estrategia consiste en que a los jóvenes que acuden a comprar marihuana les regalan un par de pastillas que aseguran los llevará a experimentar sensaciones espectaculares. Así que una campaña de información que alerte acerca de las consecuencias que tienen otros tipos de drogas (muchas veces adulteradas y verdaderamente peligrosas) sería un elemento más para ser ponderado en el momento de tomar una decisión.
La desinformación también lleva a pensar que los jóvenes de las comunidades urbanas marginadas, los jóvenes que viven en la calle y que muestran claramente signos de intoxicación, son consumidores de marihuana. Esto por desgracia no es así. En esas comunidades el consumo prevalente es el de los inhalables, drogas fáciles de obtener —hasta un menor de edad puede ir a comprarlos en un establecimiento comercial— que son baratas y con ellas no se corre el riesgo de ser detenido ni extorsionado por la policía. En una palabra, su consumo es legal, pero a diferencia de la marihuana que no causa muerte neuronal, los inhalables producen un daño generalizado e irreversible porque su efecto se ejerce sobre la membrana de las neuronas que está formada por una capa de lípidos que los inhalables son capaces de disolver; éstos son precisamente solventes de grasas, que alteran la integridad y la funcionalidad de las células nerviosas. Yo no dudaría en afirmar —considerando el daño al cerebro— que es mil veces preferible que esos jóvenes siembren plantas de marihuana en el traspatio o en las azoteas a que vivan bajo el influjo de los inhalables.
Recientemente escuché en la radio la noticia de que un estudio realizado en jóvenes de la ciudad de México mostraba un incremento en el consumo de marihuana y una reducción en el uso de inhalantes. La noticia no puede ser más alentadora, otra vez desde el punto de vista de las neurociencias y del daño cerebral.
Salud pública
En el tema de la salud pública se menciona reiteradamente que el consumo de drogas es un problema importante, que no hay los recursos para atender a los miles de adictos que se generarían si las drogas fueran legales. Particularmente en el caso de la marihuana yo disiento por completo de esa afirmación. Quienes consumen marihuana no son enfermos, simplemente están haciendo uso de su predilección por obtener satisfacción, igual que otros pueden obtenerla comiendo una garnacha o una torta de tamal, decisión que sí redunda en un grave problema de salud pública en México. En tanto no presenten adicción, los usuarios de la marihuana son individuos sanos que no tienen que usar camas en un hospital o distraer las horas que los médicos dedican a atender los verdaderos padecimientos; y los que sí presentan adicción a la marihuana tampoco requieren ser hospitalizados, sólo si lo deciden o si lo consideran necesario pueden acudir a un profesional específico, que puede ser un psicólogo con orientación biomédica. Un problema de adicción a la marihuana en los adolescentes generalmente concurre con otro tipo de situaciones difíciles de manejar cuya atención debe considerarse de manera integral.
Es necesario señalar que la adicción a otras drogas más potentes sí puede requerir un tipo de atención de otro nivel, como el que ya se otorga en algunos países.
Regulación y descriminalización
Lo que sí representa un verdadero problema de salud pública es el resultado del combate al narcotráfico. Se dice que la regulación de las drogas no terminaría con el problema del crimen organizado; eso es cierto. Sin embargo, ninguna de las otras actividades criminales como la extorsión, el secuestro y la trata de personas aporta los beneficios económicos a los criminales que les proporciona el mercado de drogas ilícitas. Estas inmensas ganancias son las que le otorgan a los criminales su enorme capacidad monetaria para corromper gente y llega a penetrar a todos los niveles de la organización política.
Un error común en el pensamiento general de la sociedad mexicana es que se habla de la legalización de la marihuana. Esta opción no se ha considerado en ningún momento, más bien se habla de regulación controlada por el Estado. Recomiendo a los lectores que revisen la iniciativa propuesta por el senador Roberto Gil que encontrarán en la red (goo.gl/BTgeK1), en la cual propone una serie de medidas muy atinadas para implementar la regulación. La iniciativa contempla la posibilidad de asociaciones o cooperativas de producción, se propone un instituto que esté bajo el control del Estado y que funcione como un órgano regulador del mercado, desde la producción hasta la venta o suministro. Se propone que sea el Estado el comprador de toda la producción y sea el único proveedor para los usos permitidos por la ley. En la iniciativa también se propone la descriminalización del consumo de la marihuana.
Con base en las investigaciones científicas, no existe absolutamente ninguna razón para que se considere al consumidor de marihuana como un delincuente al que hay que castigar. Resulta un total despropósito, desde cualquier ángulo, que quien consuma marihuana deba ir a la cárcel. Se dice que no se está penalizando el consumo sino el tráfico, es decir, el obtenerla para consumirla. Es por ello que quienes solicitaron el permiso para consumir, simultáneamente pidieron el permiso para cultivarla con propósito de consumo personal. Éste es un planteamiento de lógica impecable que se contrapone con la desatinada perspectiva de la autoridad que permite la posesión y el consumo pero no la adquisición, porque ésta, en efecto, requiere inevitablemente llevar a cabo el contacto con quienes regulan el mercado actualmente, que son los criminales.
Actualmente se aduce que ya está permitida la posesión de una cierta cantidad de la planta que no rebase cinco gramos. La iniciativa del presidente Peña Nieto propone incrementar el gramaje permitido a veintiocho gramos, pero más importante que esto es que despenaliza la posesión hasta esta cantidad. De aprobarse esta iniciativa, la posesión de marihuana ya no sería un delito y la policía no tendría poder para detener a quienes la posean hasta este gramaje. Con esta iniciativa desaparece la plaga de la extorsión de la policía y la corrupción en el ministerio público, que es en donde se define si el sospechoso cometió un delito por llevar algo de marihuana consigo. Entre los jóvenes es sabido que no importa la cantidad que porten, ésta se multiplicará misteriosamente en la sede del ministerio público. Esta iniciativa elimina también la pesadilla de los padres que acuden al ministerio público para evitar por todos los medios que sus hijos vayan a la cárcel. Algunos, los que tienen los recursos, lo consiguen, pero otros no.
La aprobación de esta iniciativa debe acompañarse de una amplia campaña en los medios para que usuarios y policías conozcan los alcances de la ley. La limitante importantísima de esta iniciativa es que para conseguir los veintiocho gramos hay que acudir a los criminales ya que no se permite el cultivo de la planta para uso personal.
La iniciativa de Peña habla de permitir el uso de la marihuana medicinal. Las plantas de cannabis tienen numerosos cannabinoides, con distintos efectos. El delta-9-tetrahidrocannabinol es el principal componente que genera los efectos psicoactivos y el cannabidiol, que es el que más frecuentemente se usa con fines médicos, no los presenta.
Finalmente De aprobarse la iniciativa de Peña sin aprobar el cultivo de la planta para fines médicos o de investigación, los pacientes y los médicos tendrían que recurrir a la importación de cápsulas con cannabidiol. Si el interés es tratar los padecimientos con toda la planta se tendría que comprar importada de países como Estados Unidos, en donde la siembra para uso medicinal está permitida o bien obtenerla con los criminales. Lo mismo ocurre para la obtención de la marihuana con fines de investigación científica. La iniciativa de Peña no da otra salida y deja clara la deficiencia en la concepción integral del tema y en las medidas que se pretenden adoptar. Estos argumentos serán los que deban discutir los integrantes del Congreso para definir si aprueban una iniciativa integral o persisten en una visión miope y limitada del problema. La decisión está en sus manos. |
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| Herminia Pasantes Instituto de Fisiología Celular, Universidad Nacional Autónoma de México. Investigadora emérita de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Es líder en el tema de la regulación del volumen en el cerebro. Asimismo tiene una trayectoria de más de cincuenta años de investigación, docencia y divulgación en temas de neurobiología. |
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cómo citar este artículo →
Pasantes, Herminia. 2017. Marihuana y cerebro. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 4-11. [En línea].
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| de la solapa |
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Marihuana y salud
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Coord. Juan Ramón de la Fuente.
Fondo de Cultura Económica. México, 2015. |
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Durante los primeros meses de 2013, la Academia
Nacional de Medicina y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Seminario de Estudios sobre la Globalidad, decidieron emprender una revisión sistemática sobre un tema tan complejo como controvertido: la relación que existe entre la marihuana y la salud. A lo largo de veinte meses, el seminario organizó numerosas reuniones de trabajo, simposios, coloquios, discusiones con expertos nacionales e internacionales, y sus integrantes participaron en diversos foros y reuniones de carácter científico y social. Simultáneamente, se inició una revisión cuidadosa de la literatura, se discutió con rigor la naturaleza y la trascendencia de múltiples publicaciones y se definieron los temas que deberían formar parte del documento que, a manera de informe, pudiera presentarse ante la comunidad médica y los sectores sociales interesados en el mismo, para su análisis y difusión.
Después de someter a un escrutinio exhaustivo los variados textos que fueron surgiendo, como resultado de cada uno de los temas que se habían analizado y discutido a profundidad, se pensó en la posibilidad de que dicha información se presentara de manera didáctica, de tal suerte que los interesados pudieran tener una visión de conjunto que incluyera desde los aspectos más básicos (referentes a los conceptos celulares y farmacológicos), hasta sus implicaciones culturales, sociales y legales, sin perder su objetivo central: los aspectos clínicos en su dimensión biológica, psicológica y antropológica con un enfoque preventivo, diagnóstico y terapéutico.
Cannabis sativa es el nombre de una planta milenaria, cuyo consumo humano en diversas modalidades y con propósitos disímbolos ha llamado poderosamente la atención a lo largo de los años. Usada con fines rituales, recreativos o medicinales, ha sido lo mismo sacralizada que criminalizada y, en los últimos años, se ha convertido también en motivo de numerosas investigaciones que han ido descubriendo, de manera paulatina, los secretos que subyacen en esta planta que contiene decenas de sustancias químicamente activas, capaces de interactuar con muy diversas estructuras moleculares de distintos aparatos y sistemas del organismo.
La magnitud, las tendencias y los factores asociados al consumo de marihuana tanto en México como en el mundo deben conocerse con objetividad, analizarse con rigor y asumirse como verdades transitorias, porque muy probablemente seguirán evolucionando en un sentido o en otro durante los próximos años. Los efectos de su consumo son múltiples; por supuesto que algunos pueden ser nocivos, sin embargo, cada vez hay menos dudas de que, en determinadas circunstancias, las sustancias conocidas genéricamente como cannabinoides pueden ser también potencialmente benéficas.
En todo caso, la perspectiva científica (que ha inspirado el trabajo del grupo del seminario y es la que deseamos transmitir a través de estas páginas) nos ha permitido aproximarnos a los aspectos fundamentales del fenómeno con objetividad, sin prejuicios, con el propósito de entender y no con el afán de juzgar, los aspectos socioculturales de un fenómeno de tal complejidad.
Así como las ciencias básicas son fundamentales para conocer la Cannabis y sus efectos en el organismo, las ciencias sociales nos permiten dimensionar las consecuencias de su consumo en el contexto del individuo y su comunidad; es decir, de la persona y de la interacción de ésta con su sociedad, bajo patrones culturales diversos. Y puesto que se trata de un proceso complejo (que puede llegar a ser patológico en algunos caos, pero no en todos), tanto la información como la educación, así como la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, se convierten en fundamentos necesarios para la aproximación sensible y rigurosa que el tema demanda.
Los resultados de los trabajos del seminario se han expresado en distintas formas. Las discusiones académicas tanto nacionales como internacionales que hemos promovido, y en las que hemos participado activamente, han tenido un impacto favorable en la opinión pública, toda vez que en sectores crecientes de la población se ha diseminado información más objetiva y veraz. En el ámbito científico, el dinamismo de la investigación y la demanda por conocer mejor sus hallazgos y aprender a interpretarlos con un enfoque multidisciplinario e integral nos llevó a organizar un diplomado en la Facultad de Medicina de la unam, el primero en su género, que ha tenido, por cierto, una respuesta muy estimulante no sólo de parte de los estudiantes, sino también de los profesores.
Este volumen rebasó nuestras propias expectativas al convertirse cada vez más en una monografía que refleja el “estado del arte” de un tópico que es de interés para la ciencia y para la medicina, pero también para la sociedad. Imposible habría resultado no haber seguido adelante. Lo que se pensó en un principio como un “reporte técnico” adquirió, de manera progresiva, una fisonomía diferente.
Por ser un tema de actualidad y que seguramente permanecerá en la agenda pública durante buen tiempo, confiamos en que este volumen contribuya a entender mejor la fascinante interacción entre el ser humano y la naturaleza; entre la marihuana y la salud; entre su consumo recreativo y la adicción; entre su consumo ocasional, el abuso patológico y su uso potencialmente terapéutico.
Marihuana y salud: de la molécula al entorno social. ¿Qué nos dicen al respecto las ciencias biomédicas y las ciencias sociales? ¿Qué sabemos desde el punto de vista clínico? ¿Hasta qué grado estamos frente a una sustancia medicinal o frente a una droga de abuso?
Algunas respuestas a estas y otras preguntas podrán encontrarse en los diversos capítulos de este volumen que forzosamente deberá actualizarse de manera continua en los próximos años.
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| (Fragmentos de la Introducción) |
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| Juan Ramón de la Fuente |
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cómo citar este artículo
De la Fuente, Juan Ramón (Coordinador). 2017. Marihuana y salud. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 146-147. [En línea].
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| bibliofilia |
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Para discutir sobre drogas
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Itzel Avila
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En el caso de las discusiones acerca las drogas se
involucran diversos puntos de vista, pasiones, filias y fobias que complican el entendimiento del panorama actual respecto a estas sustancias. Las últimas décadas han sido testigo de acalorados debates, legislaciones y políticas públicas a nivel internacional sobre el uso de las drogas, sin embargo, en muchas ocasiones pareciera que se presencian diálogos de sordos, colocados en diversos niveles de interés y posturas pero sin sustrato común, especialmente conceptual, del cual partir para una mejor comprensión del fenómeno actual. Se presenta así la necesidad de encontrar puntos en común que partan de consideraciones básicas, que permitan desapasionar las posturas dentro de este tema para poder emprender discusiones y en todo caso acciones. Para ello resulta sumamente pertinente y atinado el trabajo de Antonio Escohotado, filósofo español, quien ha dedicado una parte importante de su trabajo a abonar a la conceptualización de las drogas a partir de abrir camino para formarse conceptos en lugar de dogmas o mitos, para lo cual propone atender a la génesis de las sustancias psicoactivas, a la historicidad de lo que llama “ebriedad” y a su conexión con el contexto actual.
En sus libros Historia de las drogas I y II, que se pueden considerar obras de referencia casi obligada sobre el tema, el autor se adentra en la historia y la fenomenología de las drogas con una visión novedosa y crítica. Si bien la literatura en torno a las drogas es muy amplia, Escohotado se propone sentar bases y elementos para contribuir a la desfanatización de la toma de posturas con una actitud sistemática y científica, en la cual se deslinden “experiencia y prejuicio, dato cierto y suposición” y que sea documentada para permitir así la reflexión crítica con algún conocimiento de causa.
Destaca la propuesta del autor de apelar a la historia de las drogas para comprender cómo es que nuestra civilización se ve sumamente afectada por plantas cuya existencia es tan remota, siendo que estas mismas han sido utilizadas por las grandes culturas a lo largo del tiempo. Considera que las drogas han ido determinando una gran variedad de comportamientos, concepciones e incluso instituciones, por lo cual la historia particular de la ebriedad constituye una parte fundamental de la historia de la humanidad que muy poco se ha atendido.
Pasa revista Escohotado en esta obra a milenios de uso festivo, terapéutico y sacramental de las drogas, desde las antiguas civilizaciones, la época de los monoteísmos (principalmente del cristianismo y del islam), para continuar con el paso a la modernidad y de los estados teocráticos a los de bienestar, y termina el repaso con la consideración de que “los vehículos de la ebriedad se convirtieron en una destacada empresa científica”, lo que llama una “cruzada farmacológica”. Esta visión histórica de génesis y desarrollo de la ebriedad obedece a la búsqueda de bases sólidas para abordar y comprender el “cuadro actual de dramática realidad”.
Hoy en día, señala el autor, enfrentamos tasas nunca antes vistas de “envenedados por adulterantes”, nuevas drogas, cantidades enormes de detenidos, encarcelados y ejecutados cada año, especialmente a partir de la “cruzada farmacológica”, es decir, de la “guerra contra las drogas”. Esta cruzada se emprende con el criterio de que cualquier sustancia psicotrópica lesiona al usuario y a la sociedad, por lo que habría que proteger al individuo de su consumo, protegerlo de sí mismo.
Finaliza el autor su Historia de las drogas con una revisión de casi un centenar de sustancias psicoactivas (crack, opio, bebidas alcohólicas, tranquilizantes, lsd, heroína, éxtasis, cocaína, marihuana, café, somníferos, etcétera), de las cuales sopesa tres elementos: margen de seguridad, coste psicofísico y tolerancia, ya que valora que son la parte material o cuantificable de su efecto. Dicha revisión de sustancias obedece a un esfuerzo por examinar conceptos y modalidades de uso, pues aunque son sustancias determinadas, las pautas de su administración dependen de cómo son vistas en cada tiempo y agrega que las condiciones de acceso a su consumo son al menos tan decisivas como lo consumido.
Este libro, y las intenciones del autor, se complementan con su texto La cuestión del cáñamo cuya finalidad es replantear las relaciones que se mantienen desde hace décadas con algunos derivados del cáñamo, cabe aquí recalcar que habla desde el contexto y la experiencia de España pero con pretensiones más globales. Para ello revisa las condiciones en países como Holanda, Estados Unidos y Marruecos, para luego pasar a sus consideraciones y propuestas de viabilidad de algunas medidas para el caso específico español. Finaliza con tres apéndices, uno jurídico, otros histórico en el que apunta una breve historia del cáñamo como droga desde las primeras noticias hasta la década de los sesentas y un tercero en el que describe someramente algunas técnicas domésticas de cultivo.
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| Itzel Avila Historiadora independiente. |
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cómo citar este artículo →
Avila, Itzel. 2017. Para discutir sobre drogas. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 100-101. [En línea].
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| Fany Pineda Miranda |
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El uso recreativo y medicinal de sustancias psicoactivas
ilegales, como la marihuana, es un tema que en los últimos meses ha sido muy recurrente. Actualmente se busca un cambio que vaya de la perspectiva punitiva que vivimos a una de salud que lleve a la resolución de tal problemática. La idea es dejar de lado la estigmatización y criminalización de las personas usuarias de sustancias ilegales para lograr integrarlos al sistema de salud. El Programa de análisis de sustancias es una herramienta de reducción de riesgos y daños para que las personas usuarias tengan consumos menos riesgosos, que está basado en el respeto a los derechos humanos y provee información fundamentada en evidencia científica que ayuda a la mejora de la salud sin necesidad de dejar el consumo. Los estudios etnológicos demuestran que el consumo de sustancias psicoactivas data de hace millones de años en diferentes pueblos del mundo. Antiguamente se ingerían productos vegetales, como el peyote, que son capaces de provocar cambios psicológicos y sensoriales debido a los alcaloides contenidos en las plantas y sus raíces, en su mayoría usados para efectos medicinales y como un acercamiento a los dioses. Además, ciertas sustancias han sido una fuente de nutrición, contra el hambre, para recuperarse de la fatiga o para reponer neurotransmisores en situaciones de escasez de comida, para viajar largas distancias o mantenerse en buen estado.
Los principios activos de distintas especies vegetales tienen semejanzas estructurales con los neurotransmisores humanos (serotonina, dopamina, norepinefrina, acetilcolina, histamina, etcétera), las cuales explican sus efectos en el cerebro y la mente. Las plantas psicoactivas no han cambiado; sin embargo, las prácticas de uso sí. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes químicos miméticos y análogos —con similares efectos en el sistema nervioso central— que actualmente se venden sin importar las restricciones políticas.
Como parte del sistema económico en el cual vivimos, la popularización del uso de drogas en el mercado aumentó los índices de consumo de sustancias psicoactivas, convirtiéndose así en parte de la relación entre las personas y las plantas o sustancias. Sin embargo, éstos han sido tomados como motivos para crear campañas antidrogas basadas en prejuicios y estigmas hacia ciertos grupos poblacionales por motivos étnicos y raciales. La prohibición de las drogas se mostró como una efectiva estrategia de control social, racial, económico y geopolítico. Cuando esta línea política llegó a la Organización de las Naciones Unidas, se estableció el sistema internacional de fiscalización que hoy día delimita el marco legal internacional en la implementación mundial de la prohibición. Ante la dificultad de establecer una prohibición sobre prácticas culturales y sociales arraigadas se declaró la guerra contra las drogas, como la llamó Nixon en 1971.
Estigmatización
En general, las personas piensan que las sustancias psicoactivas legales tienen un menor potencial de riesgo que las ilegales, pero no es así, de hecho son sustancias potencialmente más dañinas y más consumidas. La legalidad y la información insuficiente de los daños y los efectos de las sustancias favorece el que la sociedad estigmatice tanto las sustancias ilegales como a las personas usuarias.
La estigmatización, la criminalización, la falta de evaluación de la problemática, el no proceder acorde con lineamientos internacionales y nacionales ocasionan que la impartición de los servicio de salud se base, algunas ocasiones, en protocolos rígidos que afectan su efectividad, ya que no proporcionan el tipo de atención acorde con el nivel de severidad de las necesidades particulares de cada problemática. Esto genera que se corra el riesgo de impartir un tratamiento de menor o mayor intensidad a la que se requiere, perdiéndose entonces efectividad terapéutica; afectándose la recuperación y el fortalecimiento y mantenimiento de la abstinencia debido a que se obstaculiza la reinserción social y la rehabilitación en diferentes áreas del funcionamiento integral de la persona usuaria.
Abordar el consumo de sustancias psicoactivas con una filosofía de reducción de riesgos y daños permite tratar las drogas de una manera neutral, y ayuda a determinar cuál es la relación de la persona con la sustancia para desarrollar formas y estrategias de reducción de los impactos negativos derivados de las prácticas de uso y de las dinámicas socioculturales o, incluso, en caso de necesitarse y solicitarse, de apoyo en la interrupción del uso. Esta estrategia busca dotar a la sociedad de información de calidad que ayude a educar y tomar una mejor decisión al hacer uso de sustancias psicoactivas. El respeto a los derechos humanos es fundamental para enfrentar la realidad del consumo, pues las personas usuarias se sienten respetadas y esto puede acercarlos al sistema de salud.
La reducción de riesgos y daños parte del principio de que no todo uso es abuso. Por ejemplo, una persona que consume ocasionalmente alcohol, la cual podría definirse como bebedor social, no necesariamente tiene un problema con el uso de alcohol. Por este motivo se hace referencia a las diferentes facetas de consumo que se mueven en un continuo de prácticas de uso: abstinente, uso experimental, uso ocasional, uso habitual (repetido) y dependencia. Las personas suelen transitar entre éstas sin necesariamente presentar una problemática física o social, por lo que es necesario educar e informar a las personas usuarias para así dotarles de herramientas y evitar que se desarrolle un uso problemático o dependiente con prácticas riesgosas y dañinas para la sociedad y el usuario mismo.
Según la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, el alcohol es la sustancia más consumida, pero el consumo de sustancias ilegales ha aumentado y los adolescentes las utilizan cada vez más. La perspectiva prohibicionista en la que se busca la asepsia psicoactiva por medio de argumentos científicos insuficientes y con tintes morales no ha disminuido la prevalencia en el consumo ni ha frenado el incremento de la dependencia.
Para mejorar la salud de las personas usuarias de sustancias psicoactivas, en específico de aquellas que son ilegales, es fundamental cambiar la óptica, abordando el fenómeno desde un enfoque de salud pública y ofrecer alternativas con una perspectiva humanista, progresista, basada en el respeto a los derechos humanos y partiendo de la premisa de que el uso de sustancias psicoactivas existió, ha existido y existirá.
La ilegalidad ha provocado un letargo en la investigación científica por ejemplo los prejuicios disfrazados de conceptos científicos y la carga moral que ha orientado las políticas públicas no permiten generar información científica acerca de las nuevas sustancias psicoactivas, aun cuando existe un alto consumo de éstas. La creencia de que el consumo debe ser castigado ha afectado en una baja calidad de los casi nulos programas de salud que estén apegados a la realidad del consumo de sustancias, lo que es un riesgo significativo para las y los consumidores, ya que no existen acceso a otras opciones de salud.
Además, la ilegalidad de las sustancias aumenta el riesgo para la persona usuaria porque no existe control de calidad en la manufactura y en la mayoría de los casos las personas no saben realmente qué sustancia están comprando y es difícil conseguir algún tipo de asesoría o información dirigida los usuarios.
Un ejemplo reciente de las malas políticas frente al surgimiento de nuevas sustancias psicoactivas es lo sucedido en Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina, donde en un festival de música se reportó la intoxicación de diez personas por consumo de “drogas de diseño” similares al éxtasis y algunos fueron internados por quemaduras internas (producto de altísimos estados febriles). El saldo fueron cinco jóvenes muertos y cinco hospitalizados a causa de la sustitución y adulteración de sustancias psicoactivas en el mercado clandestino. Los hospitales y clínicas de salud y su personal no están capacitados para atender en forma diferenciada a las personas que han hecho uso de sustancias psicoactivas, además de que en la mayoría de los países el procedimiento es primeramente notificar a la policía.
Al respecto, el Consejo Municipal de Rosario, Argentina, aprobó por unanimidad un decreto que recomienda poner en marcha estrategias de intervención para la reducción de daños por el consumo de drogas en las fiestas electrónicas, como son el análisis químico de pastillas para confirmar las sustancias que contiene la muestra que se va a consumir y descartar alguna sustancia más tóxica (es el caso de la pastilla conocida con el nombre de Superman, probable causante de las intoxicaciones en Costa Salguero, que ha sido rastreada en varios accidentes letales que involucran el consumo de sustancias psicoactivas). Este tipo de herramientas de reducción de riesgos y daños ya se implementan actualmente en países como Colombia, España y México, en donde se está probando el Programa de análisis de sustancias.
Una alternativa al modelo de prohibición
El Programa de análisis de sustancias ofrece una alternativa al modelo de prohibición, abstención y guerra contra las drogas como únicas estrategias para enfrentar su uso, y está basado en reconocer las diversas realidades del uso de plantas y sustancias ilícitas, buscando reducir los riesgos y daños del consumo, dotando a las personas usuarias de información sobre el contenido de las sustancias. Es un servicio gratuito, confidencial y libre de prejuicios, que no exige la interrupción del uso y constituye una estrategia innovadora que busca mejorar la salud con información que ayude a modificar los hábitos de consumo, volviéndolos menos riesgosos y disminuyendo los daños en cada consumo. Las personas usuarias difícilmente tienen contacto con algún sistema de salud y estos servicios suelen estar condicionados al cese del consumo. El Programa de análisis de sustancias no pide la interrupción del uso como requisito para brindar atención y provee a las personas usuarias de información neutral y basada en evidencia científica que las ayuda a la toma de decisiones para mejorar su calidad de vida.
Se trata, en el fondo, de una estrategia de prevención y reducción de riesgos y daños implementada por un equipo profesional de asesores que cuentan con un amplio conocimiento de efectos y riesgos de las sustancias psicoactivas, quienes ofrecen un asesoramiento en forma personalizada y adaptada a los intereses y objetivos de la persona que lo solicita. La orientación tiene una perspectiva de respeto a los derechos humanos, empatía y comprensión, además de la aceptación de la persona y su consumo, respetando su autonomía, así como la legitimidad de sus decisiones y deseos personales. La intervención se da en un ambiente entre pares, ya sea en un lugar fijo o en espacios de consumo como festivales y conciertos.
La intervención en festivales de música in situ consta de: 1) infostand, que es un espacio donde se exponen materiales con información objetiva basada en evidencia científica de dieciocho sustancias psicoactivas diferentes, sin tintes morales o paternalistas; a éstos se suman las guías legales para personas usuarias de drogas, condones, lubricantes y popotes para esnifar. Todo el material se entrega sin condiciones y de forma gratuita; 2) una mesa de análisis, en donde se recibe a las personas usuarias que buscan información sobre la sustancia que están por consumir y se analiza químicamente su muestra para determinar la sustancia preponderante. Se les explica el procedimiento de análisis de la sustancia y las formas de uso. La sustancia es analizada frente a la persona usuaria y los resultados son explicados a detalle. En caso de que el resultado sea negativo, es decir, que la sustancia no sea la esperada o deseada, la persona usuaria tiene la opción de desechar la sustancia evitando correr riesgos innecesarios. Sea positivo o negativo el resultado, al finalizar el análisis se ofrece a la persona usuaria información sobre sustancias psicoactivas y las diferencias en cuanto a efectos, así como riesgos y daños asociados a cada una. En esta mesa se realiza el análisis colorimétrico, el cual consiste en la aplicación de tres reactivos (mandelin, mecke y marquis) que cambian de color al entrar en contacto con la sustancia. El resultado es cualitativo y ayuda a determinar presencia o ausencia de sustancias psicoactivas en función de la cadena de reacciones que haya resultado; y 3) un análisis de cocaína con una prueba semicuantitativa que determina si hay cocaína en la muestra; si la hay entonces la capa inferior de cloroformo se volverá de un color azul intenso. Asimismo, se hace un análisis en laboratorio llamado cromatografía en capa fina, una técnica cualitativa que ayuda a determinar exactamente qué sustancias contiene la muestra analizada, los compuestos derivados, diluyentes y adulterantes, lo cual permite apreciar la gama de sustancias de las que está compuesta la muestra; y 4) una “zona de aterrizaje”, esto es, un espacio que cuenta con lugares cómodos para recostarse, esencias frutales, agua, comida y algunos instrumentos musicales. Aquí se reciben a personas que tienen comportamientos que pongan en peligro a las y los asistentes o que tengan algún “mal viaje”.
El Programa de análisis de sustancias lo conforma un grupo de expertos de tres organizaciones civiles: Colectivo por una política integral hacia las drogas, Reverdeser colectivo y Espolea. Son organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el marco de un convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones con el fin de implementar una estrategia de reducción de riesgos y daños dirigida a personas usuarias de sustancias psicoactivas con una perspectiva de derechos humanos, basada en información científica y objetiva que ayude a empoderarlos para la toma de decisiones.
A lo largo de dos años y medio de trabajo se ha hecho incidencia en diez festivales de música en la ciudad de México y zonas conurbadas, impactando aproximadamente 8 000 asistentes con panfletos de información, condones, frutas y agua en forma gratuita. El promedio de edad de los usuarios del servicio del Programa de análisis de sustancias es de 26.5 años, 70% son hombres y 30% mujeres. Se han realizado cientos de análisis colorimétricos, tanto en laboratorio como in situ en festivales de música, raves y eventos culturales que arrojan resultados alarmantes: se ha encontrado que entre 40 y 60% de las muestras analizadas están adulteradas, incluso se han encontrado muestras que no se logran identificar con la técnica de análisis con colorimétricos, por lo que podrían ser nuevas sustancias psicoactivas. Asimismo, en los resultados de análisis de cromatografía en capa fina hay porcentajes de adulteración de hasta 80% en las muestras analizadas.
El Programa de análisis de sustancias forma parte de una red internacional de reducción de riesgos y daños y ha presentado sus resultados por dos años consecutivos en el Congreso Historia y Práctica de las Drogas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (20142015), en la Reform Conference organizada por Drug Policy Alliance (2015), en el Diplomado de Política de Drogas Salud y Derechos Humanos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (2016), y en la Universidad de Harvard, en la carrera de salud pública (2016).
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Referencias Bibliográficas
Carrascoza, César A. (coord.). 2013. Aspectos culturales, sociales y preventivos de las adicciones en México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México. Hawks, David, Katie Scott y Myanda McBride. 2002. Prevention of Psychoactive Substance Use: a Selected Review of What Works in the Area of Prevention. World Health Organization, Ginebra. Montané, E., M. Duran y A. Figueras. 2005. “Scientific drug information in newspapers: sensationalism and low quality. The example of therapeutic use of cannabinoids”, en Eur J Clin Pharmacol, vol. 61, núm. 5-6, pp. 475-477. Nutt, David, et al. 2007. “Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse”, en The Lancet, vol. 369, núm. 9566, pp. 1047-1053. _____, et al. 2010. “Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis”, en The Lancet, vol. 376, núm. 9752, pp. 1558-1565. Tatarsky, Andrew. 2002. Psicoterapia de reducción de daños. Un nuevo tratamiento para problemas de drogas y alcohol. Janson Aroson Inc., California. En la red
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| Fany Pineda Miranda Facultad de Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México. Fany Pineda Miranda es licenciada en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, con especialidad en neurociencias. Cuenta con experiencia en el manejo de talleres psicoeducativos para grupos de adolescentes, padres de familia, maestros, consumidores de sustancias psicoactivas, familiares de consumidores y personas que viven en situaciones extremas que tienen la finalidad de enfrentar la problemática, la prevención en el uso de sustancias psicoactivas y desestigmatización de personas usuarias para lograr una mejor reinserción social. También es coordinadora de el área de recepción de muestras y entrega de resultados en el Programa Análisis de Sustancias. |
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cómo citar este artículo →
Pineda Miranda, Fany. 2017. Programa de análisis de sustancias, una estrategia innovadora de reducción de riesgo y daño en el consumo de drogas. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 68-73. [En línea].
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| de la frontera |
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Rumbo al Triángulo Esmeralda con mochila
al hombro los trimmers |
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Paola Villaseñor del Río y Frida García Celis
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Hay muchas historias que vinculan diversos
pueblos con la substancia psicoactiva que puede encontrarse en mayor o menor proporción en las diferentes especies de marihuana. Existe evidencia de su uso desde épocas remotas en rituales religiosos, con fines curativos y lúdicos. Sin embargo, la aceptación de su consumo ha pasado por momentos de marcada censura y tensión, generando diferentes reacciones en la sociedad; por ejemplo, en la década de los treintas del siglo pasado se generó una controversia en Estados Unidos sobre sus propiedades curativas y los efectos colaterales que podría traer consumirla durante largos periodos. Harry Anslinger, primer jefe de control de drogas de Estados Unidos, manejó en su retórica que la marihuana, lejos de ser una ayuda, era un verdadero peligro. Mediante estrategias de desprestigio comenzó una campaña de estigmatización cuyo objetivo fue generar miedo y aversión en la sociedad estadounidense sobre cualquier forma de uso, lúdico o curativo, de la marihuana. En dicha campaña se asociaba el consumo de la hierba a procesos de locura, delincuencia y violencia entre sectores de la población, sobre todo de emigrantes trabajadores latinos (un ejemplo de ello es la cinta Reefer Madness estrenada en 1936). Finalmente, en el año de 1937 se convirtió en una de las drogas más controladas por el gobierno estadounidense y fue clasificada como altamente adictiva: la marihuana era ilegal y muy peligrosa.
Desde principios de los años setentas del siglo pasado se vio favorecido el uso terapéutico de esta planta, y los prejuicios han ido diluyéndose en las últimas décadas en algunos grupos de la población y vuelven a surgir interrogantes sobre la utilidad de la marihuana como tratamiento medicinal. Una nueva ola de estudios se concentra en su efecto para tratar enfermedades crónicas y padecimientos neurológicos, colocándola nuevamente como una opción viable y necesaria para mejorar la calidad de vida de pacientes que han probado muchos otros tratamientos sin resultados. El largo proceso de estigmatización de la marihuana en Estados Unidos comienza a dar señales de tregua.
Actualmente hay diferentes grados de aceptación del consumo de marihuana y cada estado ha llevado procesos particulares para promover u obstaculizar su regulación. En la mayor parte del territorio estadounidense existe una aceptación importante para el consumo con fines medicinales, pues veinticinco estados han legalizado la marihuana para estos propósitos, California entre ellos. Únicamente en cuatro de esos estados es permitido su uso recreativo.
La legalización de Cannabis tiene muchos puntos de análisis, es un tema que sin duda alguna produce opiniones divididas. En buena medida, la forma de satanizar su uso en el pasado ha dejado secuelas en la sociedad que continúa resistiéndose a la debida regulación de su cultivo, pero el debate público avanza, al punto que en este 2016 los candidatos a la presidencia de Estados Unidos mostraron cierta apertura al tema, sobre todo respecto de su regulación y uso con fines medicinales.
El consumo en California
Después de veinte años de haberse aprobado el uso de la marihuana con fines curativos, California ha adoptado medidas que promueven su descriminalización, sin embargo, la legalidad de quienes la cultivan sigue siendo poco clara. En su estatus actual, les impide lucrar con lo que se cosecha y pone un límite al número de plantas que se puede cultivar, favoreciendo granjas clandestinas y sin regulación alguna.
A principios de noviembre de 2016 se votó la Propuesta 64 con la que se buscaba que el consumo recreativo de marihuana fuera legal. Con una nueva ley estatal, los negocios de marihuana podrán tener ganancias, asimismo se eliminarán los límites en el número de plantas que se pueden cultivar. También las personas mayores de veintiún años podrán poseer, usar y transportar hasta una onza (28.35 g) de marihuana para uso recreativo y cultivar hasta seis plantas de Cannabis para consumo propio.
Con dicha aprobación, también se esperan grandes beneficios económicos y laborales de acuerdo con la experiencia lograda en los estados donde con anterioridad se ha aprobado el consumo con fines lúdicos: Colorado, Washington, Alaska y Oregón.
California ya tiene ingresos importantes por la industria de la marihuana; según un artículo del New York Times, los beneficios económicos obtenidos en 2015 fueron de aproximadamente 2 700 millones de dólares, lo cual representa casi la mitad de las ventas de marihuana en todo Estados Unidos. En caso de aprobarse la ley, en todos los estados de la costa oeste se permitirá el consumo recreativo de marihuana, lo que generará dinámicas particulares en la región convirtiéndola en un fuerte atractivo turístico y de inversión.
El Triángulo Esmeralda
Se conoce con el nombre de Triángulo Esmeralda a la zona, en el norte de California, integrada por los condados de Mendocino,Humboldt y Trinidad.Se caracteriza por tener un clima y una geografía idóneos para el cultivo de marihuana por lo que, desde hace varios años, éste se ha convertido en una de las actividades económicas más importantes, desplazando a la tradicional producción de vinos.
California se ha convertido así en atractivo centro para agricultores, tanto para compañías como CalCann Holdings, que planea construir un invernadero equipado con alta tecnología para producir 3.6 toneladas de marihuana al año en cinco cosechas anuales; como para productores locales, quienes tienen oportunidad de que su modo de vida entre en el terreno de la legalidad, con las implicaciones fiscales y de pago de impuestos que esto significa.
Asimismo, los gobiernos encuentran un atractivo en los ingresos provenientes de los agricultores, que en algunos casos se elevan a diez millones de dólares, y en las oportunidades de empleo que generan. Las regiones donde se concentra una parte importante de los agricultores están en la Costa Norte, en los condados de Humboldt y Mendocino, lugares que son conocidos por tener plantas de calidad y cuyos gobiernos buscan tener denominaciones de origen.
Durante el otoño, en el norte de California las oportunidades de trabajo son abundantes, dichas ofertas son para levantar la cosecha en las plantaciones de marihuana, y prometen dinero rápido, pues la paga va de 160 a 200 dólares por libra cosechada, condición que resulta atractiva principalmente para adultos jóvenes, llamados trimmers. En este grupo de personas se encuentran viajeros, estudiantes y la misma población de la región.
Trimmigration
De agosto a diciembre es cuando la hierba debe ser recortada y empaquetada y se necesita más mano de obra. El Triángulo Esmeralda se convierte en el destino de muchos viajeros que, con mochila al hombro, llegan a trabajar durante esos meses en la pizca de marihuana.
Aunque la temporada empieza desde finales de julio y principios de agosto, los meses de mayor demanda son de septiembre a noviembre.
Las características del trabajo llaman a la aventura y el perfil de quienes acuden es variado: están los locales, que encuentran una opción de empleo temporal y segura que no requiere una inversión fuerte; los homeless, que cada vez representan un grupo más nutrido, trasladándose desde lugares cada vez más lejanos; y los viajeros, que desde muchas partes del mundo llegan a lo que parece ser la mejor opción de trabajo temporal y bien remunerado.
La mayoría de los viajeros llegan al país con visa de turista, por lo que existe un primer filtro, que es tener los documentos migratorios en regla. Generalmente, estos posibles trabajadores son jóvenes que han terminado la licenciatura e incluso el posgrado y tienen posibilidades de pagar un vuelo y financiar su estancia mientras encuentran trabajo —situación que en ocasiones no es tan sencilla como parece.
Para poder conseguir empleo en la pizca de marihuana hay que irse con un par de semanas de antelación y mucha calma, pues es un proceso de búsqueda. También se tiene cierta ventaja si se cuenta con una red a la cual contactar para conseguir el empleo, pues se sabe de casos en que el cultivador no paga o las labores se desarrollan en condiciones arriesgadas y paupérrimas.
Los aventureros que llegan sin contacto alguno suelen pararse en las carreteras de la región con pancartas donde dibujan unas tijeras, código que los granjeros reconocen, y es por esta razón que a los trabajadores se les llama trimmers (podadores).
Sin embargo, el atractivo del “dinero fácil” implica arduas jornadas que son de hasta quince horas diarias y generalmente en condiciones poco claras. No existe un contrato de trabajo, algunas veces el pago es diario, otras veces por semana y en otras tantas suele no llegar; incluso hay empleadores que acostumbran llamar a las autoridades migratorias los días de pago para abstenerse de realizarlo.
El trabajo es a destajo, se cobra tato como se logre producir. Se acuerda un precio por libra y las ganancias dependerán del precio acordado, de lo rápido que sea el trabajador y de lo meticuloso que sea el empleador al revisar.
Las y los jóvenes mexicanos han encontrado en esta modalidad de empleo una válvula de escape para el actual desempleo y, aunque resulta caro, migran del centro y sur de la República hacia el norte esperando recuperar la inversión. Las personas que viven en la franja fronteriza siempre tendrán un poco de más ventaja, pues son ellas quienes regularmente cuentan con visa turística y les es más sencillo viajar al norte de California a la pizca de marihuana.
El negocio de la marihuana sigue siendo un terreno resbaladizo, un sendero a medio construir por el que muchos han decidido emprender su viaje. Con tantos detractores como partidarios, su completa legalización y regulación a nivel comercial es un objetivo que cada vez parece estar más cerca. Actualmente, no obstante, formar parte de este negocio es una opción de vida que, si bien incierta, ofrece un suculento premio a los que no tienen miedo a arriesgar, a aquellos que deciden abrir esa puerta —tan peligrosa como tentadora— para tomar por la fuerza lo que un sistema corrupto y decadente les prometió.
Y aquí estamos, con la generación más preparada, la más académica, el orgullo de papá y mamá convertidos en mano de obra ilegal, en una suerte de temporaleros, en trimmers.
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| Paola Villaseñor del Río y Frida García Celis El Colegio de la Frontera Norte. |
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Villaseñor del Río, Paola y Frida García Celis. 2017. Rumbo al Triángulo Esmeralda con mochila al hombro: los trimmers. Ciencias, núm. 122-123, octubre 2016-marzo, pp. 64-67. [En línea].
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